Tres mil 900 familias deberán ser reubicadas, una vez que sean expulsadas del terreno de 217 hectáreas que ocuparon ilegalmente en el cerro La Virgen de San Antonio, región de Valparaíso.
La acción deberá llevarse a cabo en coordinación con los ministerios del Interior, Vivienda, Bienes Nacionales y Desarrollo Social, cuyo objetivo es alojar a esas familias en “un recinto que reúna las condiciones adecuadas” para estas familias.
Según publica hoy El Mercurio, la cifra de ocupantes fue arrojada por un catastro realizado por Vivienda. Además, existe un fallo de la Corte Suprema dictado el viernes pasado que obliga a disponer de un lugar transitorio para acogerlos, entregando un plazo de seis meses para devolver la propiedad usurpada a sus dueños.
Respecto al fallo y como una forma de protesta ante la falta de respuestas de la autoridad, un grupo de pobladores bloqueó con barricadas los accesos al puerto de San Antonio durante la mañana de ayer.
“No queremos que nos saquen del Cerro Centinela, ni que nos trasladen, porque están entregando departamentos muy chicos, donde tú tienes que ver si pones una cama o un mueble. Nadie en el cerro desea esto. Queremos nuestros terrenos, donde estamos luchando, y la radicación”, reclamó la dirigente de la organización Nuevos Aires de San Antonio, Jessica Ávila.
También El Mercurio señala que ayer el director regional del Serviu, Rodrigo Uribe, reabrió la posibilidad de compra del predio, pese a que en una primera instancia el titular de Vivienda, Carlos Montes, se negaba a adquirir el terreno “bajo presión”.
“Queremos profundizar (el catastro) con un estudio socio-territorial que evalúe las características del territorio. A partir de ahí, una tasación comercial dará el valor final del predio. Esto complementará el expediente que tienen ingresados los propietarios y que está en evaluación por parte de nuestros profesionales”, dijo Uribe.
En este sentido, los dueños piden por el terreno UF 1.501.046, equivalente a US$ 56,7 millones.
