“Es difícil hablar de reparación cuando se ha perdido un ojo y no hay una manera de devolverlo”, dijo Patricio Bustamante, tecnólogo médico de la Universidad de Chile.  De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), fueron alrededor de 460 los casos de víctimas de trauma ocular que se registraron en nuestro país en el contexto del estallido social.

A fines del 2019 e inicios del 2020, la problemática obligó al Gobierno de Sebastián Piñera a crear el Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO) en el Hospital del Salvador, instancia en que académicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, jugaron un rol clave. 

En días en que los recursos humanos escaseaban y los casos no dejaban de aparecer, los profesionales crearon un “Índice de Impacto Visual Funcional”: una herramientas que les ayudó a determinar a qué pacientes a priorizar y que considera tanto las afectaciones físicas, como las consecuencias de la lesión ocular en la vida cotidiana de las personas afectadas.

De esta manera, los docentes pudieron cuantificar, en una escala de 0 a 100, los graves daños sobre cientos de manifestantes que fueron agredidos por agentes del Estado. Hoy, están dando a conocer esos resultados en un estudio publicado por la revista Internacional Ophthalmology.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el director del Departamento de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina de nuestra casa de estudios, Patricio Bustamante, aseguró que de los 85 casos que sirvieron de muestra para la investigación, “más del 50% tuvieron problemas para volver a estudiar o trabajar a raíz de la pérdida visual” y que “un 80% quedaron con un ojo ciego”.

Sumado a ello, “cuatro personas además son del programa PRAIS y por lo tanto, hay una repetición de la violación de derechos humanos en sus generaciones familiares. Fueron familias que también sufrieron vulneraciones durante la dictadura cívico-militar y que hoy en sus cuerpos se repite nuevamente”, explicó.

“También, tenemos dos casos con gran impacto funcional, pérdida de visión a través de golpes puño, pero, en su mayoría, las personas recibieron perdigones. La Universidad de Chile también realizó un estudio respecto a la composición de las balas y las implicancias que eso tiene en los cuerpos de las personas”, recordó.

Por su parte, el también académico de la Casa de Bello e integrante del equipo médico del Hospital del Salvador, Miguel Ángel Campos, resaltó los efectos que el trauma ocular generó en la vida laboral y recreativa de las personas.

“Gran parte de nuestra muestra, de los pacientes que ingresaron al programa de rehabilitación, presentan extremas dificultades en la realización de actividades productivas, ya sea esta educacional u ocupacional. Labores o estudio. Pero por otro lado también hay extremas dificultades en la realización de hobbies y pasatiempos. Muchos podrían pensar que eso es un gran porcentaje de nuestras vidas, son gran parte de las dimensiones del ser humano”, reflexionó el tecnólogo especializado en oftalmología.

La construcción del Índice de Impacto Visual Funcional

Consultados respecto a la manera en que lograron constatar los daños de las víctimas de violencia estatal, los académicos detallaron que el “Índice de Impacto Visual Funcional” se construyó a partir de dos evaluaciones aplicadas a los pacientes del programa de reparación.

“Por un lado, algunas preguntas de un cuestionario validado que teníamos, que es el VFQ25, que mide la calidad de la función visual y por otro, una evaluación funcional que tiene que ver con el ámbito de la terapia ocupacional”, dijo Bustamante.

La idea es “demostrar el daño que ocurrió a nivel ocular, por la pérdida visual y además, la pérdida de las funciones propias del ser humano en ese momento”, indicó Campos.

“Esas dos cosas las unimos en este índice que se llama Impacto Visual Funcional, que es para demostrar que existen otros niveles de daño en las personas que han perdido la visión o el globo ocular”, añadió.

En definitiva, se trata de un indicador que va más allá de los efectos físicos.

“Este índice es aparte del daño visual en sí. Son dos cosas distintas. Que una persona tenga un impacto visual funcional moderado no quiere decir que también sea un daño ocular moderado. Nosotros estamos midiendo otra cosa. El daño visual ya está en otros estudios donde sale la agudeza visual que perdieron, las cirugías, el daño en la órbita, las estructuras que perdieron de la cara, eso es otra cosa. El impacto visual funcional está asociado a la funcionalidad de la persona y es otra forma de medir”, insistió Campos.

Las propuestas: un programa de rehabilitación y la revisión de protocolos policiales

El estudio liderado por los académicos de la Universidad de Chile tiene dos principales conclusiones. Por una parte, apunta a la necesidad de contar con un programa de rehabilitación específico para víctimas de trauma ocular (actualmente, el programa estatal disponible es el plan PACTO) y por otra, a que se revisen los mecanismos de control de multitudes utilizados por las policías.

“No es cualquier persona que perdió un globo por un accidente común y corriente o por una enfermedad, estamos hablando de personas que perdieron el globo ocular en base a una herramienta que fue utilizada por el Estado para reprimir las protestas y que fue utilizada de forma indiscriminada, fuera de protocolo”, señaló Miguel Ángel Campos.

“Estamos hablando de un error que hizo el Estado con las personas y de cómo nosotros logramos mostrar esto en función de un estudio científico, para que se tomen las medidas correspondientes con respecto al uso de los perdigones y de las armas cinéticas para el control poblacional. Yo creo que esa es nuestra idea y foco, independiente de poder mostrar los otros datos duros”, agregó.

Bustamante, en tanto, mencionó el cambio que debe producirse en materia de formación policial, además de “la deuda en términos de justicia y reparación con las personas”.

“Es difícil hablar de reparación cuando se ha mutilado un rostro, cuando se ha perdido un ojo, no hay una manera de devolverlo, pero al menos deben haber avances para las personas en el ámbito de la justicia y la reparación”, concluyó el académico.