Parlamentarios de la UDI presentaron un proyecto de amnistía general para funcionarios de las Fuerzas de Orden y Seguridad procesados y/o formalizados por hechos ocurridos en contexto de estallido social, entre el 07 de octubre del 2019 y el 09 de diciembre del 2020. Esto, con el objeto de “cerrar la crisis institucional” y “equiparar gestos”.

Cabe destacar que los autores de la iniciativa aseguraron que, de prosperar el proyecto, podría beneficiar incluso al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

Para la senadora Luz Ebensperger el respaldo del Presidente Gabriel Boric a las instituciones policiales y de Fuerzas Armadas “solo se ha quedado en palabras, no han llevado ninguna acción que se convierta o haga carne ese apoyo ofrecido”.

“Muchos de aquellos que originaron los hechos de violencia han tenido compensaciones. Nosotros creemos que en justicia corresponde que los miembros de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad tengan ese mismo trato”, planteó.

El diputado Jorge Alessandri, argumentó que “las amnistías sirven para recomponer a los países, países que están quebrados desde dentro. Se empiezan a perdonar a sí mismos y empiezan a cambiar juntos de nuevo”.

“¿Qué ha pasado en nuestro país? Hubo una gran convulsión y violencia en contexto del estallido social. Unos recibieron la bendición y el beneplácito del Poder Ejecutivo, otros están cumpliendo condena”, afirmó.

Mientras, el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, quién es parte del ideario del proyecto, indico que “la corrección política y el discurso totalitario de la izquierda criminalizó a Carabineros y a las Fuerzas Armadas, y muchos -incluido yo- guardamos silencio por mucho tiempo, por temor a ser confundidos por defensores de la dictadura, que yo jamás he defendido. Estamos defendiendo lo justo, los Carabineros son servidores públicos, mal pagados, que arriesgan su vida todos los días y que hoy día además están encarcelados”, añadió.

“El Presidente de la República ha cambiado muchas veces de opinión, nos tiene acostumbrados a sus grandes cambios. Algunos dicen que es oportunismo, otros dicen que es realismo, pero si las lágrimas del Presidente en los funerales con las viudas, los abrazos con los huérfanos, son sensatos, genuinos y honestos, tiene que ir acompañados de hechos más que de palabras“, emplazó.

Una clara ofensa a las víctimas del estallido social

Para el oficialismo, el proyecto no tiene piso y significa una clara ofensa para las víctimas en contexto del estallido social. La diputada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, sostuvo que “el compromiso de la derecha para con quienes cometen violaciones de derechos humanos es realmente abrumador”.

“No solo justifican lo que ocurrió en la dictadura civil-militar, donde fueron parte de ese régimen autoritario y genocida, sino que ahora buscan la impunidad para quienes les arrancaron ojos a jóvenes, torturaron e, incluso, asesinaron”, dijo.

La histórica dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos añadió que “esa escala de valores es muy peligrosa para la democracia, esa actitud arrogante y que desprecia la vida dificulta construir un país verdaderamente democrático”.

En ese tenor, la parlamentaria comunista manifestó que -a su juicio- lejos de otorgar impunidad a quienes la justicia ha declarado culpables, se debe encarcelar a los responsables para que se garantice la no repetición de los delitos.

Su par, la diputada Daniela Serrano (PC) dijo que la UDI “fieles a su legado dictatorial vuelven a repetir la historia, perpetuando un manto de impunidad para quienes violan derechos humanos”.

“Dicen que esto ‘cerraría un capítulo’ y nos ‘reencontrará’ como chilenos, pero esto no es más que un nuevo ejemplo de populismo penal en año electoral. Y con la facilidad que declaran de que Chile está en guerra”, agregó.

Por su parte, el diputado independiente-PPD y miembro de la Comisión de Seguridad, Jaime Araya, emplazó al gremialismo señalando que “si la UDI está dispuesta a amnistiar a Carabineros y a los delincuentes del estallido social, no tengo problema, pero esto de hacer un traje a la medida para un grupo específico de personas, me parece que no corresponde”.

“No corresponde porque nosotros tenemos un Estado de Derecho que funciona. Tenemos un sistema judicial que estuvo en régimen durante el estallido social. Nosotros tuvimos una Fiscalía que estuvo en régimen, la Defensoría Penal Pública en régimen, por lo tanto, se dio en plena garantía a todos quienes hoy dia están condenados de que se dio un juicio justo”, destacó.

Asimismo, Araya subrayó que la iniciativa del partido de derecha “dista mucho de aquellas otras situaciones de la historia donde algunos quisieron pasar por amnistía a lo que fueron derechos atroces, donde francamente no hubo derechos de juzgamiento”.