El escenario actual en Chile con la llamada “crisis de seguridad” ha dado lugar a una narrativa proveniente desde algunos sectores, según la cual existiría una supuesta pugna con el resguardo de los derechos humanos. El discurso ha seguido la tendencia a la limitación de los derechos básicos con tal de aumentar la seguridad, aunque diversos especialistas lo señalan como una “falsa contradicción”.

De acuerdo con la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas, tal contradicción “no existe”. “En general, la violencia, sea ésta por el narcotráfico o sea por crimen organizado, o cualquier otro, afecta de manera sustantiva a la población y de hecho al ejercicio de sus derechos fundamentales”, partió reflexionando en torno a la discusión en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile.

Uno de los principales problemas en la sociedad actual tiene relación con el desconocimiento o minimización de los Derechos Humanos, sobre todo en la lucha contra la criminalidad. “Hay un clima político, hay un clima cultural-social, que ha devenido precisamente en desconocer la importancia de la protección de los derechos humanos”, sostuvo al respecto Casas. “En muchos países aparece como la respuesta fácil, la respuesta autoritaria para combatir el crimen (desconocer los DD.HH.) y la gente pareciera decir ‘bueno, estoy dispuesta a entregar todo para proteger mis propios derechos’”, complementó sobre dicha realidad.

La académica profundizó respecto a la relevancia y conexión entre los derechos humanos y la seguridad, y planteó que “en el ámbito del control público, por ejemplo, uno lo que ve es que en aquellas comunidades donde hay problemas de violencia bastante más estructurales, no tienen un acceso rápido a los servicios de salud, no hay acceso a las escuelas porque las queman, y eso da cuenta de un problema que aqueja a la ciudadanía”.

“Lo mismo sucede en zonas urbanas del centro del país o del norte, donde la población no vive con tranquilidad por la existencia precisamente de situaciones de derechos humanos”, prosiguió Lidia Casas. En esa línea, expresó parte de las iniciativas que han planteado como centro de estudios para el debate.

“La existencia de un sistema de control de crímenes organizados, sistemas de inteligencia que vayan de la mano con las reglas del uso de la fuerza. Porque esto es lo más importante: no es que uno se desentiende de los derechos humanos, muy por el contrario, la necesidad de asegurar condiciones de seguridad para la población, aseguran también el ejercicio de derechos”, enfatizó la licenciada en ciencias jurídicas.

Lidia Casas también atribuyó esta “disyuntiva” en torno a la protección de los derechos humanos con la proliferación de otros factores. “Hoy día también están en tensión, por ejemplo, con el tema migratorio y un discurso xenófobo”, comentó, agregando que esa tensión también se ve afectada por otras propuestas surgidas en el último tiempo.

“La implementación nuevamente de la pena de muerte van hacia esa tensión. Es decir, yo coarto libertades, yo coarto derechos, yo voy a tener una mejor situación. Y no advierten que sea una situación mucho más compleja. Es ahí donde el Estado tiene que asegurar que sus políticas también sean unas políticas respetuosas, pero además eficaces”, señaló Casas.

Contexto Estallido Social vs contexto crisis de seguridad

Contrapuestas dos realidades distintas que ha vivido el país en los últimos años, Lidia Casas llamó a “distinguir” la diferencia entre lo ocurrido con las policías en el Estallido Social y actualmente en el escenario de seguridad en el país. Esto a raíz de proyectos presentados por la derecha de amnistía para uniformados condenados o formalizados por violación a los derechos humanos tras el 18 de octubre de 2019.

“Es una utilización absolutamente política para plantear esta idea de protección y seguridad. Dos cosas que son muy distintas: los regímenes sobre una política de que hubo violaciones a los Derechos Humanos durante el Estallido Social, y luego un contexto político de inseguridad que tiene que ver con crimen”, aclaró en primer lugar la académica. “Aquí no se pueden confundir las cosas”, agregó.

Casas fue contundente al indicar que: “Uno tiene que claramente distinguir las situaciones acaecidas durante el estallido social y la no impunidad respecto de violaciones que pudieran haber sido gravísimas. No puede equipararse, cada uno de esos temas tiene que por carril separado”.

Capacitación a uniformados

Por lo anterior, uno de las principales banderas para enlazar el cuidado del orden público con el respeto a los derechos humanos tiene relación con la formación de las policías. Una mirada que compartió Lidia Casas.

“La capacitación a los miembros de las Fuerzas Armadas, la policía, es muy necesaria. Pero también la reestructuración de las policías. Esto se viene discutiendo hace varios años con distintas comisiones”, partió comentando en torno a la idea.