“Más que un penalista, era un operador del Poder Judicial”, fueron parte de las palabras con las que presentó el diputado Daniel Manouchehri (PS) las conclusiones de la Comisión Investigadora del llamado “caso Hermosilla” o “caso Audios”. En la instancia de la Cámara Baja, se entregaron además una serie de recomendaciones, entre las que mencionaron acciones que interpelan al Servicio de Impuestos Internos (SII) y al proceso de designación de jueces.

Entre los primeros puntos concluidos por la comisión, denunciaron “redes de corrupción y tráfico de influencia” que protagonizó el abogado Luis Hermosilla. Junto con ello, en su lectura, el diputado Manouchehri informó que la investigación arrojó que Hermosilla “ha incidido en el nombramiento de altos magistrados de la Corte Suprema y Corte de Apelaciones”.

“Esta comisión pudo llegar al convencimiento que son evidentes las faltas a la probidad del señor Hermosilla. Su actuar ha afectado la credibilidad de instituciones fundamentales para el país como la Policía de Investigaciones, los tribunales de justicia y el Servicio de Impuestos Internos”, expuso Manouchehri en la instancia.

Debido a esta influencia ejercida por el abogado Luis Hermosilla en el Poder Judicial, se “pone en riesgo la objetividad de los tribunales de justicia en causas donde participaba Hermosilla”.

En cuanto a las recomendaciones, por ejemplo, para el Servicio de Impuestos Internos, la comisión determinó como propuesta la modernización de los procedimientos y habilidades fiscalizadoras del SII, con la necesidad de una inversión dirigida al fortalecimiento de la Unidad Especializada en faltas y delitos de carácter tributario.

“Se debe regular de manera más estricta los procedimientos de fiscalización que desarrollan, especialmente cuando se involucran altas sumas de dinero”, leyó Manouchehri.

Una discusión que se tomó la sesión estuvo relacionado con la recomendación sobre la revisión del proceso de designación de jueces. De acuerdo con la comisión, el actual proceso tiene espacio para la arbitrariedad, lo que no asegura la independencia de los jueces y afecta la legitimidad del Poder Judicial.

La sugerencia al respecto fue la creación de un Consejo para la Magistratura, lo que permite separar lo jurisdiccional de lo administrativo y económico, liberando de estas tareas administrativas a la Corte Suprema, para “mejorar la eficacia del Poder Judicial” y “mejora también la independencia interna”.

El informe elaborado por la instancia contempla un total de 17 recomendaciones que apuntan, entre otros, a la necesidad de ampliar las facultades para la unidad de análisis financieros para obtener el levantamiento del secreto bancario y también a una reforma constitucional al Colegio de Abogados.

De manera unánime, el informe fue aprobado por la comisión, por lo que se remitirán estos antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.