Molestia causó la decisión del 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago de absolver al ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba y a su esposa, Anita Pinochet, del delito reiterado de lavado de activos.

Pese a que la determinación aún puede ser revertida y el Ministerio Público está pensando en pedir la nulidad del juicio, el hecho generó un manto de dudas sobre la labor realizada por la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Centro Norte. Esto último, porque durante la lectura del veredicto, los magistrados del tribunal señalaron tener “dudas sobre la solidez de la imputación fiscal y respecto de la rigurosidad, seriedad y confiabilidad del análisis patrimonial”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el abogado y ex presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, recordó que el fallo dado a conocer este lunes, “fue relativo a la arista lavado de activos de la investigaciones que tienen en contra del general Fuente-Alba”.

“El lavado de activos es la ocultación de recursos ilícitos que se hayan obtenido de alguna forma ilegal y estos de alguna forma se blanquean comprando bienes, combinándolos con recursos legítimos, etc. Eso ayer fue descartado por el tribunal y se señaló que los antecedentes e informes periciales que se habían presentado para esta investigación no habían dado cuenta de estos ilícitos, sino que más bien estaban hechos de forma muy deficiente”, indicó.

De esta manera, dijo Drago, aún queda pendiente un proceso paralelo en la justicia militar para acreditar que el general Fuente-Alba cometió el delito de malversación de fondos públicos, “pero veamos si tiene destino, porque está de alguna forma encadenado”.

“Si se hubiera probado que esos recursos se obtuvieron de forma ilícita, lo natural es que cualquier utilización de esos recursos hubiese sido o habría podido configurar lavado de activos. Entonces, yo en lo personal, no tengo ninguna certeza de que esa otra arista tenga algún resultado distinto al que sufrió la del lavado de activos. Las posibilidades de que también sea absuelto por esa otra arista son bien altas”, advirtió.

En cuanto al fallo del tribunal y a la crítica que el mismo Poder Judicial realizó sobre el trabajo de la PDI y el Ministerio Público, el ex presidente del CPLT aseguró que “la lógica del tribunal fue bien impecable al ir descartando y señalando las deficiencias  de los informes periciales”.

“Esto tiene que ir más allá de toda duda razonable, los informes periciales y las pruebas en general para condenar a una persona, por delitos tan graves como este tienen que ser irrefutables. Aquí había informes que hablaban de incrementos patrimoniales pero no consideraban los pasivos de esas personas y muchas cosas que se dijeron en su minuto, la cantidad de autos, la cantidad de inmuebles, en realidad en esos informes no quedaba totalmente claro que fuera así”, añadió.

En esa línea, Drago expresó que no tiene ningún motivo “para imaginar que es un fallo que adolece de algún vicio o que fue sesgado”.

“Creo que es un revés muy serio para el Ministerio Público, para la PDI y para la forma de investigar estas causas, además de un revés para los que creemos que la forma en que se utilizan los actos reservados y el sistema general de gastos reservados, debe ser actualizado más allá de la reforma del 2020, porque efectivamente se presta para desvíos de recursos estatales”, estimó.

Respecto a si el caso de Fuente-Alba pone de manifiesto un problema más grande al interior de las instituciones, el abogado afirmó que aunque no considera adecuado generalizar, “las autoridades del Ministerio Público no solo tienen que tomar nota de este fallo, sino que tomar medidas correctivas para que no vuelva a suceder algo así”.

“Me imagino que van haber cambios en el Ministerio Público a partir de esta situación, porque realmente es muy flagrante la derrota que sufrieron. Esto no fue una disputa jurídica, sino que fue sobre reproches y deficiencias en las investigación”, recalcó.

En tanto, Drago insistió en la necesidad de “actuar diferente en adelante, porque hay varias otras causas pendientes con cuestiones similares”.

“Sin ir más lejos, la causa del ex director de la PDI no es tan distinta, porque se habla de desvíos de fondos públicos que prevenían de gastos reservados y además han habido otras causas de gastos reservados que han pasado desapercibidas, pero fueron desechadas”, dijo.

Así, opinó que “el Ministerio Público tiene que aprender de este caso, tomar las lecciones y cambiar la forma de investigar y de presentar estas causas en el futuro”.