A dos días de la Cuenta Pública, distintas fuerzas políticas entregaron insumos para que sean incorporados en el discurso presidencial de este próximo 01 de junio. En la oposición instan a poner el foco en la migración irregular, mientras que en el oficialismo piden anuncios para los pueblos originarios.

Un documento con ocho propuestas presentaron en el Palacio de La Moneda, los diputados Andrés Longton (RN), Jorge Alessandri (UDI) y Andrés Jouannet (Amarillos) instando, prioritariamente, a tipificar como delito el ingreso clandestino al territorio nacional, pero también la contratación de migrantes irregulares.

También solicitan la creación de una policía especial de resguardo de fronteras, sancionar el tráfico de migrantes o trata de personas, practicar de manera efectiva la reconducción o devolución inmediata de personas con asistencia de efectivos militares, establecer cercos fronterizos para impedir el ingreso y extender las zanjas ya presentes, entre otras medidas.

De izquierda a derecha, los diputados Andrés Joaunnet (Amarillos), Andrés Longton (RN) y Jorge Alessandri (UDI).

El diputado Longton indicó tener el “legítimo temor” de que el Presidente no anuncie propuestas en la materia: “Creemos que la condescendencia, que el romanticismo y la simpatía con la inmigración ilegal por parte de este Gobierno le ha hecho mucho daño al país. Y que sino se avanza en estas medidas contundentes y firmes, que cuentan con la mayoría del Congreso Nacional, difícilmente vamos a avanzar para aminorar la inseguridad que está viviendo gran parte del país”.

En tanto, Andrés Joaunnet afirmó que “nuestra idea no es pautear al Presidente, basta de diagnósticos, después de más de dos años de Gobierno ya tenemos que empezar a ver resultados” y que “en esto el Gobierno no puede tener dos discursos: basta de la inmigración ilegal”.

Pueblos originarios

Un segundo paquete de propuestas fue presentado por la diputada socialista, Emilia Nuyado, junto a la bancada del partido y a parlamentarios de otras tiendas, solicitando poner foco en la restitución territorial para los pueblos originarios, ampliar el presupuesto destinado a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y a las carteras de Educación, Obras Públicas, Agricultura y Vivienda, pero también saldar la deuda en lo relativo al reconocimiento constitucional de los pueblos originarios.

Como un gesto importante califican la posibilidad de que el Mandatario “se pronuncie respecto a la implementación del Convenio 169 de la OIT en materias de participación, desarrollo, cultura y justicia en la próxima cuenta pública”.

“Queremos un anuncio concreto sobre la situación de las personas privadas de libertad indígenas, en especial para los mapuche que cada cierto tiempo ponen en riesgo su vida cuando hacen huelgas de hambre. Lo único que hacen es exigir respecto a los derechos consagrados en los tratados internacionales ratificados por el Estado chileno”, destacaron.

Parlamentarios del oficialismo piden anuncios para los pueblos originarios, al centro Emilia Nuyado (PS).

Si bien destacaron la creación de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que busca construir una solución a largo plazo al conflicto territorial en las Regiones del Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, la diputada Nuyado afirmó no se puede dejar todo en manos de esta instancia.

“En la Cuenta Pública lo que esperamos es que no seamos el punto final, generalmente hay dos o tres líneas para los pueblos originarios y esperamos que esta vez no estemos más allá del tercer o cuarto punto, porque es lamentable que cuando se está llegando al final de un discurso ni siquiera se alcanza a escuchar cuáles son las medidas para los pueblos originarios”, añadió.

Mientras, la diputada Ericka Ñanco (RD), sostuvo que “este Gobierno llego con la idea de iniciar un camino del diálogo y la paz para poder restructurar las confianzas que se habían roto de manera histórica entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche”.

Por ello, “ahora es cuando tenemos la oportunidad y posibilidad de llevar eso a cabo, de que el proceso constituyente fracasado no nos impulse a retroceder en materia de derechos indígenas, sino más bien a avanzar en los mismos y que no olvidemos que el Estado de Chile aún tiene una deuda con los pueblos originarios, especialmente, con el pueblo mapuche”.