“Hay un sesgo investigativo por parte de la Fiscalía”, afirmó el abogado del alcalde de Recoleta, Ramón Sepúlveda, en el segundo día de la formalización contra Daniel Jadue y otros siete imputados por los delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal dentro de la investigación por las operaciones de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

En esta instancia, el Ministerio Público continuó con su presentación del miércoles y expuso sobre los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos evidenciados en la indagatoria.

Así la fiscal especializada en delitos económicos, Giovanna Herrera, explicó los motivos para que se resuelva prisión preventiva para Daniel Jadue y Matías Muñoz.

Esto, pues a juicio del Ministerio Público los imputados constituyen un peligro para la sociedad en base a las penas de los ilícitos que habrían cometido y de los bienes jurídicos transgredidos que son: la fe pública, el patrimonio fiscal y la administración correcta.

“Se instaló una asociación con todo este patrimonio público que iba destinada al fracaso. Los imputados actuaron con total desprecio a sus deberes fiduciarios, que estaban obligados, la desnaturalizaron, se aprovecharon por motivaciones personales, ideológicas y electorales, vulnerando todos los estatutos y la ley. Además, el imputado Jadue realizó maniobras defraudatorias en su propio municipio, beneficiándose directamente y personalmente para inhibir el pago de acciones penales en su contra”, sostuvo la persecutora.

Por parte del Consejo de Defensa del Estado, el abogado Daniel Martorell inició su presentación señalando que “la corrupción no tiene colores políticos” y al igual que la Fiscalía argumentó sobre la necesidad de la medida cautelar más gravosa para los imputados.

“Es una causa en que uno observa una conducta reiterada, constante, manifiesta de las más altas autoridades comunales, como es el caso del imputado, el señor Jadue, en que claramente uno observa que el nivel de afectación de la probidad publica está justamente al máximo y, por lo tanto, la conclusión es que se generó una afectación tan importante de la probidad pública que el carácter de los delitos tiene que tener una manifestación en la valoración que se haga respecto de las cautelares personales“, añadió.

Martorell además destacó que se trato de una “afectación de los derechos de las personas en contextos de salud y de urgencia, como fue la epidemia mundial del Covid“.

Posteriormente, luego de las exposiciones de las partes querellantes, entre ellas, el abogado de Best Quality, Mario Vargas, y la ex jefa de la división jurídica del interior del gobierno de Sebastián Piñera, la abogada Ximena Risco, fue el turno de la defensa del alcalde de Recoleta. 

El abogado Ramón Sepúlveda durante casi tres horas hizo un análisis de gran parte de los delitos imputados, presentación que terminará mañana, y aseguró que ninguno de los ilícitos descritos se configuran en este caso por parte de su representado.

“Hemos expuesto de manera clara y con antecedentes de que no hay presupuestos materiales de que el alcalde de Recoleta haya cometido algún actuar malicioso destinado a perjudicar a la Municipalidad de Recoleta, ni a la Asociación de Farmacias Populares y acá estamos frente a una causa que tiene como realidad a una empresa que quiso lucrar excesivamente, en palabras de la fiscal, vendiendo mascarillas 10 veces más caras y creemos que esta causa no tiene el merito suficiente para decretar una prisión preventiva de una persona que se ha preocupado de la salud de los chilenos y de los vecinos”, declaró Sepúlveda tras este segundo día.

También, según el abogada del edil, hay un sesgo investigativo del Ministerio Público pues “cuando le crees a tres personas que están acostumbrada a hacer este tipo de cosas y que son empresas que no actúan conforme a la ley, efectivamente, hay un sesgo en cuanto a la mirada que tiene de los antecedentes“.

Este viernes será el tercer día de la audiencia de formalización en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, instancia en la que se espera se resuelva la aplicación de medidas cautelares por parte de la jueza Paulina Moya. Desde la defensa de Daniel Jadue solicitarán que no se apliquen cautelares o que éstas sean medidas de baja intensidad, mientras que las partes querellantes ya le pidieron al tribunal la prisión preventiva para el jefe comunal de Recoleta.