Refutando los argumentos del Ministerio Público y presentando nuevos antecedentes, con el objetivo de que no aplique la medida cautelar más gravosa a ninguno de los imputados, las defensas de Daniel Jadue, Eduardo Sendra y Matías Muñoz expusieron este viernes ante el Tercer Tribunal de Garantía de Santiago en una tercera jornada de formalización por la investigación sobre la administración de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

En esta instancia, el abogado del alcalde de Recoleta, Ramón Sepúlveda, terminó su presentación y volvió a reiterar que en el caso de su imputado no se configura ninguno de los delitos descritos por la Fiscalía.

“Si uno analiza la vida del alcalde de Recoleta, no tiene en 12 años de ejercicio como edil ninguna imputación realizada por el Ministerio Público, no hay ninguna causa donde efectivamente a él se le haya formalizado por alguna figura penal. Lo que sí hay, son muchas causas con sobreseimientos donde él ha tenido que enfrentar procesos injustificados y con intencionalidad política por otras personas que han presentado querellas, pero jamás había sido formalizado por una investigación“, sostuvo el jurista.

Respecto de la prisión preventiva, Sepulveda afirmó que “no hay antecedentes que permitan concluir que mi cliente es un peligro para la sociedad“. Además, explicó que “es relevante analizar la actitud procesal del imputado, pues ha colaborado en todos los actos de la investigación durante tres años”.

Asimismo, el abogado del edil emplazó a la Fiscalía y afirmó que “la persecución penal tiene que ser objetiva“. En la misma línea, señaló que el calculo de las penas por los presuntos delitos que habría cometido “no son los que el Ministerio Público ha señalado”.

Posteriormente, comenzó la larga defensa del imputado Matías Múñoz a través de los abogados Pablo Araya e Italo León, quienes se refirieron a los ilícitos que se le acusan al ex secretario de Archifarp: administración desleal, cohecho, fraude al fisco, delito concursal, malversación de caudales públicos y lavado de activos.

En su interlocución, el abogado Pablo Araya aseguró que pese a que la Fiscalía afirmó lo contrario, los tres días de formalización han tenido como argumento la responsabilidad política de Jadue y de Muñoz.

“Sin embargo, en la justificación de las medidas cautelares del Ministerio Público, del Consejo de Defensa del Estado y de los querellantes se han escuchado referencias claras que a lo menos harían presumir que hay algo político“, añadió.

Detallando que “se ha indicado que el señor Jadue arriesga no volver a ocupar cargos públicos, que esto fue por una campaña política presidencial, que fue porque ambos imputados se encontraban en campaña, que encubrieron delitos porque era candidato, que se encuentra el PC amenazando gente y que la gestión alcaldicia ha sido pésima”.

En tanto, sobre la necesidad de cautela, Italo León dijo que “independiente del cumulo de delitos, que la Fiscalía erróneamente ha imputado, no se dan los presupuestos para que él (Jadue) sea un peligro real para la sociedad“. Así, solicitó las precautorias de arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno.

Las réplicas de la Fiscalía y los querellantes

La fiscal Giovanna Herrera reiteró sus imputaciones, las que expuso largamente los dos primeros días de audiencia, reafirmó las penas asociadas a los delitos imputados y refutó los argumentos presentados por las defensas de Jadue y Muñoz.

“A lo mejor podrían haber errores, podrían ser ineficientes, negligentes en la cotización, en las compras, todo eso existe dentro de los servicios, pero aquí hay una maniobra para sacar este dinero, para cubrir las cuentas de la Achifarp. Esa es nuestra teoría del caso“, recalcó.

En ese sentido, la persecutora aclaró que “esto no es un prejuicio que tiene la Fiscalía, nuestra teoría del caso y lo que queremos presentar acusación y llevar a juicio es que se defraudó para dar liquidez, para evitar que se descubriera este fraude que se había cometido en las operaciones abusivas”.

A su vez, el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Daniel Martorell, indicó en su replica que fue la Municipalidad de Recoleta quien entregó más aportes a Achifarp, “lo que no fue casual”.

Así, arremetió contra la defensa de Jadue y Sendra: “No observé una argumentación válida que pueda destruir los antecedentes de la investigación, las argumentaciones de imputaciones que se hacen, serias, documentadas, relacionadas y todos los argumentos expuestos. Solamente una negación de los hechos”.

Por su parte, el abogado de Best Quality, Mario Vargas, afirmó  que “no hay documento que diga relación con dineros asociados a esta asociación de farmacias que no tuviesen el control de don Daniel Jadue. Y eso es así no por los dichos de la defensa, no por los dichos del Ministerio Público o de algún querellante, eso es el rastro que ha dejado en documentos, efectivamente, porque nunca se planteo la posibilidad siquiera de que alguien le cuestionara la administración, pero ese rastro no es eludible por el argumento de una defensa”.

“Todas y cada una de las acciones que realizó están documentadas“, refrendó.

Luego, presentaron sus replicas los abogados querellantes ciudadanos y posteriormente fue el turno de las defensas para que presentaran sus descargos. De esta forma, se espera que para el próximo lunes 03 de junio la jueza Paulina Moya resuelva las medidas cautelares que se le aplicaran a los tres imputados.