Durante los últimos días, la polémica ley de pesca -conocida también como “ley Longueira” por las presiones ejercidas por el ex ministro de Economía, Pablo Longueira– volvió a la palestra del debate político, esta vez, por los debates que actualmente se están llevando en la comisión de Pesca de la Cámara de Diputados en torno a una nueva legislación, y que tampoco han estado exentos de cuestionamientos.

Uno de los más abucheados fue revelado hace algunas semanas por Ciper, y que señaló que los parlamentarios de Chile Vamos Sergio Bobadilla (UDI), Christian Moreira (UDI) y Bernardo Berger (ind-RN) ingresaron 211 indicaciones al proyecto donde se repiten exactamente las mismas propuestas que la gremial empresarial Sonapesca realizó a la Cámara Baja a través de un informe técnico-jurídico.

Esta situación, además, obligó a posponer el debate ante las sospechas de que la influencia de la gran industria pesquera se hiciera nuevamente presente, tal como lo hizo en su momento ante la discusión de la actual ley que perjudicó al sector de la pesca artesanal.

“Hoy nosotros tenemos que estar muy atentos a eso”, señaló al respecto el presidente del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP), Hernán Cortés. “Afortunadamente esto salió a la luz tempranamente, lo que no va a impedir que sigamos debatiendo sobre el nuevo cuerpo legal”.

Sin embargo, hay otra situación que preocupa a los trabajadores, y que tiene que ver con la lentitud que ha tenido el proyecto para anular la actual legislación en la comisión de Constitución del Senado, donde se encuentra sin mayores avances desde el 2022.

Es en ese contexto que un grupo de dirigentes del gremio se acercó el pasado martes 02 de julio al Congreso para entregar una carta dirigida al senador socialista y presidente de dicha instancia Alfonso de Urresti. Allí, comentó Cortés, manifestaron la necesidad de que se le dé urgencia a esta instancia.

“Lo emplazamos a que de una vez por toda pongan en tabla el tema de la discusión de la nulidad. Y terminar con ese trámite constitucional ahí. Porque lo que sentimos es que ahí están ‘trancando la pelota’ para poder ganar tiempo y que la ley, este proyecto de nulidad, pase al olvido. Nosotros queremos que se decida, que se defina. Para bien o para mal, pero que se defina“, recalcó el gremialista.

Recuperar la confianza perdida

Bajo su punto de vista, lo sucedido con la condena recibida por los parlamentarios Jaime Orpis –sentenciado con cárcel por delitos de cohecho y malversación de fondos en el denominado caso Corpesca– y Marta Isasi -investigada en la misma causa- exige que el tema sea tratado con la mayor transparencia posible.

“Esa es una mancha grave que tiene el Senado hoy. La labor del Senado es transparentar, limpiar su imagen respecto de las legislaciones que ahí ocurren. Sino todo queda en manto de duda“, explicó Cortés.

Por eso, el presidente del CONDEPP está convencido de que, además de ser un trámite necesario por las condiciones abusivas que establece la ley, su nulidad representa una oportunidad para que los congresistas recuperen la confianza perdida.

“Yo creo que aquí los parlamentarios tienen la gran oportunidad de desembarcarse del dinero de la industria o de la posibilidad de que la gente crea que están vinculados con ella. Tienen que votar a conciencia, de cara al país. La discusión tiene que ser transparente, televisada, con todos los medios que podamos tener para que el ciudadano de a pie, la pesca artesanal y la pesca industrial sepan de qué estamos hablando, para qué y por qué”, indicó el dirigente.

Además, destacó que actualmente existen un número no menor de parlamentarios nuevos que no estuvieron activos el 2012, cuando se discutió la primera legislación. “Aunque sí hay un remanente de parlamentarios que permanecen desde esa época, que votaron a favor de la ley Longueira y actuaron en favor de la ley”, puntualizó.

“Aquellos que actuaron de mala forma, como el señor Bobadilla que apoyó la ley Longeira y que hoy está detrás de este copy paste, deberían al menos deshabilitarse de esta discusión, pues tienen demasiados intereses creados respecto al tema. No puede ser que tengamos a diputados trabajadores de la industria pesquera debatiendo sobre leyes que los van a afectar a ellos“, sumó Cortés.

Demandas legítimas

En cuanto a las características de la actual ley de pesca -que favoreció descaradamente a las grandes empresas de la industria pesquera, especialmente en los derechos de pesca-, el dirigente afirmó que, más allá de las desventajas con las que han debido cargar durante estos años, la mayor consecuencia de esta normativa es el contexto en que fue creada.

“La principal repercusión que tenemos con la ley Longueira es que estamos bajo el paraguas de una legislación corrupta. Y cuando estás bajo una legislación corrupta, no hay nada positivo dentro de ella porque su origen es corrupto”, afirmó,

“Y no lo digo solo yo. Lo dijo el tribunal al sancionar a los parlamentarios, la Cámara de Diputados al votar a favor del proyecto de nulidad, el Senado al votar a favor también. No entendemos cómo la comisión de Constitución pretende seguir manteniendo dormido este asunto cuando ya debieran decidirse por sí o por no y entregar una definición clara para ver qué pasos damos como pesca artesanal”.

En síntesis, el representante del gremio recapituló que las grandes demandas de los pescadores artesanales son la nulidad de la ley de pesca y un fraccionamiento en favor de la pesca artesanal. “Queremos sardina 100% artesanal, anchoveta 100% artesanal. En el jurel queremos el 50 y 50. Queremos una plataforma social adecuada para el sector y queremos, por sobre todas las cosas, que haya una ley transparente y de cara al país”.

“No como la que hoy tenemos vigente, que es una ley corrupta. Un traje a la medida hecho por los mismos sastres que hoy están tratando de defender esos intereses ganados de forma corrupta“, concluyó.