Queda poco menos de un mes para que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se enfrente el próximo 01 de octubre a su audiencia de formalización por una presunta responsabilidad de mando ante apremios ilegítimos ocurridos en el contexto del estallido social. 

Previo a dicha jornada, la Corte de Apelaciones rechazó un recurso de amparo presentado por la defensa de la máxima autoridad de Carabineros que buscaba evitar mantener la alerta fronteriza establecida por la fiscal Ximena Chong para notificar de sus movimientos migratorios. Esto, porque desde el tribunal se afirmó que no existe afectación alguna a la presunción de inocencia. Esta nueva accion se suma a una serie de recursos que han sido impulsados por la defensa de Yáñez luego que se conociera su formalización.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la abogada defensora de derechos humanos, Karinna Fernández, sostuvo que “llama la atención”, a la luz de las últimas reflexiones del Presidente de la República -que han sido avaladas por su gabinete respecto al caso de Luis Hermosilla-, que “no se haya dicho nada por parte del Gobierno respecto de una persona no solo poderosa, sino que una autoridad que ha eludido la acción de la justicia reiteradamente“.

Fernández hizo hincapié en que, desde el inicio de la investigación, han sido al menos ocho ocasiones en que el general director no ha concurrido a declarar y en una de ellas incluso guardó silencio “generando un fuerte obstáculo a la investigación, se negó a entregar colaboración ante la justicia, precisamente en el contexto que el fiscal nacional ordena esta solicitud de formalización y en una manera insólita el tribunal lo fijó para mayo (luego para octubre)”.

“Este es el tipo de obstáculos que hemos enfrentado ante la justicia cuando tratamos justamente de que poderosos y autoridades en el mando den cuenta ante las autoridades judiciales de delitos de especial magnitud”, añadió.

En esa línea, la abogada enfatizó en que “los discursos estatales sí tienen una injerencia muy fuerte en la justicia a diferencia de lo que señala el Presidente de la República porque, precisamente, es el ministro de Justicia el que designa a los jueces en nuestro país. Porque una cosa son la selección a la alta magistratura, pero los jueces y la Corte de Apelaciones las nombra el ministro de Justicia. Entonces, los discursos del Presidente no solo al mantener a Yáñez en el cargo, sino que adicionalmente al criticar tras la muerte de Piñera las querellas como ‘injustas’, después cuando fueron las muertes de los carabineros que precedieron a la decisión del tribunal de cambiar la audiencia de mayo a octubre, el Presidente varias veces señaló que nosotros atacábamos a carabineros y que había que terminar con los ataques a carabineros”.

“Esos discursos han sido muy agresivos, las víctimas se han sentido muy frustradas ante la acción de la justicia con esta política y estos discursos, pero adicionalmente yo quiero insistir en que no solamente estamos frente a una autoridad que está involucrada en estos delitos, que hoy día tiene el carácter imputado, sino que adicionalmente no colaboró con la justicia y esta citación fue en agosto de 2022, y cuando se citó a declarar a Yáñez por primera vez justamente la ministra Vallejo dijo que se iba a colaborar con la justicia y eso no ocurrió. Estamos frente a una situación de que ya no hubo colaboración de una alta autoridad de nuestro país que debería rendir cuentas ante la autoridad civil”, cuestionó.

Respecto de la eventual repercusión de la muerte de los tres carabineros en la provincia de Arauco en el aplazamiento de la formalización de Yáñez, Fernández apuntó a una “captura estatal, se trata cuando los Estados y los gobiernos terminan siendo capturados por aparatos de poder” porque “no tenía ningún sentido, en términos jurídicos y sale absolutamente del ruedo judicial, el hecho de que la audiencia se haya postergado, cuando además insisto habían sido ocho recursos los que habíamos ganado respecto de esta misma intencionalidad que tenía la defensa de Yáñez, Rozas y Olate”.

Sobre las imputaciones al general director de Carabineros, Fernández explicó que provienen a partir de dos mil denuncias ante fiscales regionales que muestran un “patrón criminal” por la cantidad y envergadura de los delitos, en torno al uso de municiones y normativa de derechos fundamentales, y que dicho patrón constata una “omisión” de mando porque “existe una obligación de quién tiene la autoridad de generar acciones concretas para que estos no continúen perpetrándose”.

Por últomo, a cinco años del aniversario del estallido social, la abogada sostuvo que “bastante doloroso” porque “uno se enfrenta a cuando el Estado perpetra estos delitos y creo que esta es la magnitud real de estos delitos. No solamente tienen que ver con grandes delitos que dolorosamente quedan en impunidad y que afectan la vida y la existencia de muchas personas para siempre”.

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