La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos contra Enel, luego de constatar una serie de incumplimientos normativos relacionados con la Ley de Pacientes Electrodependientes, tres de los cuales fallecieron en medio de los extensos cortes de suministro eléctrico que se produjeron a contar del 1 de agosto.
La investigación de la SEC reveló que la empresa eléctrica no entregó los equipos de respaldo requeridos a dos de los pacientes electrodependientes registrados, incumpliendo las obligaciones establecidas en la normativa vigente.
Además, según la SEC, los familiares de estos pacientes intentaron comunicarse con la empresa en múltiples ocasiones: 11 llamadas no fueron atendidas para uno de los casos y 3 no recibieron respuesta en el otro. Esta falta de atención contraviene la obligación de ofrecer canales de comunicación prioritarios para los usuarios en situación de vulnerabilidad, recalcó la superintendencia.
Asimismo, agregó la SEC, la empresa no adoptó medidas preventivas para mitigar los efectos de las interrupciones del suministro eléctrico, ni priorizó el restablecimiento del servicio para los pacientes electrodependientes, quienes estuvieron sin energía por hasta 59,5 horas.
Ahora, Enel tiene un plazo de 15 días hábiles para presentar sus descargos, en un proceso en que arriesga multas de hasta 10 mil Unidades Tributarias Anuales.
A todo lo anterior, la superintendenta de Electricidad, Marta Cabeza, añadió que los antecedentes también se entregaron al Ministerio Público, “por la gravedad de los hechos”.
“Esa investigación es una arista aparte al proceso administrativo que lleva la Superintendencia, que está esperando los descargos de la empresa para analizar cómo concluirá el proceso administrativo. El llamado es a las familias que tienen electrodependientes a registrarlo en las empresas distribuidoras y el llamado legal, enfático, con fuerza que hacemos a las empresas, es dar prioridad a la atención hacia sus electrodependientes”, dijo la autoridad.
Por otra parte, consultada respecto a la manera en que la Superintendencia se enteró de los hechos, Cabeza afirmó que el organismo usualmente “requiere a las empresas información respecto de si tuvieron electrodependientes fallecidos en el período”.
“Esto para hacer la investigación que se realiza cuando las empresas cargan las interrupciones en la Superintendencia y nosotros hacemos el cruce en la cantidad de horas en que las personas han estado interrumpidas”, precisó.
Cabeza además detalló que los fallecidos “estuvieron sin suministro 59,5 horas, 51 horas y 21,4 horas y son de la Región Metropolitana, de la empresa Enel, de las comunas de Ñuñoa, La Cisterna y Macul”.