La medida busca aliviar el bolsillo de las familias ante el complejo escenario económico, postergando el inicio del pago de la deuda por reliquidación tarifaria que originalmente partía en abril.
A casi un año del histórico apagón de 2025, el biministro Álvaro García valoró el fin de las investigaciones técnicas y destacó la construcción de la línea Kimal-Lo Aguirre como garantía de seguridad.
Consultados sobre el retraso, desde la SEC señalaron que hay que «analizar robusta información, tanto en calidad técnica como en cuantía». De acuerdo a la superintendenta, Marta Cabeza, el organismo va en el tercio final de la investigación.
El Gobierno propuso un cargo único de $1.450 adicionales al mes por 48 meses para los clientes con el fin de regularizar los cobros pendientes asociados al congelamiento de tarifas eléctricas aprobado en 2019.
Según los datos oficiales proporcionados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), el corte perjudicó a más 370 mil 999 usuarios en la Región Metropolitana.
Los artículos, entre los que se encuentran duchas eléctricas, hervidores y generadores eléctricos, no contaban con el Sello SEC. Es decir, no tenían una certificación de seguridad del organismo y representaban «un peligro real para los compradores».
Desde la SEC recalcaron que “la información que se solicitó es fundamental para instruir el pago de compensaciones económicas» por los cortes de energía eléctrica entre 2023 y 2024.
Las causas de la interrupción siguen siendo desconocidas. La Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) continúa monitoreando la situación y se espera que se brinden más detalles en las próximas horas.
La investigación que lleva adelante el organismo fiscalizador ha aportado nuevos antecedentes y con un número mayor de personas electrodependientes afectadas por los cortes de luz de agosto del año pasado.
La sanción se da luego que el organismo fiscalizador comprobara que la empresa incumplió cuatro ámbitos de la normativa eléctrica, en medio de los cortes de luz que afectaron a la Región Metropolitana en agosto del año pasado.
La empresa distribuidora también sufrió un revés judicial cuando la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó una orden de no innovar presentada por la empresa.
La empresa eléctrica no entregó los equipos de respaldo requeridos a dos de los pacientes, ni tampoco atendió los múltiples llamados de sus familiares a la compañía. Ahora, tiene un plazo de 15 días hábiles para presentar sus descargos.
La edil de Melipilla sostuvo que si CGE no se acoge al procedimiento voluntario colectivo procederán con la demanda para obtener compensaciones. «No podemos permitir que el sector privado siga jugando con el bienestar de las personas», afirmó.
La acción se tomó luego de que las compañías Coelcha, Frontel, CGE, Coopelan y Saesa, superaran los tiempos máximos de reposición. En tanto, en el caso de Codiner, ni siquiera se entregó información respecto a la cantidad de clientes sin luz.
Hernán Calderón enfatizó que en esta situación los consumidores «están absolutamente desprotegidos». Además, cuestionó a las compañías eléctricas por ser reacias a la hora de buscar acuerdos de compensaciones para sus clientes frente a estos eventos.
En un fallo unánime la Tercera Sala del Máximo Tribunal, integrada por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Ángela Vivanco y los abogados integrantes Jorge Lagos y Rafael Gómez, mantuvo la sentencia de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) que aplicó una multa de 1.500 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) a ese centro asistencial de Concepción.
Al revelarse las primeras conclusiones de la entidad, las empresas disponen de 15 días para presentar sus descargos. Posterior a ello, se realizará el proceso de análisis y evaluación que permitirá definir las sanciones y multas.
