El pasado 23 de septiembre, el diputado Eric Aedo (DC) presentó una acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, vinculándolo con el penalista Luis Hermosilla y el conocido “caso Audios”. Aedo lo acusa de “notable abandono de deberes”, entre otros cargos como “actos u omisiones que demuestran una intención torcida” y “omisiones no aceptables en el cumplimiento de los deberes públicos”. En respuesta, el abogado del ministro Matus, Luciano Foullioux, ingresó la defensa de su representado.

En su contestación, Foullioux enfatiza que, aunque Matus era conocido en el ámbito del derecho penal, “no tenía un trato personalizado ni directo” con Hermosilla, y se mostró sorprendido por la acusación en su contra. Foullioux califica la acción de Aedo como injusta, argumentando que no se menciona ningún acto concreto que sustente las graves acusaciones: “más allá de que ante tan graves calificaciones, NADA dicen, relatan, exponen… con dichas descalificaciones”.

El abogado también subraya que los acusadores han olvidado que una acusación constitucional es “un proceso constitucional de naturaleza jurídico-político” y que la presentada en contra de Matus no cumple con los requisitos establecidos por la Constitución. Enfatiza que no existe “un patrimonio de prelación política en su actuar por sobre lo jurídico”, lo cual debilita aún más la acusación.

A lo largo de su defensa, Foullioux sostiene que una acusación sin causa legal socava las bases del Estado de Derecho, y podría “llevar a la República al debilitamiento del orden democrático“. El escrito, que abarca 25 páginas, el que accedió La Tercera, expone además que cualquier infracción imputada a un funcionario debe haber ocurrido en el ejercicio de sus funciones, lo cual, según Foullioux, no es el caso en la acusación presentada por Aedo: “esto que parece básico y elemental… está completamente extraviado en el texto mismo de la AC”.

Finalmente, Foullioux advierte que de prosperar la acusación, se estaría cometiendo “una de las mayores ofensas” no solo hacia Matus y su familia, sino también hacia toda la comunidad jurídica. Además, señala que el texto de la acusación está “mal redactado,” carece de coherencia y está plagado de “elementos meramente valóricos”.