De las 3 mil 233 querellas presentadas por el Instituto de Derechos Humanos (INDH) por violaciones a los derechos fundamentales en el estallido social, sólo 42 han tenido sentencias condenatorias hasta julio de 2024.

A cinco años de las movilizaciones ciudadanas, el organismo también informó en su balance que el total de las acciones ingresadas corresponde a 3 mil 828 víctimas, de las cuales 2 mil 852 son hombres y 973 mujeres, mientras que mil 481 personas son de grupos de especial protección y, dentro de ellas, 603 son niños, niñas y adolescentes.

Además, el INDH registró 227 victimas que sufrieron trauma ocular, 3 mil 640 que vivieron algún tipo de lesión y siete personas fallecieron en este contexto.

Para la jefa del INDH de la Región Metropolitana, Beatriz Contreras Reyes, la falta de sentencias sobre estos casos es “preocupante” porque es una situación que se repite en todo Chile.

“Por ejemplo, en la Región Metropolitana de las mil 283 querellas ingresadas, contamos con 11 sentencias condenatorias. ¿De qué nos da cuneta esta situación? ¿Qué es lo que genera preocupación para el INDH? Es que estamos en una situación de impunidad. A cinco años de ocurridos los hechos no puede ser que la respuesta judicial sea la cifra que estamos conociendo el día de hoy”, enfatizó.

En ese sentido, la jefa regional hizo hincapié en que “ha quedado en evidencia que en materia de justicia estamos con una deuda importante y más bien en una situación de impunidad, que es del todo preocupante, porque tal como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también los relatores de Naciones Unidas de la relatoría que promueve la verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición, el riesgo que corremos con una situación de impunidad es que esta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos“.

INDH entrega balance a cinco años de crisis social: Sólo hay 42 sentencias condenatorias ejecutoriadas en casos de violaciones a los DD.HH. pic.twitter.com/RGRdk4pxEv

— INDH Chile (@inddhh) October 17, 2024

Asimismo, Beatriz Contreras destacó que desde el primer informe del INDH sobre los hechos ocurridos en la revuelta social, el instituto ha sido enfático recomendar al Estado que debe dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

“El Estado aún no cumple con su obligación de implementar un plan de reparaciones integrales, las medidas aisladas que se puedan haber tomado hasta hoy no sólo no son satisfactorias, sino que no responden al estándar internacional que se exigen para estos casos. Por lo tanto, a cinco años de ocurridos estos hechos, nuestro llamado es nuevamente a que el Estado cumpla con sus obligaciones en estos pilares que son del todo importantes para evitar la repetición de hechos tan graves como de los que estamos hablando en el futuro”, enfatizó.

En la misma línea, el jefe (s) de la Unidad de Protección de Derechos del organismo, David Bahamondes, recalcó que “preocupa que tan solo 42 causas presenten sentencias condenatorias firmes y ejecutoriadas (…) En un análisis general podríamos señalar que la impunidad ha sido la tónica de los resultados de la mayoría de los procesos seguidos ante la justicia“.

“Junto con la obligación de dar justicia y de dar verdad, persiste la obligación de reparar el daño sufrido a las víctimas. El acceso a la justicia es una obligación del Estado para con las víctimas, especialmente con aquellas que sufrieron daños físicos permanentes como las víctimas de trauma ocular de consecuencias irreversibles. A la inversa, la impunidad en numerosos casos de violaciones a los derechos humanos en el contexto de la crisis, es una mala señal para el país, porque solo a partir de la justicia, la verdad y la reparación, es posible propende a la no repetición de este tipo de hechos en el futuro”, subrayó.

Cabe señalar que respecto a los hechos de vulneración ocurridos en el estallido social, el balance del INDH consigna que 5 mil 581 fueron registrados, de ellos los más denunciados fueron 2 mil 95 agresiones físicas directas, mil 887 disparos y 386 desnudamientos. En tanto, estas situaciones se desarrollaron en su mayoría en espacios públicos, lugares de custodia y en vehículos de traslado.