La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó suspender el polémico dictamen de la contralora General de la República, Dorothy Pérez, que instruye a los funcionarios públicos recurrir a los tribunales por la “confianza legítima” y no a la Contraloría.

Según consigna La Tercera, se trata de una orden de no innovar concedida a solicitud de la Fundación Fuerza Ciudadana, que presentó un recurso de protección contra la medida de la contralora, que además subió el criterio de la “confianza legítima” de dos a cinco años.

Dicho criterio significa que el personal a contrata de la administración pública puede ser desvinculado en un plazo de cinco años sin que el Estado incurra en ilegalidad o arbitrariedad. Y en caso de conflicto, el afectado no puede pedir pronunciamiento de la Contraloría General de la República (CGR), sino que de los tribunales de justicia.

Así, en el recurso presentado, la fundación pidió decretar orden de no innovar contra el dictamen, mientras se resuelve el fondo, “en atención que el criterio aplicado afecta gravemente los derechos a recurrir de mis representados ante” la CGR.

De esta forma, los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvieron que, en el intertanto que revisan el fondo del recurso, la entidad comandada por Pérez deberá seguir revisando las reclamaciones que se presenten.

“Se concede la orden de no innovar solicitada, y en consecuencia, se suspenden los efectos de la abstención de pronunciamiento dispuesta en el Dictamen NºE561358, de 6 de noviembre de 2024, de la Contraloría General de la República, debiendo la mencionada entidad seguir resolviendo, como en derecho corresponda, los reclamos y solicitudes de pronunciamiento que se le presenten relativos a la materia a que se refiere el señalado dictamen”, se lee en el fallo.

Respecto de los efectos de la suspensión del dictamen, Cristóbal Osorio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, explicó al medio citado que: “Se debe ser cautos. Hay que esperar la reacción del Consejo de Defensa del Estado, y si pide alzamiento o si la Contralora mantiene o modifica doctrina Bermúdez. Pero claramente el diseño de los nuevos alcaldes y el poblamiento de los municipios podría vivir un inconveniente que es volver a la regla de 2 años de confianza legítima, en los términos de contrata. En términos postmodernos, la situación está líquida”.