Un aspecto importante a considerar en el debate contemporáneo sobre la legitimidad de los Derechos Humanos está en los juicios de Nuremberg; que acaban de conmemorarse los 80 años de su realización: juicio supra estatal y con normas jurídicas inéditas como fueron los “crímenes de lesa humanidad” y el “genocidio”, aplicados no por un Estado soberano, sino más bien impuesto al Estado alemán, y que fundamentaron la  base del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en el ámbito de los derechos civiles y políticos, que posteriormente daría origen al Pacto Internacional sobre éstos en 1966, el PIDECP.

Pero otro aspecto menos considerado ha sido el enfoque económico hegemónico en esos años, que permitió vencer al nazismo alemán y que modeló el consenso euro-norteamericano: el rol del Estado en la economía y que posteriormente sería una de las bases del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC, en 1966.

El pensamiento económico dominante en el mundo occidental, luego de la crisis de 1929, era el keynesianismo. J. M. Keynes había propuesto una salida a la crisis norteamericana fortaleciendo el gasto público e interviniendo la tasa de interés, como elemento clave para la ampliación de la demanda agregada tanto en la idea que un Estado con mayor inversión en obras públicas y planes sociales, generaba un mayor empleo, impulsaba el consumo e impedía la ampliación del drama de la pobreza. Estas políticas permitieron fortalecer el rol del Estado en la economía, que, sin eliminar el mercado, fortaleció el complejo militar, tecnológico e industrial en el período de la Segunda Guerra. Luego desde Inglaterra, en 1942, el gobierno de W Churchill, un conservador, tomó las ideas de W. Beveridge, un laborista, el que impulsó a partir de 1945, un sistema de protección social con la salud pública, mejoras en la educación, subsidios a la cesantía y otras inversiones públicas que permitían impulsar la industria y la productividad. En ambos casos, el amplio consenso económico mostraba la hegemonía del pensamiento keynesiano en el mundo occidental, en torno al rol del Estado como regulador del mercado, orientador del desarrollo económico y la gestación del Estado de bienestar.

Señalo lo anterior, pues a partir de los años ’70, comienza el viraje hacia las políticas de la Escuela Austríaca, de Hayek (Premio Nobel), Von Mises y sus seguidores como M. Friedman. De forma resumida, esta escuela postula que el libre mercado y su liberalización es tarea clave para el ejercicio de las libertades individuales y el desarrollo económico. Escuela económica con un sustento ideológico y filosófico, que promueve la presencia mínima o nula del Estado, sin interferencia de los Bancos Centrales o de los gobiernos; que adhiere a la idea de la flexibilidad salarial, la restricción de la negociación colectiva (su ideal es acabar con salario mínimo, para “dar más empleo”). En las crisis, generalmente cíclicas se debiera dejar que el mercado re-equilibre la oferta-demanda pues sería una forma lenta pero eficiente en el largo plazo.

Como se puede apreciar, este pensamiento político económico busca el mínimo de injerencia estatal en la economía, pues la centralidad no está en las condiciones de vida de las personas, si no en la capacidad de la “mano invisible” del mercado de restaurar los equilibrios. En otras palabras, el derecho de las personas a tener un trabajo, salario básico, acceder a la salud a tiempo, recibir una educación de calidad y no vivir en la miseria es responsabilidad de un ente supuestamente abstracto -el mercado- que dará a cada cual lo que le corresponde. Esto contradice el principio de progresividad y no regresión de las conquistas sociales en términos de derechos.

La asignación por el derecho internacional de los derechos humanos de la responsabilidad del Estado de garantizar y proteger derechos económicos, sociales y culturales (y los ambientales), lleva implícito un rol de éste en la economía para orientarla hacia una mayor equidad e igualdad sustantiva que permita, tanto el ejercicio de esos derechos como el de la libertad de expresión, elegir representantes y ser elegido, como no ser encarcelado sin orden judicial y con poderes del estado no cooptados por intereses corruptos. Esto reconoce la relación estrecha entre democracia y derechos humanos.

La tensión entre ejercicio de derechos y rol del Estado se ha hecho más evidente con la hegemonía -más retórica que real- del ultraliberalismo económico, sobre la reducción del Estado y el equilibrio o reducción del gasto fiscal (ver situación EEUU, Argentina, por ej.), la regresión a la focalización de “ayudas” más que reconocer derechos universales, e incluso en atacar a los Bancos Centrales y promover la eliminación de impuestos por ser una “expropiación de la propiedad privada”. En otras palabras, el avance de las estrategias económicas ultraliberales está incidiendo fuertemente en el debilitamiento de los mecanismos que garantizan el respeto a los derechos humanos entendidos como universales, integrales e interdependientes.

Para los tiempos del Chile actual es importante recordar que Hayek en su segunda visita a Chile de Pinochet, 1981, señaló en una entrevista a El Mercurio que: “…estoy totalmente en contra de las dictaduras, como instituciones a largo plazo. Pero una dictadura puede ser un sistema necesario para un período de transición. A veces es necesario que un país tenga, por un tiempo, una u otra forma de poder dictatorial. Como usted comprenderá, es posible que un dictador pueda gobernar de manera liberal. Y también es posible para una democracia el gobernar con una total falta de liberalismo. Mi preferencia personal se inclina a una dictadura liberal y no a un gobierno democrático donde todo liberalismo esté ausente”. En resumen: la libertad de mercado, que es económica era su prioridad, por sobre las libertades humanas.

Y, es preciso recordar algo más actual, a propósito de los recientes resultados electorales, en que uno de los candidatos que pasó a segunda tiene estrecha relación con el presidente Milei, el que declaró en Chile, el 2019, que: “Entre la mafia y el Estado prefiero a la mafia. La mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente, la mafia compite.” Y en Argentina ese mismo año había ratificado que “Mi misión es cargar a patadas en el culo a keynesianos y colectivistas hijos de puta que nos quieren cagar la vida.”

Es importante asumir la relación entre el pensamiento económico como una variable en Derechos Humanos, junto a otros intereses geopolíticos, supremacistas, iliberales encubiertos, así como ideas distópicas para producir el temor al futuro y al ejercicio verdadero de los derechos para todas y todos.

* El autor es Director Ejecutivo Fundación para la Promoción de los Derechos Humanos. IG: @osvaldo_torres_g