Algo inquietante está ocurriendo en las escuelas chilenas. No solo circulan amenazas de tiroteos, muchas veces anónimas y/o amplificadas por redes sociales, sino que esas amenazas están comenzando a reorganizar la vida escolar. Aunque no se concreten, producen efectos reales, porque las clases son suspendidas, comunidades en alerta, estudiantes y docentes atravesados por el miedo. Pero el impacto más profundo es otro, el miedo empieza a definir cómo entendemos y gestionamos la convivencia.

Y cuando el miedo entra a la escuela, rara vez llega solo. Viene acompañado de su repertorio conocido: control, vigilancia y castigo.

La escena se repite. Revisión de mochilas, endurecimiento de reglamentos, protocolos cada vez más intrusivos, detectores de metales, sospecha generalizada. Todo en nombre de la seguridad. Pero conviene preguntarse ¿seguridad para quién y a qué costo? Porque mientras más se intensifican estas medidas, más se parece la escuela a un espacio de control social que a un espacio formativo.

Lo preocupante es que esta reacción no es excepcional. Es coherente con una cultura que hace tiempo viene debilitando lo común. En una sociedad atravesada por la competencia y el individualismo, los conflictos dejan de ser leídos como problemas colectivos para transformarse en desviaciones individuales. El “problema” siempre tiene rostro “el estudiante difícil”, “el agresor”, “el potencial peligro”. Así, la pregunta por las condiciones que producen ese malestar desaparece. La escuela deja de preguntarse qué está pasando y se concentra en identificar a quién castigar.

Las amenazas de tiroteos, en este sentido, no son solo un riesgo que gestionar; son un síntoma que incomoda. Hablan de frustración, de rabia, de experiencias de exclusión, de vidas escolares que no están siendo habitables para todos. Pero en lugar de abrir esa conversación, la respuesta dominante es clausurarla. Se sanciona, se expulsa, se contiene. Se actúa rápido. Se tranquiliza a la comunidad. Y se sigue adelante, como si el problema estuviera resuelto.

No lo está.

Porque el castigo no produce comunidad. Produce silencio. Y el silencio no es convivencia, es acumulación de tensiones.

Aquí se revela una de las contradicciones más profundas de la política educativa chilena. Durante años se ha promovido un discurso de convivencia basado en derechos, inclusión y formación ciudadana. Sin embargo, cuando la situación se tensiona, lo que emerge con fuerza es otra lógica, la del control. No es una anomalía, es una estructura. Una convivencia escolar que se declara formativa, pero que opera en momentos críticos bajo claves punitivas, más parecidos a las cárceles que a espacios formativos de democracia, libertad y creación.

El problema es que el miedo es un mal organizador de la vida escolar. Cuando se instala como principio, transforma el sentido de la escuela. Ya no se trata de formar sujetos, sino de gestionar riesgos. Ya no se trata de construir vínculos, sino de prevenir amenazas. En ese desplazamiento, la educación pierde densidad ética y política, y se vuelve una práctica defensiva.

¿De verdad queremos escuelas que funcionen así?

Hay algo profundamente problemático en naturalizar que la respuesta frente al miedo sea más control. Porque ese camino no es neutro; redefine las relaciones, endurece las fronteras, instala desconfianza. Y, sobre todo, afecta de manera desigual. No todos los estudiantes son sospechosos de la misma forma. No todos los cuerpos son leídos como potencialmente peligrosos. El control siempre selecciona, y en esa selección se juegan formas de injusticia que rara vez se nombran, porque ataca a quienes tienen más riesgo de ser excluidos.

Por eso, el desafío no es solo técnico, es político. No basta con mejorar protocolos de actuación. Es necesario cambiar la pregunta. No “cómo reaccionamos más rápido”, sino “qué condiciones sociales estamos produciendo para que estas amenazas emerjan y circulen”. No “cómo identificamos al riesgo”, sino “cómo construimos escuelas donde ese malestar no necesite expresarse de este modo”.

Esto exige algo más difícil que sancionar, exige escuchar. Exige sostener conversaciones incómodas. Exige asumir que la convivencia no se gestiona solo con normas, sino con vínculos, reconocimiento y cuidado. Exige, en definitiva, tomarse en serio la idea de que la escuela es un espacio político, donde se forma ciudadanía.

Desde una perspectiva de justicia afectiva, la pregunta es aún más radical ¿cómo se distribuyen el cuidado, la atención y la dignidad en la vida escolar? ¿Quiénes son vistos, quiénes son ignorados, quiénes son rápidamente convertidos en amenaza? Porque ahí, en esas economías afectivas, se juegan muchas de las violencias que luego decimos querer erradicar.

Las amenazas de tiroteos no pueden ser minimizadas. Pero tampoco pueden ser el pretexto perfecto para reforzar una escuela del control. Si algo revelan, es que hay algo que no está siendo escuchado.

Y una escuela que responde al miedo con más miedo, aunque sea en forma de vigilancia, no resuelve el problema. Solo lo desplaza.

La pregunta, entonces, es incómoda pero urgente ¿queremos escuelas que eduquen o escuelas que vigilen? Porque ambas cosas, al mismo tiempo, difícilmente son posibles.

(*) María Loreto Muñoz Villa es profesora de Educación Diferencial IPES Blas Cañas, Licenciada en Educación de la UMCE, Magíster en Psicología Educacional de la Universidad de Chile y Estudiante de Doctorado en Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Su línea de investigación aborda la convivencia escolar desde una perspectiva inclusiva y sociocrítica, con énfasis en justicia afectiva, políticas educativas y tensiones entre enfoques punitivos y formativos en la escuela.