Pagos a Marta Isasi ponen en tela de juicio legitimidad de Ley de Pesca

La Comisión de Ética de la Cámara analizará mañana el caso de la diputada Marta Isasi, quien habría recibido 25 millones de pesos de parte del grupo Angelini previo a la votación de la Ley de Pesca. La parlamentaria arriesga sanciones administrativas, pero si su caso es llevado a la justicia incluso podría ser suspendida. Parlamentarios de oposición y organizaciones de pescadores solicitan revisar la constitucionalidad de la Ley de Pesca, ante la posibilidad de que haya sido votada bajo delito de cohecho.

La Comisión de Ética de la Cámara analizará mañana el caso de la diputada Marta Isasi, quien habría recibido 25 millones de pesos de parte del grupo Angelini previo a la votación de la Ley de Pesca. La parlamentaria arriesga sanciones administrativas, pero si su caso es llevado a la justicia incluso podría ser suspendida. Parlamentarios de oposición y organizaciones de pescadores solicitan revisar la constitucionalidad de la Ley de Pesca, ante la posibilidad de que haya sido votada bajo delito de cohecho.

Continúan sumándose los antecedentes contra la diputada independiente Marta Isasi, quien habría recibido una millonaria suma de dinero de la empresa Corpesca, propiedad del grupo Angelini, previo a la votación de la Ley de Pesca, en la cual sufragó a favor.

El diputado Hugo Gutiérrez reveló un mail directo entre la diputada y el gerente de Corpesca, Francisco Mujica, con fecha de junio de 2011. En él, el gerente agradece a Isasi por su informe, por el cuál le habrían sido otorgados 25 millones de pesos, y le adjunta una presentación sobre cómo debería ser la futura Ley de Pesca.

Marta Isasi desmintió las acusaciones y anunció que presentará una querella por injurias y calumnias contra el diputado comunista y solicitará la reformalización de su ex asesor, Georgio Carrillo, aduciendo a que el correo electrónico habría sido enviado por él.

“Quiero recordarles que el 14 de junio de 2011 mi ex asesor aún trabajaba conmigo y una de las denuncias que yo hice, que determinó su audiencia de formalización, fue el manejo que él hacía de mis correos. Este es un correo que me llama profundamente la atención y que desconozco totalmente”, declaró Isasi.

En tanto, la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados analizará mañana si existen los antecedentes que ameriten su intervención y, en caso de proceder, por protocolo se citará a la diputada Isasi a la Cámara, para que presente sus descargos.

En cuanto a las sanciones que arriesga la diputada de comprobarse el pago previo a la votación, el presidente de la Comisión, Patricio Vallespín, explica que “nosotros no podemos suspender a un parlamentario del ejercicio de su función legislativa o de participar en comisiones, porque eso es una decisión que está en el voto de la gente” y que las sanciones para los diputados que falten a las normas de ética son de carácter administrativo y van desde el voto de censura hasta una multa económica.

La destitución “solamente puede ser si un parlamentario está en conductas que puedan ser constitutivas de delito y a través de la justicia. No tenemos facultades respecto a esa materia, solo las sanciones administrativas para cualquier caso”, precisó Vallespín. 

Precisamente a esto apunta el Consejo Nacional de Defensa de la Pesca (Condepp). Nelson Estrada, presidente de la organización, anunció que “nosotros ya estamos viendo la posibilidad de ingresar una querella criminal en contra de la diputada y todos los que resulten responsables, porque no es tan solo ella”. Esto, porque el gerente de Corpesca declaró que es una práctica habitual de la empresa el financiar campañas parlamentarias, lo cual se acoge a la Ley de Donaciones.

“Queremos que se haga una investigación a fondo, no nos sirve que los manden a la Comisión de Ética. No nos sirve. A la justicia, nomás”, enfatizó Estrada.

Cuestión de legitimidad 

Pero no solo la diputada Isasi quedó en tela de juicio con esta filtración. La legitimidad de la Ley de Pesca también está siendo duramente cuestionada.

“Todas las indicaciones que limitaban la concentración económica y los privilegios de la industria se echaron abajo en el debate legislativo. Resulta bastante sospechoso que eso haya ocurrido y que justamente hoy día conozcamos denuncias de al menos una parlamentaria que habría recibido beneficios económicos de la industria pesquera”, manifestó el diputado Manuel Monsalve, para quien “podríamos estar ante la presencia de un delito de cohecho””, por lo que “la legitimidad de la ley está en cuestión”.

“Eso abre necesariamente y obligatoriamente un camino de debate para futuras modificaciones”, expresó Monsalve.

El plazo para llevar la ley a revisión ante el Tribunal Constitucional ya venció, por lo que el diputado socialista anunció que desde su bancada se están buscando otras vías jurídicas para que la Ley de Pesca pueda incluso ser declarada inconstitucional.

El presidente de Condepp, en tanto, apela a que la revisión profunda de la Ley de Pesca sea un compromiso de los candidatos presidenciales, ante un próximo cambio de Gobierno.





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