El vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde, encendió la polémica al anunciar el retiro de tres proyectos de ley del gobierno anterior en materia educacional. Estos son el financiamiento de la educación superior, el proyecto de Superintendencia y la creación de una Agencia Nacional de Educación, considerando que no guardan relación con el espíritu de la reforma comprometida por la Presidenta Michelle Bachelet.

Elizalde agregó que estos contradicen principios y valores de lo que tiene en mente el nuevo Gobierno, ya que establecen estándares regulatorios insuficientes y están concebidos en la idea de que la educación es un bien de consumo. “El Gobierno mantiene lo bueno de la administración anterior, corrige lo malo y lo novedoso se lleva adelante. Lo bueno que se mantiene, un ejemplo, se le otorgó emergencia al proyecto de AVP, lo malo se corrige, proyectos de ley que pretenden reformar el sistema educacional, pero que no dan solución a los problemas que afectan a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a las familias chilenas, y lo nuevo que está en el programa se lleva adelante como es el caso del Bono Permanente de Marzo que ya es ley de la República, el Bono de Invierno que se ha restituido”, señaló.

La decisión fue posteriormente respaldada por parlamentarios y dirigentes de los partidos de la Nueva Mayoría que consideraron la determinación dentro de las facultades del Ejecutivo como colegislador.

Esto en paralelo a las conversaciones sobre la reforma tributaria anunciada para fines de este mes. En este ámbito, la presidenta del Senado Isabel Allende lamentó lo que a su juicio es una “campaña del terror”, iniciada en los cuestionamientos desde la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa): “Yo creo que el país está bien, a pesar de que hay una economía desacelerada, eso estamos plenamente conscientes, pero de ahí a tratar de generar la campaña del terror como ocurrió con unas muy poco felices declaraciones de un alto dirigente gremial, que por suerte no fue acompañado por el resto de gremios empresariales, porque todos los empresarios saben que aquí ha habido la mayor responsabilidad, estos temas fueron abordados durante toda la campaña, no es una improvisación. A los pocos días de la campaña de Michelle Bachelet se anunció la reforma tributaria y se sabía perfectamente paso a paso lo que sigue”, explicó.

Además, el presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, dio a conocer que la reforma se discutirá a la par de dos agendas, en materia de innovación y de energía: “Está el tema de la productividad y del crecimiento, los ministros nos han planteado una doble agenda. Una agenda de Innovación, Productividad y Crecimiento, y una segunda agenda de Energía. Eso junto con la Reforma Tributaria van a permitir configurar un nuevo consenso social para los próximos 20 o 30 años del país. Nosotros como partidos estamos muy comprometidos con esa triple agenda. Reforma Tributaria, Agenda de Innovación, Productividad y Crecimiento y Agenda Energética

Ante los anuncios de Palacio reaccionaron en la UDI los senadores Juan Antonio Coloma, Ena Von Baer, y Hernán Larraín. Coloma dijo que se trata de una decisión sectaria, mientras que Larraín observó que el retiro de proyectos no procede ya que ha habido avances en el Congreso en las tres iniciativas.

La senadora gremialista lamentó la determinación pese a los acuerdos que ya se habían alcanzado: “En el tema de Superintendencia y en el tema de acreditación hubo una conversación con la Concertación para llegar a acuerdos, incluso para presentar indicaciones sustitutivas y por lo tanto, aquí hay un acuerdo avanzado entre las bancadas de la Alianza y las bancadas de la Concertación y por lo tanto, no se entiende que ahora se diga que se echa todo ese trabajo de acuerdo por la borda, especialmente en temas tan delicados como la acreditación. Nosotros sabemos que una de las falencias grandes de nuestro sistema de educación superior es la acreditación”, dijo.

Hernán Larraín agregó que se le escribió una carta a la ministra secretaria general de la presidencia, Ximena Rincón para que no se suspendieran estas iniciativas, así como tampoco otras 80, ya que a su juicio debe haber continuidad en el funcionamiento del Estado.