Se despejaron las dudas. Las comisiones investigadores del Caso Penta y de la Universidad Arcis no podrán indagar a funcionarios públicos por su rol anterior de privados en ninguna de las dos instancias investigativas.

Con esta decisión, las personas particulares solo podrán asistir en calidad de invitados o responder por escrito a los requerimientos de las  comisiones, si lo considerarán pertinente.

Decisión que valoró diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, uno de los principales impulsores de la Comisión del caso Penta.

Esto porque para Gutiérrez el poder legislativo se extralimitó al querer investigar a privados: “Yo creo que el deber que nos impone nuestra constitución es fiscalizar, justamente, el funcionamiento del gobierno”.

Sin embargo, el planteamiento del Partido Comunista era muy distinto cuando el caso de fraude al FUT comenzaba a mostrar sus ribetes políticos en septiembre pasado y nombres de la UDI aparecían como posibles receptores de dineros de las empresas Penta.

En la ocasión, el diputado Daniel Núñez  llamaba  a que se investiguen a privados: “Dada la gravedad de antecedentes que hemos conocido a través de la prensa sobre eventuales delitos en que estarían involucrados los principales socios del grupo Penta, es que la bancada del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana solicitará la creación de una comisión investigadora, ya que estaríamos en presencia de eventuales delitos de fraude al Fisco y otros ilícitos”, recalcó.

Asimismo, Núñez planteó que el Servicio de Impuestos Internos (SII) habría actuado de manera débil en su rol fiscalizador: “Solicitaremos que la Comisión Investigadora recabe toda la información necesaria y determine las eventuales responsabilidades políticas y administrativas involucradas, recibiendo para tales efectos a todas las personas e instituciones que puedan ilustrar la investigación. Sus conclusiones las haremos llegar a los órganos administrativos y jurisdiccionales que correspondan para corregir las presuntas irregularidades que se descubran”, explicó.

Sin embargo, esas palabras quedaron en el olvido y el Partido Comunista dio marcha atrás en el llamado a privados en calidad de investigados: “Nosotros estamos para juzgar, criticar, los actos de gobierno a nombre del pueblo. Eso es lo que hacemos nosotros, pero no para juzgar al pueblo mismo que es lo que estábamos haciendo producto de este mal entendido. Fiscalización de los privados, de las personas concretas, yo creo que de alguna forma habíamos pervertido nuestro rol y creo que hoy lo estamos reestableciendo como corresponde”, fueron las recientes palabras de Hugo Gutiérrez.

Pensamiento que enciende alarmas en el mundo político independiente. Vlado Mirósevic, sostuvo que estas comisiones (Arcis-Penta) nacieron muertas y puede deberse a un acuerdo político entre el Partido Comunista y la Unión Demócrata Independiente. Algo impensado hace unas semanas.

Aunque Mirósevic no se atreve a afirmar la posibilidad de este pacto, indicó que se mantendrá atento ante la posibilidad de su existencia: “Desde el comité independiente a lo menos no nos vamos a hacer parte de ningún tipo de complicidad para bajarle el perfil a estas comisiones investigadoras. Por el contrario, lo que queremos hacer es participar de la comisión y forzar la mayor investigación posible y ver hasta dónde podemos llegar. Entendiendo los límites de nuestra constitución. Pero, además, de los límites, nos parece que sería tremendamente negativo ponerle una restricción dentro del Congreso”.

Es así que abogando al apego a la Constitución de la República, tanto el Partido Comunista como la Unión Demócrata Independiente, entraron en un “cese al fuego” exponiendo posiciones similares sobre el funcionamiento de ambas comisiones.

Como lo indican las palabras del diputado de la UDI, Patricio Melero: “Es lo que corresponde en el estricto apego a lo que son las facultades investigadoras de la Cámara de Diputados que son sobre los actos de gobierno donde pueda ejercer y no por sobre ente privados”.

Y fue más allá, en el marco del caso Cascadas, el parlamentario gremialista indicó que la Cámara de Diputados no tiene las atribuciones para hacer comparecer a un ex Presidente en su rol privado como lo es Sebastián Piñera, ni a los empresarios vinculados al caso  y agregó que lo pueden hacer voluntariamente, si es que quieren.

Patricio Melero, además descarto la existencia de un acuerdo con el PC: “No solamente es descabellado, aquí lo que hay es algo que ya se venía reclamando hace mucho que es acotar las acciones fiscalizadoras de la cámara al texto que establece la constitución con claridad”, indicó el diputado.

A pesar de su intención de no llegar a acuerdo, la Nueva Mayoría también sale beneficiada con estas restricciones. Esto porque se invitó  a la comisión Arcis a la actual ministra del Sernam, Claudia Pascual. La militante PC fue convocada para dar cuenta sobre su rol -ejercido antes de ser ministra- en el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), entidad que estuvo vinculado con la casa de estudios y también está invitado el subsecretario de Previsión Social, Marcos Barraza, quien fuera presidente de Inmobiliaria Libertad, ligada a la propiedad de Arcis.

Otra de las figuras del PC que no tendría que dar explicaciones a la comisión es Juan Andrés Lagos, debido a que es un privado y la comisión investigadora no puede indagarlo si se aplica esta lectura que hacen ambos partidos.

Con estos antecedentes, el resquemor ante la posibilidad de que estas comisiones nazcan muertas es una realidad que cree Vlado Mirosevic y que se suma a la decisión de la UDI de rechazar la solicitud de prorrogar por 30 días el trabajo de la comisión que indaga antecedentes sobre la Universidad Arcis, pese a que el propio partido había impulsado la instancia para investigar posibles nexos entre la casa de estudios y el Partido Comunista.

Cabe mencionar que el diputado gremialista Juan Antonio Coloma fue quien solicitó la extensión, con el argumento de que había unos 40 invitados pendientes y sólo quedaban tres sesiones, por lo que la votación de este miércoles sorprendió en Renovación Nacional, sus compañeros de Alianza, que acusan un supuesto acuerdo con la Nueva Mayoría.