Representantes de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) junto a alumnos de la Universidad Nacional Andrés Bello, expusieron su visión sobre el reconocimiento de lucro del holding Laureate dada a conocer en la documentación de apertura a la bolsa en Estados Unidos.

Los universitarios demandaron un pronunciamiento firme del Ejecutivo, más allá de las declaraciones de la Ministra de Educación, Adriana Delpiano, quien dejó entrever  que “los empresarios norteamericanos por algún lado están sacando lucro”.

La secretaria de Estado señaló que se investigará esta situación a pesar de identificarse obstáculos debido al actuar de la controladora por medio de empresas relacionadas.

“En mi periodo lo único que hemos recibido es la denuncia que hicieron los alumnos de la Universidad Andrés Bello, inmediatamente tuvimos reunión con el rector y vicerrector y hemos nombrado la persona del Ministerio que está haciendo el sumario administrativo, lo que corresponde”.

Posterior a la denuncia de las irregularidades, los alumnos que integran algunas de las instituciones controladas por el grupo económico se han mantenido movilizados.

La presidenta de la FECh y vocera de la Confech, Camila Rojas, acusó que tanto el Servicio de Impuestos Internos como la Comisión Nacional de Acreditación tenían conocimiento de la situación, por lo que llamó a las autoridades a no ser cómplices del negocio y actuar en concordancia con uno de los pilares de la Reforma a la Educación Superior: la prohibición del lucro.

“Lo que vemos como estudiantes es que hay intereses cruzados y si el Ministerio y los gobiernos de turno no se han hecho cargo de la situación, es porque tienen intereses en estas instituciones. Sabemos que una de las universidades del holding, como la Universidad de las Américas, tiene una rectora que es del PPD y son precisamente esos vínculos los que no permiten que suceda la Reforma”.

La dirigenta advirtió que las 16 universidades estatales junta tienen menos matrículas que el holding del que dependen cinco instituciones de nuestro país, entre las cuales se encuentra la Universidad Nacional Andrés Bello, una de las casas de estudio con más alumnos del país.

El vocero del Consejo de Presidentes de Centros de Estudiantes en Santiago, Fabián Ceballos, reclamó que hace años se viene expresando el descontento contra la trasnacional que, incluso con los últimos antecedentes, no ha respondido a la comunidad universitaria más que con correos electrónicos en los que se desmarca del conflicto.

En consecuencia, afirmó que hay estudiantes dispuestos a perder el semestre con tal de sacar a Laureate del país.

Según Ceballos, entre otras irregularidades, también existiría un sobreprecio en arriendos y servicios educativos que no son prestados, por ejemplo, las becas Cambridge por las que los estudiantes pagan.

“Hacemos un emplazamiento directo a las autoridades, al Estado, a la Presidenta Michelle Bachelet, a la ministra de Educación para que den una solución pronta, ágil y segura, a los176 mil estudiantes que hoy hemos sido víctimas del negocio en la educación. Están lucrando con nuestros sueños, derechos y peor aún, con los esfuerzos de familias chilenas”.

El secretario general de la Federación de Estudiantes UNAB de Viña del Mar, Diego Saavedra, informó que convocaron a un pleno con los demás centros de estudiantes para discutir los pasos a seguir y evaluarán si solicitan reuniones a los rectores de las instituciones involucradas.

Cabe recordar que el rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, manifestó que las últimas informaciones dadas a conocer sobre las eventuales irregularidades sobre Laureate, ponen a la Ministra de Educación Adriana Delpiano en pie forzado para tomar acciones legales, de lo contrario, quedará en la misma posición que el ex ministro Harald Beyer, quien fue destituido a través de una acusación constitucional.

En esa línea, han argumentado que el perseguir lucro en las universidades es un delito civil establecido por la ley chilena, que recaería en la responsabilidad de la titular de la cartera de Educación.

En tanto, los estudiantes opinaron que esas son solo acciones políticas y las que valen son las judiciales.

En cuanto a las indagatorias penales, es el fiscal Carlos Gajardo quien está a cargo de averiguar los posibles delitos tributarios en que incurriría el holding, por lo que se está evaluando pedir a Estados Unidos los últimos informes revelados por el grupo económico en ese país.

Cabe señalar que Laureate defiende que los más de 100 mil alumnos eligieron de forma libre e informada estudiar en sus instituciones y su operación en Chile fue autorizada por contratos firmados en diversos Gobiernos desde el 2001. Lo que precisamente reclaman los estudiantes.