Hace algunos días, un informe de la Superintendencia de Seguridad Social dirigido a la Comisión de Salud de la Cámara Alta, reveló que una de cada tres licencias médicas expendidas en el sistema privado de salud y cuya causa estaba relacionada con el  COVID-19 fue rechazada o reducida.

Este jueves, nuestro noticiario Radioanálisis tomó contacto con el superintendente de Salud, Patricio Fernández, para saber cuáles son las decisiones que este órgano fiscalizador ha resuelto en orden a proteger a los usuarios de la salud privada en Chile.

Fernández reconoció que la situación de las licencias médicas fue inesperada, pero que en uso de sus facultades decidieron tomar medidas acorde al contexto sanitario en el que se encuentra el país. “La Superintendencia de Salud, recopilando la normativa de licencias médicas, las instrucciones del Ministerio de Salud  y dado nuestro rol institucional, ante la situación de numerosas licencias que estaban siendo rechazadas o reducidas por las isapres decidimos regular la situación e instruir a las isapres para que categóricamente hagan un catastro de todas estas licencias y, derechamente, las autoricen. De eso tienen que avisarnos en un plazo máximo de cinco días hábiles y también avisar al afiliado que haya sido perjudicado con esa decisión preliminar”.

El abogado nombrado a fines de diciembre por el Presidente, explicó que la Superintendencia de Salud lo que hace es regular el sistema de isapres, pero la Superintendencia de Seguridad Social es la que tiene a cargo la tramitación de las licencias médicas y también la Compin.

“Las licencias médicas que fueron reducidas o rechazadas y que son aquellas por aislamiento, serán revertidas por la Compin según lo que ya informó la Subsecretaria de Salud Pública”, reiteró la autoridad.

Consultado sobre las posibles razones que habrían detrás de la gran cantidad de rechazos, Fernández explicó que a diferencia de Fonasa, las isapres funcionan con un sistema de contralorías médicas que, basadas en normas legales, pueden negar la autorización del permiso médico. “Como país hemos ido avanzando en las fases de la pandemia,  una vez perdida la trazabilidad de los casos nace el concepto de contacto estrecho. Es entonces  cuando se genera el problema con las licencias, sin embargo, el protocolo del Ministerio ha ido avanzando, por lo tanto de ahora en adelante, los afiliados al sistema de isapre no deberían tener ningún problema respecto de las licencias con aislamiento y de las diagnosticadas con COVID-19″, recalcó.

Consultado respecto de la controversia provocada por las licencias otorgadas por contacto estrecho con un contagiado, el superintendente señaló que las personas que efectivamente hayan estado en contacto directo con un alguien que haya sido testeado como positivo para coronavirus, tienen derecho a una licencia médica.

“Lo que está normado por el Minsal es que esa licencia será emitida, o a lo menos visada, por médicos de la seremi de salud respectiva. La seremi elabora listados de médicos de modo que no haya problemas con eso. Por lo tanto esas personas sí tienn derecho a licencia y no deberían ser rechazadas por las isapres”, aseguró.

En cuanto al criterio para definir lo que se entiende por contacto directo, Patricio Fernández señaló que debe ser aquél  que implique un riesgo efectivo de contagio. “No porque me cruce en la calle con alguien o hable uno o dos minutos con una persona, voy estar en ese riesgo. Ahora, con el uso de mascarillas, los contactos transitorios y breves, prácticamente no producirían peligro de contraer el virus”.

“Como sabemos, en Chile no existe la licencia médica preventiva y en las isapres los contralores médicos lo que hacen es cuestionar la legalidad porque esas organizaciones buscan utilidades y eso no se puede desconocer, pero esta situación perjudica a las personas por eso emitimos esta circular, porque hay razones de salud pública que están por sobre cualquier normativa administrativa anterior, incluso por sobre cualquier norma que perjudique la salud de las personas. Si las isapres infringen esta decisión, se exponen a sanciones” aseveró el superintendente.

Alzas en las isapres

En materia de las atribuciones de la Superintendencia respecto de las continuas alzas en los planes de salud de las isapres, Fernández señaló que la ley habilita a las aseguradoras a reajustar los planes una vez al año y es en ese ámbito donde no existe un límite. “Como Superintendencia desarrollamos un indicador que arroje un precio promedio esperado. El año pasado, el alza promedio fue de un 5,1, llegando incluso a un 10% para grupos de planes. Este año el promedio fue un 4,5%, pero la situación del país es distinta, con un estado de catástrofe desde el punto de vista sanitario, entonces uno habría esperado que las isapres hubiesen tenido ese gesto hacia sus afiliados que son sus clientes, sin embargo eso no ocurrió”.

El superintendente también se refirió a la postura de algunos sectores como la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, que plantea la existencia de un seguro único compartido por la totalidad de usuarios de salud del país. En ese sentido, Fernández explicó que el proyecto de ley que actualmente está en la comisión de Salud del senado y que lleva ocho años en tramitación, ha tenido el respaldo del gobierno del Presidente Piñera.

“Esta misma normativa incluye un plan de salud universal que contempla un paquete preventivo, – porque hoy las isapres con suerte invierten un peso por persona en prevención- se elimina la tabla de factores, se incorpora un seguro catastófico muy importante que señala que ninguna persona superará su gasto anual más allá del 40% de los ingresos tributables del año anterior, dividido por número de cargas. Es mucho más barato, se permite la libre movilidad entre isapresy respecto de quienes quieran cambiarse de Fonasa a Isapre, si bien se mantienen las preexistencias, éstas no rigen para quienes padezcan patologías GES y para el resto de las patologías solo se restringe por 18 meses la cobertura en un 25% respecto de esa patología preexistente. Dado que el GES cubre aproximadamente un 70% de la carga de enfermedades de los chilenos, prácticamente habría libre movilidad”.

“Todos creemos que el seguro único de salud es donde debemos llegar, pero las diferencias las tenemos respecto de si es bueno hacerlo en este momento del país. En Fonasa hay 14 millones de personas y en Isapres hay poco más de 3,5 millones, por lo tanto si paso todas las cotizaciones del sistema privado al público, con las personas de carga de enfermedades, lo único que se logrará es aumentar el gasto público en una dimensión que hoy como país no estamos capacitados para asumir”, concluyó Fernández.