En las fiestas patrias de 2019, mientras todo Chile disfrutaba la celebración nacional, Antonia Barra vivió un hecho que la marcó. La joven de 21 años fue violada, situación por la que finalmente decidió suicidarse el 13 de octubre del mismo año.

Según se ha revelado, Antonia fue cuestionada y culpada por su expareja respecto de lo que había sufrido y, además, el presunto violador, Martín Pradenas, la llamó el día previo a su muerte, instancia en la que según sostiene la familia, el agresor la habría amenazado.

A pesar del dolor, su familia ha dado durante todo este año una lucha incansable por justicia, la que no ha estado exenta de complejas etapas, en las que el Poder Judicial ha sido cuestionado por la sociedad.

“Personalmente no he tenido espacio a duelo, me he dedicado al 100 por ciento a lograr justicia para mi hija. La familia, con el resultado que se ha obtenido, está más tranquila, cree más en el trabajo que se hace para lograr la justicia de nuestra hija y ha sido un año difícil, muy difícil”, expresó a Radio Universidad de Chile, Alejandro Barra, padre de Antonia.

A eso agregó que, si bien existen esperanzas de justicia, de todas formas “lo que nunca se va olvidar es la pena que uno siempre lleva por dentro sobre la situación que nuestra hija vivió y lo que la llevó a tomar una decisión tan drástica”.

“Dentro de todo vamos hacia adelante, nunca hacia atrás”, expresó.

El caso de Antonia Barra y la lucha de su familia fueron de suma importancia en este último año en la visibilización de las muchas deudas que Chile tiene para la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Y aunque su muerte no se puede revertir, se espera que no quede en vano y que, por el contrario, sea uno de muchos casos en que la justicia esté a la altura de la situación.

“¿Qué esperamos de todo lo que hemos hecho en términos de la investigación? Esperamos que todo siga su curso. Estamos en un proceso de terminar de validar las pruebas, es importante que, así como validamos todo lo que hemos dicho, lo justo es que la defensa tiene que validar y demostrar los estudios que avalan su tesis de que no es un delito cuando existe, entre comillas, un contexto de carrete. Sería bueno saber qué profesionales justifican el abuso y la violación. Hay que respaldar todo lo que uno hace y uno dice y por eso es tan importante que las leyes se apliquen”, comentó Alejandro Barra sobre el futuro del proceso judicial.

Captura de pantalla de la formalización de Martín Pradenas.

Una justicia con perspectiva de género es posible

El caso de Antonia Barra reveló, tal como ha ocurrido en otros casos, la necesidad de que el Poder Judicial aborde los casos con perspectiva de género, así como también debe hacerlo el Ministerio Público.

Si bien en este hecho la Fiscalía perseveró y apeló para buscar la prisión preventiva para Martín Pradenas, existen cientos de otros casos de violencia sexual sin resolver, en los que se cuestiona a las víctimas, sus actos, sus versiones y así el tiempo pasa y nunca existe justicia.

Según informa el Dossier Informativo de la Red Chilena contra la Violencia 2020, “el Ministerio Público reportó que del total de términos aplicados sobre el delito de violación (35.011) sólo el 24,6% tuvo salida judicial. De ese número sólo 2.718 fueron sentencias condenatorias. Sumando el total de casos terminados, sólo el 7,7% terminó en sentencia definitiva condenatoria”.

Respecto de este punto, Francisca Millán de AML Defensa de Mujeres, comentó que justamente la repercusión social que tuvo el caso de Antonia fue clave en que “tengamos un Ministerio Público activo, diligente, que actúa de acuerdo con los mandatos internacionales y que en definitiva uno esperaría que fuera la diligencia que se implemente en todo tipo de casos de esta naturaleza”.

En tanto, en el otro lado, el Poder Judicial fue ampliamente criticado en este caso al no dictaminar en primera instancia la prisión preventiva para Pradenas, en una audiencia caracterizada por cuestionamientos a las víctimas y sus acciones por parte de la defensa del imputado.

“El Poder Judicial tiene altas falencias en sus razonamientos judiciales en torno a la violencia de género y en específico respecto de los delitos sexuales, respecto de la normalización de la violencia, la subestimación y culpabilización de la declaración de las víctimas, la insuficiencia probatoria desde un punto de vista super sesgado”, expresó Millán.

Sin embargo, la decisión posterior de la Corte de Apelaciones a favor de la prisión preventiva – revocando la decisión inicial del Tribunal- demostró que la perspectiva de género es posible.

En esa línea, la abogada destacó que si bien dentro de la institucionalidad de justicia hoy existen organizaciones internas que se movilizan en favor de las temáticas de género, esto debe apuntar a ser políticas institucionales y transversales.

“Todavía no se ha vuelto una regla general, no se ha vuelto sentido común ni tampoco una práctica generalizada en los Tribunales de Justicia y hacia allá es donde hay que orientar cualquier posibilidad de reforma o de reglamentación (…) Y eso no solamente es una iniciativa institucional o personal, de ciertas agrupaciones como es hoy, tiene que también ser incorporada a nivel legal”, explicó Millán.

Desde la familia, sobre lo que ha sido el proceso, Alejandro Barra, padre de Antonia, señaló que “se ha demostrado que la ley vigente permite tener una perspectiva de género”.

“Se han instalado las convenciones internacionales y que estas permiten a los jueces considerar los abusos de género como pruebas vitales para sancionar a los imputados. Eso es lo que rescato de este año, que se ha logrado eso. En el caso de nuestra hija eso se logró y es un precedente para todos los casos que hoy luchan por justicia y los que vienen”, expresó.

Tal como lo recordó Alejandro, en la resolución de la Corte de Temuco se aplicó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” de 1994 ratificada por  Chile el 24 de octubre de 1996, para explicar que el fin último de la medida  es la preservación del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

Por otra parte, en una línea similar sobre los precedentes opinó la abogada de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Lorena Astudillo: “Si se pudo con Pradenas entonces se puede y ya no hay excusas. Es de ahí desde donde las mujeres tenemos que afirmarnos. Si se pudo en una situación mediática que estaba siendo mirada por todo el país, entonces se puede también en aquellas que no están siendo miradas. Y eso si tenemos que tomar lo como un precedente”, señaló.

Tocan a una, tocan a todas  

Fue el miércoles 22 de julio cuando el Juzgado de Garantía de Temuco descartó la prisión preventiva contra Martín Pradenas, y entonces las movilizaciones se hicieron de carácter nacional, virtual y presencial, todas a favor de Justicia para Antonia y reclamando lo que por años se ha exigido: un enfoque de derechos humanos y género en la justicia nacional.

En días previos, ante la aprobación de un recurso interpuesto por la familia del acusado que iba en contra de la familia de Antonia también las mujeres se movilizaron.

“Con este poder de organización nosotras pudimos ver que en un principio se intentó silenciar a la familia y el poder de organización de las mujeres pudo promover que los operados de justicia o la justicia comenzará a funcionar de una manera que nos parece que debiera ser, que nos hace un sentido más justo. Pudimos ver que los violadores si son un peligro para la sociedad y un peligro para nosotras las mujeres y eso quedó evidenciado en las audiencias que pudimos presenciar”, expresó Lorena Astudillo, abogada y vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

“Toda la fundamentación con respecto a lo que pasa con Antonia, todo lo que implica la violencia de género, los estereotipos que se le ponen a las mujeres violadas  que dicen que era por haber tomado, que era por andar en una fiesta, que es porque no se cuidaron, todo eso quedó cuestionado hoy día en el sistema judicial, eso lo provocó la organización de las mujeres ”, agregó.

Según explicó Lorena Astudillo, sobre esta organización cabe una doble reflexión: por un lado, que las mujeres solamente consiguen cosas organizándose y presionado y, por otro, el cuestionamiento de por qué debe ser así, “si se supone que la justicia debería funcionar siempre bien”.

No es suicidio, es suicidio femicida

Junto a las deficiencias del sistema judicial ante los casos de violencia contra las mujeres, el caso de Antonia Barra puso en discusión un tema que las organizaciones feministas han denunciado e intentado visibilizar desde hace años: el suicidio femicida.

Antonia Garros en 2017, Anais Godoy en junio de 2019, Gabriela Marín en 2012 son otras mujeres que tal como Antonia Barra, decidieron suicidarse luego de ser violentadas. En algunos casos, incluso denunciaron, pero la justicia una vez más fue poco diligente.

En este ámbito El Salvador es un país pionero en legislar. Esta nación cuenta con la tipificación de suicidio femicida como tal y es un ejemplo para el resto del mundo, donde a pesar de existir discusión no existen mayores avances para sancionar este tipo de violencia.

Créditos: Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

En Chile, a partir de los casos de Antonia Barra, y previamente de Antonia Garros, se han presentado proyectos de ley para sancionar la inducción al suicidio, sin embargo, si bien las normas han entrado al Congreso Nacional poco y nulo ha sido el avance.

Sobre este punto, la abogada Lorena Astudillo aclara que lo presentado no es lo mismo que el suicidio femicida como tal y que no se ha considerado para ello que las feministas han estudiado por años. Asimismo, agregó que, si bien las leyes sancionatorias son útiles, no atacan el fondo del problema, ejemplo de lo cual es que ni siquiera se ha logrado aprobar la ley que busca garantizar una vida libre de violencia.

“Pareciera que se conforman o piensan que la violencia hacia las mujeres se va erradicar porque sacan una ley de respeto callejero, porque sacan una ley que amplía el concepto de femicidio, después sacan una idea de ley para legislar acerca del suicidio femicida y la verdad es que siguen haciendo leyes pero no han reflexionado, no le han tomado el sentido respecto de lo que significa la violencia hacia las mujeres. Por lo tanto, la deuda es mucho más amplia”, indicó.

A esto la vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres añadió la necesidad de que los problemas se aborden estructuralmente: “Esto tiene que permear todas las estructuras sociales en las cuales estamos. Por lo tanto, aquí debiéramos tener a la televisión hablando de esto, los medios de comunicación aportando también, la educación que no sea sexista, condena a los estereotipos. Acá hay una serie de medidas que son macro, que debieran tomarse, que se saben, las sabemos, pero hay una falta de voluntad con respecto a esto”.

En tanto, Francisca Millán de AML Defensa de Mujeres expresó que esta tipificación se suicidio femicida ve lejana y compleja en Chile, ya que nuestro país todavía está en deuda con aspectos básicos en materia de género.

“En un tipo penal que está muy lejos de existir en mediano plazo y evidentemente una vez que llegara a existir también tiene una tremenda complejidad en su aplicación, porque mientras tengamos la misma institucionalidad, con los mismos sesgos, o incapacidad, o insuficiencia en materias de género, la verdad es que vamos a tener los mismos problemas probatorios, de desestimación respecto de las denuncias. Al final la solución o el abordaje de materias de esta naturaleza vas más allá de tipificar tal o cual cosa, sino de reformar y formar las estructuras de tal manera en que la impunidad deje de ser la norma general cuando hablamos de violencia de género”, explicó.

Esto ha sido uno de los problemas que, por ejemplo, ha enfrentado la situación en El Salvador, donde a pesar de tener la norma legal, muy pocos casos han sido tipificados de esta forma dado que las investigaciones no han sido consideradas bajo este delito, sino solo como suicidios.

En el caso del proyecto que se hizo a partir del caso de Antonia Barra, este está siendo revisado en la Comisión de Seguridad Ciudadana, donde se espera se le ponga urgencia para avanzar lo antes posible en su paso a Sala y luego al Senado.

En contenido, contempla la tipificación de la inducción al suicido como delito, elimina atenuantes en delitos de violencia sexual, amplía los plazos de prescripción de ellos de 5 a 10 años, propone la utilización de entrevistas grabadas para evitar la revictimización y propone que la Academia Judicial incluya en sus programas de formación y perfeccionamiento capacitaciones en perspectivas de género en el proceso penal.

Uno de los autores es el diputado Marcelo Díaz (UNIR), quien, en entrevista con Radio Universidad de Chile, expresó que se ha conversado con representantes del Ejecutivo como el ministro de Justicia, Hernán Larraín, para que se ponga urgencia a este proyecto y no se retrase su tramitación, dado que representa una deuda con cientos de mujeres que como Antonia son víctimas de violencia sexual y necesitan que la institucionalidad esté a la altura de su búsqueda de justicia y protección.

Por otra parte, el diputado Díaz expresó su preocupación por la forma en que se ha dado la discusión, en la que incluso algunos cambios se han visto cuestionados por los recursos del Estado: “Planteamos la idea de entrevista videograbadas – como se aplica con los niños – porque es una forma de evitar la revictimización y nos plantearon algunos problemas más bien burocráticos. Falta de espacio, de recursos, de personal especializado y nosotros dijimos que el acento no puede estar puesto en lo que el Estado requiere para cumplir con un estándar que permita que más mujeres puedan denunciar”.

“Si es un tema de recursos eso debe resolverlo el Estado. Lo que el Estado no puede hacer es condicionar sus derechos o tomar medidas de protección condicionadas a la existencia de esos recursos, es decir, hay que hacer una adecuación institucional para que las decisiones comprendan lo que hay detrás”, comentó.

En tanto, en lo que refiere a la deuda de la institucionalidad y sus representantes con los temas de género en su realidad más amplia, el diputado Marcelo Díaz valoró algunos cambios que ya se han dado durante los últimos años, como fue la creación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, o la creación de la comisión en la Cámara. Sin embargo, reconoció que quedan muchos pendientes.

“La sociedad civil ha ido mucho más a la delantera que las instituciones en adecuarse a esta demanda por políticas de igualdad, por equidad de género y por ir dotando de la compresión del fenómeno, de la realidad de las mujeres en nuestro país, pero sin duda falta mucho. Creo que se avanza, pero quizás no al ritmo que debiera ser”, reconoció.

El padre de Antonia Barra, Alejandro, ha apoyado también esta iniciativa legal que se lleva adelante. Al respecto también reflexionó: “Para que lo solicitado se concrete es el Estado el que debe asegurar los recursos para que se implemente esta ley y las regulaciones. Sería una pésima señal que no se invierta en una deuda que el Estado tiene con las medidas contra el abuso de género y es lo que deben considerar las personas que tienen que legislar, apoyar y darle urgencia. En la medida en que esta ley no se active, no se apruebe, mañana vamos a tener delincuentes que todavía no van a poder ser juzgados”.

Por otra parte, en un ámbito más general, Alejandro Barra también comentó su mensaje a todos y todas quienes hoy puedan vivir situaciones similares a la de su familia y su hija Antonia. El padre llamó no solo a hacer parte de la discusión los temas de violencia y abuso al interior de las familias, sino también a denunciar, a no tener miedo, porque sabe que el caso de su hija ha sido fundamental para crear ambientes de mayor confianza.

“El mensaje es que se sientan protegidos, porque ya se vio con el caso de Antonia que hay una empatía a nivel nacional y podría decir internacional. Estos delitos son aberrantes y la gente empatiza con ellos, nunca van a empatizar con el que comete el delito. Por lo tanto, tengan la confianza, las víctimas y las familias”, concluyó Alejandro Barra, a un año de la muerte de su hija Antonia.