En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Constanza Váldes, licenciada en Ciencias Jurídicas, activista trans feminista y consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos, abordó la renuncia de Sergio Micco al cargo de director ejecutivo del organismo. Una determinación que el jurista de la Universidad de Concepción adoptó luego de que cinco integrantes del Consejo- en las que se encuentra Váldes- requirieran su dimisión como titular del INDH. No obstante, Váldes reparó en el hecho de que Micco hará efectiva su renuncia una vez que se concrete la nominación de Fernando Pairican y luego que el designado por Boric se manifieste en favor de su dimisión. “Él sigue la tesis de que el Director sigue la confianza de la mayoría y en el caso que la pierda, debe salir de su cargo”, sostuvo.

Pero los motivos por los cuáles se enarbola esta solicitud de renuncia tienen que ver con materias de fondo y no con un simple cálculo, señaló Váldes, dando cuenta del quiebre que generó en la institución producto de la conducción de Micco en estos últimos tres años. “Ha renunciado una cantidad de gente muy lamentable, unidades estratégicas que actualmente tienen jefes subrogantes solamente, personas que han sido desvinculadas arbitrariamente. De hecho, hoy día el Instituto tiene en su página web unas disculpas públicas por una desvinculación injustificada en lo que fue el contexto del estallido”, afirmó.

Además, señaló que el director “ha llevado una vocería en temas en que el Instituto no se ha pronunciado nunca antes, que tienen que ver, por ejemplo, con asesinatos de carabineros, con abordar los temas de violencia en la Macrozona Sur y violencia por parte justamente de las víctimas de violencia rural, sin abordar desde la perspectiva de derechos humanos cuestiones que son temas de seguridad, como lo pudiera hacer el ministerio de Interior”.

A eso, adicionó la querella por el delito de interceptación de comunicaciones que interpuso contra Micco el abogado Fernando Leal, en representación del psicólogo y ex funcionario del INDH, Harú Odan. Todos estos antecedentes, sumado al respaldo que venían manifestando las organizaciones sociales respecto de la renuncia de Micco, hacen que esta solicitud fuese insoslayable, afirmó. “Era un deber ético considerando que las personas que fuimos electas veníamos de la sociedad civil y compartimos ese planteamiento“.

“La institución ha pasado de una institución que estuvo en su momento en una cúspide de la confianza de la gente, de lo que era llevar los casos, a una institución que pasó a la irrelevancia. Hoy en día no es invitada, por lo general, a actos en materia de derechos humanos llevados a cabo por organizaciones de la sociedad civil. De hecho, no ha existido una cercanía con la Subsecretaría de Derechos Humanos”, señaló.

Por lo demás, consideró que Micco desperdició una oportunidad histórica para el Instituto en el estallido social, en el sentido de abordar, no sólo las violaciones de derechos humanos, sino además “el incumplimiento del Estado en general de lo que han sido derechos económicos, sociales y culturales”. 

“(Micco) levantó una tesis que me parece súper importante desde el punto de vista sociológico respecto de que fue una crisis social. En ningún momento lo abordó como el estallido, como una revuelta, lo que significó justamente, sino como una crisis social y nunca abordando las problemáticas de desigualdad que también afectaban en materia de derechos humanos. Eso me hubiera parecido muy importante en una institución que aborda, por ejemplo, los derechos económicos, sociales y culturales“.

En esa línea añadió la “fricción” que generó al interior del INDH la presentación de acciones judiciales, lo que se agudizó por la reticencia que demostró Micco de reconocer la existencia de violaciones de derechos humanos en Chile, indicó Váldes. “Hubo toda una disputa justamente en ese contexto, en una institución que debería mantenerse al margen de lo que eran los planteamientos por parte de un Gobierno, porque es una institución autónoma“.

“Los crímenes de lesa humanidad, la querella, recién este año se discutió en el Consejo, algo que debería haberse discutido el año pasado o antepasado incluso, cuando había luces de una cierta sistematicidad o por lo menos un patrón de conducta de que correspondía presentar una acción judicial de esta manera”, sostuvo, añadiendo a ello el rezago en la querella contra los altos mandos de Carabineros, acordado por el Consejo en mayo de este año. 

Los desafíos del INDH

Abordando las que a su juicio son las tareas que tiene el Instituto para efectos de superar su declive, Váldes hizo hincapié en la necesidad de contar con un diagnóstico claro respecto de los aspectos que se deben implementar tanto en lo interno como externo del organismo. En ello, sostuvo que “esta crisis no se salva por el sólo hecho de elegir un nuevo director o directora que venga de fuerzas progresistas, si es que no se tiene un plan o líneas de trabajo clarísimas en torno a cómo recuperar esta institución”

En ese sentido, consideró relevante mejorar los canales de información con los trabajadores y trabajadoras y vincular sus puntos de vista; profundizar los seguimientos legislativos; devolver la característica técnica al Instituto a modo de realizar observaciones y recomendaciones adecuadas; avanzar en los informes de función policial atrasados; volver a discutir acciones judiciales y el rol en esa materia del Instituto; fortalecer las unidades que sufrieron una fuga de funcionarios y funcionarias y asimismo, a las unidades regionales.

Por otro lado, un elemento fundamental a juicio de Valdés es robustecer los vínculos con la sociedad civil, dando cuenta de los contenidos de la propuesta de Constitución en materia de derechos humanos y retornando a la observación de las manifestaciones. 

“No solamente participar en la asamblea y lo que significa la votación de los consejeros y consejeras de la sociedad civil, sino también generar actividades en conjunto. Por ejemplo, de qué manera se retroalimenta con información que principalmente tienen las organizaciones de la sociedad civil para la preparación de los informes anuales, pero también para las misiones de observación. En ese sentido de qué manera se mejora la confianza o la imagen del instituto, o cómo acercamos esta cultura entendiendo que un porcentaje no menor de la población votó por un candidato que no cree en la tesis de los derechos humanos o los relativiza“, sostuvo.

Por lo demás, consideró imperativo mejorar en materia de transparencia. “Que las sesiones puedan ser públicas en gran medida, que las actas se publiquen casi de forma inmediata para que la gente sepa que se discutió. Y que se modifiquen también los estatutos, porque hoy en día los consejeros y consejeras de forma muy lamentable pueden estar en el debate y decir ‘no quiero que esto quede en acta’ y decir cualquier cosa. Eso es impresentable en un organismo público que se rige bajo los principios de transparencia y de publicidad“, afirmó.