En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el exdirector de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y académico de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, abordó la aprobación de la Ley Nain-Retamal en la Cámara de Diputados y Diputadas, advirtiendo falta de eficacia en las medidas que allí se plantean y las potenciales consecuencias en materia de vulneración a los derechos humanos. 

Cabe destacar que la moción -que busca aumentar las penas y reducir los beneficios de quienes cometan delitos contra funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería, al tiempo que modifica el Código Penal para establecer la legítima defensa privilegiada en actuaciones vinculadas al ejercicio de la función policial- fue aprobada y despachada al Senado con la venía del Ejecutivo. Allí el Gobierno introducirá indicaciones al proyecto para que la regulación del uso de armas sea a través de una modificación al Código de Justicia Militar y no al Código Penal, como lo plantea el proyecto original.

En términos generales ¿Cómo evalúa este proyecto Nain-Retamal?

Yo creo que se están impulsando sobre todo porque son mociones parlamentarias de parlamentarios de derecha que han puesto como condición, para avanzar en otros temas, que se aprueben esas leyes. Ellos están en una política muy pro Carabineros para tratar de colocar al Gobierno en una posición contraria y entonces están creando esa polarización, esa división entre quienes apoyan a Carabineros y quienes no los apoyan. Pero yo creo que son leyes que tienen poca efectividad en lo que se está buscando hacer.

¿Por qué?

Porque cuando tú aumentas las penas supones que el delincuente tiene una suerte de racionalidad costo/beneficio y que va a estar evaluando que ahora, en vez de tener presidio menor en su grado máximo, va a tener presidio mayor en su grado mínimo, entonces que en vez de cinco a 15 años, puede tener una pena superior a los 15 años. Suponen una racionalidad que no es real, los delincuentes no creo que estén calculando la pena que puedan recibir eventualmente cuando cometen delitos. Ellos tienen esa actividad como su actividad permanente y van a estar en eso mientras no tengan una reinserción efectiva, por lo tanto parece que tiene poca efectividad el aumento de penas.

Ahora, si hablamos de las otras iniciativas, Nain, que tiene que ver más con la protección a Carabineros, a mí me parece excesivo, me parece que habían dos normas que están vigentes que le dan derecho al uso de arma del carabinero en caso de defensa personal, de defender su vida, o en caso que esté en riesgo la vida de un tercero y a mí me parece que esas figuras eran suficientes para que ellos tengan un amplio abanico de posibilidades de usar su arma y no esta norma que se está creando ahora, que les va a permitir usar el arma frente a cualquier amenaza, ataque, de cualquier tipo. Entonces, puede ser que eventualmente alguien le esté tirando unos palos y ellos estimen que eso amerite usar el arma y eso va a significar un deterioro en términos de derechos humanos muy importante.

Se ha sostenido que la aplicación de este tipo de mociones impulsan el “gatillo fácil” y que podrían llevarnos a un cuadro de alta mortalidad a partir del accionar de las policías, como ocurre en Estados Unidos ¿Lo avizora de esa forma?

Sí, yo creo que sí, porque tenemos una criminalidad muy activa en el país, tanto delincuentes nacionales como inmigrantes que han llegado ligados a bandas de tráfico de drogas y otro tipo de criminalidad, y ellos van a estar activos y van a seguir activos. Hay ahí un actividad delictual muy recurrente y eso va a significar que van a haber muchas acciones de enfrentamientos con las policías y van a terminar muertos a lo mejor jóvenes que están en su primer delito, o jóvenes que se vieron involucrados en un hecho, o inocentes que estaban ahí como testigos o estaban pasando, en fin. Yo creo que nos arriesgamos a que efectivamente ocurran muchas muertes y seamos cuestionados por temas de derechos humanos.

En lo que respecta al proyecto de ley Retamal, la ministra Carolina Tohá señalaba que el Gobierno está por reemplazar la modificación del Código Penal -que establece la legítima defensa privilegiada de la acción policial- por una modificación del Código de Justicia Militar ¿Eso se traduce a un cambio significativo del proyecto?

No creo que mucho, creo que se trata de quien toma la iniciativa. Entonces, frente a la iniciativa de los parlamentarios de derecha, están tratando de generar otras iniciativas que sean más propias y más de paternidad del Gobierno, pero creo que no cambia mucho la situación. El Código de Justicia Militar establece más o menos las dos figuras que yo describía al regir a Carabineros, esas dos circunstancias del uso del arma, entonces creo que lo otro no cambia mucho. Lo han dicho varios penalistas que es mucho más efectivo que hubiese una efectividad policial en la investigación, en atrapar a los responsables de estos hechos. Eso sí que podría disuadir más que el aumento de penas.

¿Y la reforma a las policías sería más efectiva? Varios parlamentarios han apuntado a esta como la medida óptima en cuanto aborda la seguridad en su integralidad. 

Yo creo que la reforma policial tenía otro objetivo, habíamos llegado a un minuto que distintos sectores del país habían reconocido la necesidad de una reforma a Carabineros, lo que ha pasado es que frente a esta coyuntura de mucha presión por la seguridad ciudadana, el Gobierno ha tenido que depender de Carabineros para poder hacer determinados operativos, ponerle atajo a una serie de hechos policiales y frente a eso creo que Carabineros y el Director General ha presionado para detener e inmovilizar la reforma a Carabineros.

La reforma a Carabineros está detenida e inmovilizada, ella pretendía un mayor control civil hacia esa institución en todos los aspectos, una modernización de su normativa interna, de su plan de capacitación y todo eso no se está abordando porque creo que la voluntad del General Director es frenar ese tipo de iniciativas.

¿Considera que se ha deteriorado el debate en materia de seguridad?

Yo creo que hay un deterioro evidente porque cuando tu legislas en coyuntura, te dejas llevar por pasiones y no aquilatas bien la proporcionalidad y la lógica que debe tener la penalidad en Chile. También lo han dicho penalistas expertos, hay que armonizar, entonces tu empiezas a levantar parches o a colocar penas a ciertos delitos dependiendo de las circunstancias. Si se usan menores, entonces legislamos y hacemos una norma en contra del uso de menores en la comisión de delitos, si después sucede que muere un Carabinero entonces se usa y se crea una norma específica para eso y tu no das una mirada de conjunto a nuestra normativa penal para que todo eso tenga una lógica, tenga una armonización. Entonces, el debate se ha deteriorado mucho porque se está usando políticamente, especialmente de parte de la oposición y por lo tanto, estamos en esa improvisación de normas que no conducen a nada muy efectivo.