Los integrantes de la comunidad mapuche María Colipi Viuda de Maril, de la comuna de Tirúa, denunciaron una serie de ejercicios militares, que durante el lunes 23 y el domingo 24 de julio, involucraron el corte de caminos con vehículos de guerra.

De acuerdo a la presidenta de la comunidad, Jovina Maril Liviqueo, estas actividades militares no solo impidieron que los niños y niñas del sector fueran a clases, sino que también fueron un obstáculo para el resto de los integrantes de la comunidad que, por ejemplo, no pudieron concurrir a horas médicas.

Asimismo, Maril señaló que también hubo inconvenientes causados por el aterrizaje de un helicóptero. “Eso fue muy cerca de los furgones escolares, algo que se ve claramente en los video, tiraron un polvo supuestamente para dar aviso de aterrizaje. Eso pasa en las guerras, cuando acá nosotros no tenemos guerra contra ellos, ni hay justificación, ni un enfrentamiento, nada. Nosotros nos tomamos esto como que el Estado nos está amedrentando”.

Desde la Armada, el jefe de la Defensa Nacional en el Bío Bío, Daniel Muñoz, aseguró que se trató de un operativo militar, “para resguardar la seguridad de la comunidad y asegurar el normal desarrollo de la vida de las personas”. Esto, luego de que supuestamente se registraran disparos injustificados entre la localidad de Quidico y el lago Lleu-Lleu.

Sin embargo, desde la comunidad plantean que dichos lugares no son parte de su territorio y que se encuentran a 10 y 30 kilómetros respectivamente. Por eso, la presidenta de la comunidad afirmó que la intervención militar no se justifica.

“¿Cómo puede haber un entrenamiento militar en una comunidad? Ellos tienen su espacio de hacer entrenamiento militar, entonces nosotros por eso también alzamos la voz y dijimos: no queremos más esto, porque no hubo justificación de lo que ellos hicieron”, afirmó Maril.

La presidenta de la comunidad además hizo un llamado al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para que presente un recurso de amparo por las posibles vulneraciones sufridas por los niños, e instó a las autoridades a dialogar con las comunidades antes de realizar este tipo de acciones.

“Si ellos tienen que buscar a alguien que lo busquen, pero no que hagan estos entrenamientos y si los van a hacer que avisen. Nosotros también somos una autoridad. Yo soy presidenta de la comunidad y soy una autoridad, por ende me gustaría que se me respeten para yo también respetarlos a ellos. Tiene que haber un respeto mutuo”, indicó.

Ante el caso, es importante destacar que según lo estipulado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las actividades militares no se pueden realizar en territorios de los pueblos indígenas, “a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados”.