“Esperamos que todo el oficialismo pueda respaldar la centralidad de este veto”. Así, instó esta tarde la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, a los parlamentarios oficialistas ad portas de que se inicie este martes la votación de las catorce observaciones del Ejecutivo a la Ley de Usurpaciones en la Comisión de Seguridad del Senado.
Esta semana se prevé además que la propuesta sea despachada a la Cámara de Diputados. Con el inicio de este proceso comienza un camino de definiciones en torno a la adhesión de las fuerzas políticas a la propuesta del Gobierno. Cabe destacar que dentro del propio oficialismo se han marcado puntos en contra, particularmente desde la bancada del Partido Comunista.
En ese esentido, Vallejo declaró que “evidentemente hay distintas apreciaciones tanto de la oposición como en el oficialismo pero esperamos que este veto pueda ayudar a que la Ley de Usurpaciones sea una ley que sirva, que no nos haga retroceder, que dé más seguridad y que nos permita mantener y resguardar el Estado de derecho sin afectar a las personas que por necesidades habitacionales viven en campamentos o en tomas de terreno”.
Además de instar a la oposición, Vallejo dijo esperar que “todo el oficialismo pueda respaldar lo que es la centralidad de este veto y que tiene que ver con no permitir ni avalar la Ley de la Selva“.
El Partido Comunista hizo llegar hace un par de semanas una declaración al Ejecutivo cuestionando la mantención de las penas de cárcel en la propuesta que -a juicio de la colectividad- criminaliza precisamente la necesidad habitacional. Eso sí, pese a que mantienen dichas líneas rojas ante el veto, se encuentran atentos a cómo saldrán las observaciones de la Comisión de Seguridad para pronunciar -formalmente- su postura.
Al respecto, la diputada Alejandra Placencia (PC) señaló que “lo que tenemos son algunas observaciones sobre aquellos aspectos que mantienen la posibilidad de que personas, familias que viven en campamentos, que están en situación de necesidad real y que no han podido acceder a políticas habitacionales a lo largo del tiempo, sean criminalizadas y tengan posibilidad de ir a la cárcel“.
Aunque la parlamentaria aseguró que la iniciativa del Gobierno corrige algunos aspectos “aberrantes”, sostuvo que “se equivoca el foco cuando se pretende criminalizar a las familias que están en una necesidad de vivienda digna“.
A su vez, el diputado Boris Barrera (PC) aseguró que apoyarán el veto sobre todo en relación a la “autotutela”, sin embargo, recalcó que todavía hay cosas pendientes que pueden perjudicar a la organización social, principalmente a los comités de vivienda que han utilizado la toma como una herramienta para reivindicar su derecho a vivienda.
“Creemos que es muy peligroso que esa persona por estar luchando por una vivienda termine en la cárcel, por eso es una de las cosas que nos preocupan y que, seguramente, antes de eso haremos algún punto en el Congreso y tal vez también va a haber alguna cosa que vamos a relevar“, declaró.
No obstante, desde el Socialismo Democrático se entregó un respaldo total a la propuesta del Ejecutivo. Así lo afirmó el diputado del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, quién declaró que, desde su colectividad, “vamos a respaldar el veto del Gobierno“.
En esa línea, Manouchehri aseguró que “el Gobierno está haciendo un veto correcto con gradualidad en las penas y que se hace cargo de tener una ley responsable, una ley que no va a permitir que haya autotutela por parte de las personas porque creemos que este problema tiene que solucionarse con la fuerza pública y no con las personas sacando de sus propios barrios y de las tomas a otras personas”.
Las definiciones del centro y la derecha política
Sin embargo, en la oposición sostienen los mayores cuestionamientos sobre la propuesta del Gobierno. De hecho, hasta este lunes por la tarde aún se barajan opciones para intentar salvar el “corazón del proyecto” relativo a la mantención de penas de presidio en todo tipo de usurpación.
El diputado y presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, afirmó que la eliminación de la autotutela es lo esencial del veto y, “por supuesto, que eso lo vamos a respaldar”.
“Respecto a otras materias, particularmente lo que tiene que ver con las penas, hay aspectos que no nos gustan del veto pero tenemos que analizarlos bien para ver cuál es el efecto que produce, recordemos que estos vetos, si es que se rechazan, el efecto es que se queda sin normas, por lo tanto, estamos en ese análisis específico, pero en lo central: la autotutela no es aceptable”, afirmó.
Desde Renovación Nacional, el diputado Diego Schalper declaró que, desde su colectividad se encuentran debatiendo la posición final a adoptar pero recalcó que “estamos bastantes distantes de la postura del Gobierno“.
En esta colectividad también esperan la etapa de la calificación final del veto, que hoy se estudia como una opción para rescatar gran parte de la propuesta que emanó del Congreso. “Esa etapa es importante para ver cómo se va a votar ese veto porque obviamente que el camino que nadie quiere es que finalmente no salga una ley”, señaló el diputado y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, Andrés Longton (RN).
“Nosotros esperamos que en el Senado se califique como corresponde el veto y, en atención a eso, veremos si sale un proyecto más parecido o no respecto a lo que aprobó el Congreso“, aseguró Longton.
Por su parte, el diputado de la UDI, Henry Leal, afirmó que desde el gremialismo abogan por rechazar el veto del Ejecutivo. “La usurpación siempre es violenta y no me parece adecuado que se entregue la posibilidad de aplicar una multa, por eso, en esa parte, ninguna posibilidad que podamos respaldarlo”, apuntó.
“Hágase responsable el Presidente Boric y la ministra Tohá de su decisión, pero no cuenten con mi voto como diputado de La Araucanía para evaluar esta situación, en esa parte no vamos a respaldar el veto, lo rechazamos categóricamente“, concluyó.
