Luego de que se dieran a conocer la eventual intervención del abogado Luis Hermosilla en el nombramiento del ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus y el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, los miembros del máximo tribunal se reunieron este martes para fijar su postura.

Tras la instancia, el secretario del la Corte Suprema, Jorge Sáez, leyó una escueta declaración, en que los ministros recordaron que el proceso de nombramiento de jueces depende de los tres poderes del Estado.

“Correspondiendo al poder judicial la elaboración de una quina al Ejecutivo, efectuar una propuesta y al Senado su ratificación y en el caso de los demás miembros del escalafón primario, el poder judicial elabora una terna y compete al Ejecutivo el respectivo nombramiento”, indicaron.

En ese contexto, los jueces aseguraron que son “conscientes de que el sistema constitucional y legal vigente podría permitir algunos espacios de opacidad”, por lo que han adoptado “medidas en aras de velar por la objetividad y transparencia en los concursos para los cargos de jueces y ministros”, entre ellas “la celebración de audiencias públicas para escucharlos en igualdad de condiciones”.

En esa misma línea, los magistrados enfatizaron en que la Corte “se ha manifestado reiteradamente de manera favorable en orden a revisar el proceso de nombramiento de los miembros de la juridicatura, como lo hizo presente al informar el proyecto de ley que crea la Comisión Nacional de nombramientos judiciales (…) y ha instado por cambios en el sistema en los procesos constituyentes recientes”.

Por último, respecto a las eventuales sanciones como consecuencia del caso Hermosilla, los ministros señalaron que el poder judicial “continuará ejerciendo sus facultades disciplinarias para corregir prácticas o conductas que infrinjan la normativa vigente, con el objeto de preservar su independencia y correcta administración de justicia”, concluyeron.