Personal del OS-7 de Carabineros llegó hasta el domicilio de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, suspendida de sus funciones por su responsabilidad en irregularidades detectadas en sus conversaciones con el abogado Luis Hermosilla, imputado y detenido en el marco del caso Audio, para incautar su teléfono y otros dispositivos para ser periciados.

La diligencia fue ordenada por la Fiscalía, pero según la defensa de la ministra, encabezada por el abogado Juan Carlos Manríquez, fueron ellos los que se comunicaron con el Ministerio Público para poner estos aparatos a disposición de la investigación.

Manríquez informó que la jueza pidió a la fiscal de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, que la diligencia se realizara en su domicilio.

Mediante un video, el abogado Manríquez informó que “en relación con las indagaciones ordenadas por el señor fiscal nacional y que fueron dispuestas a la Fiscalía de Los Lagos, a la señora Wittwer, esta defensa ha tomado contacto con la Fiscalía Metropolitana Oriente y con la Fiscalía de Los Lagos para poner a disposición a la señora Vivanco para todas las diligencias que se estimen pertinentes”.

“De la misma manera, hemos solicitado que nos hagan llegar íntegras copias de los chats que se le atribuyen a las conversaciones de ella con el señor Hermosilla para poder contrastarlos, verificarlos, hacer un control cruzado si efectivamente están íntegros, completos, no editados, si existen, cuál es su contexto”, añadió.

Asimismo, la defensa destacó que pusieron a disposición de esa Fiscalía los equipos electrónicos de la señora Vivanco, tanto su teléfono y como un computador, con el objetivo de “llevar adelante una investigación abierta, franca, en un proceso leal, justo y honesto, que permita avanzar en el total esclarecimiento de estos hechos que tienen tan conmovido al sistema judicial y político nacional”.

La Fiscalía de Los Lagos, mediante un comunicado, confirmó “la incautación voluntaria de diversos equipos tecnológicos a la ministra Ángela Vivanco Martínez”, en el marco de la investigación que dirige la fiscal Wittwer.

Confirma además que la magistrada es investigada por eventuales delitos de negociación incompatible, cohecho y tráfico de influencias, en el contexto de la causa en que fue parte Codelco y la empresa Consorcio Belaz Movitec SpA (CBM).