“Están buscando una vía oblicua para sacar a este juez que está fallando en contra, o no está acorde a sus intereses”. De esa manera, el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, apuntó a la presunta intencionalidad política detrás de la acusación constitucional que Chile Vamos está impulsando en su contra.

Este martes 15 de octubre, el pleno del Senado comenzará a revisar los libelos en contra de Ángela Vivanco y el juez Muñoz. La primera, ya fue destituida de su cargo de ministra por la Corte Suprema, debido a sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla; y el segundo, podría ser sacado del Poder Judicial por el Congreso, si es que los parlamentarios dan mérito a la imputación de que entregó información confidencial a su hija, para la compra de un departamento.

El pasado miércoles la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional en contra de ambos magistrados, sin embargo, dicha votación no estuvo exenta de polémica. Parlamentarios oficialistas criticaron el hecho de que las dos acusaciones hayan sido votadas en conjunto e incluso, algunos acusaron una operación política, relacionada con la trayectoria del ministro.

Consultado respecto a los declaraciones de Muñoz -quien además de cuestionar la intención de la acusación, se defendió de los hechos que se le imputan- el diputado del Partido Socialista (PS), Leonardo Soto, fue más allá que el juez y señaló que se trata de “la persecución política más brutal que se ha conocido desde la vuelta a la democracia”.

El parlamentario afirmó que el votar las acusaciones juntas fue una “trampa constitucional”, motivada por la animadversión de la derecha hacia Muñoz.

De acuerdo a Soto, en ese sector habría molestia por las decisiones que el magistrado ha tomado en distintos juicios, relacionados con los derechos de los consumidores (en el caso del fallo de la Suprema contra las isapres) y la protección del medio ambiente.

“Para ciertos sectores de la derecha, que defienden a las isapres, que defienden las AFP, que defienden a las grandes cadenas farmacéuticas y a los grandes proyectos depredadores del medio ambiente, el juez Sergio Muñoz se ha constituido en un enemigo”, estimó el diputado PS.

Flavia Torrealba, presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS) -partido que cuenta con dos representantes en el Senado- coincidió con la tesis de que la acusación constitucional no solo tiene que ver con las presuntas faltas del ministro de la Suprema.

Torrealba además destacó el aporte del juez Muñoz a la jurisprudencia en temas fundamentales para la sociedad. A su juicio, “las decisiones de la Tercera Sala que él integra han marcado un avance significativo en la defensa de causas que, en otros tribunales especializados, como el de la libre competencia o los tribunales ambientales, no han recibido la misma atención”, dijo.

Asimismo, la presidenta del FREVS relevó que Muñoz “ha sabido interpretar las leyes de manera que se alineen con principios esenciales”.

“Es necesario y fundamental recordar que las leyes son interpretables y precisamente por eso, se necesita a jueces que puedan aplicar las normas en contextos específicos. Gracias a esa labor la jurisprudencia se enriquece y se adapta a la realidad cambiante de nuestra sociedad”, enfatizó.

Presidente de la UDI, Guillermo Ramírez: “No es un juicio sobre sus sentencias”

Desde el propio Chile Vamos, los dichos de Muñoz fueron desestimados. El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez aseguró que el ministro de la Corte Suprema, “en vez de responder las causales que nosotros ponemos en el libelo, que merecen su destitución, decide desviar la atención y decir algo que es falso”.

“Él lo que dice es que nosotros hemos presentado la acusación porque no nos gustan sus sentencias, pero esto no es un juicio sobre sus sentencias. Nosotros estamos haciendo un juicio sobre hechos que van más allá de la labor jurisdiccional del ministro y será el Senado, el que va a analizar el libelo, va a analizar los hechos, las pruebas que hemos presentado y va a determinar si amerita o no su destitución”, dijo.

En esa misma línea, Ramírez indicó que “nosotros ya hablamos a través de nuestro voto y el 60% de la Cámara de Diputados tomó la decisión y consideró que sí se justificaba que lo viera el Senado y créanme, nosotros no tenemos el 60% de la Cámara”, concluyó.