La iniciativa contempla un nuevo estado de excepción, cambios en las atribuciones del Ejecutivo y un mecanismo para declarar organizaciones terroristas. La propuesta deberá reunir apoyos fuera del oficialismo para avanzar en el Congreso.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, señaló que los cambios a la Constitución establecerán “algunas inhabilidades particulares y no generales” para personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado, terrorismo o narcotráfico.
El presidente del gremialismo advirtió que la propuesta del Gobierno incorpora excepciones a principios generales que debilitarían la Constitución, en particular por los nuevos artículos referidos al crimen organizado.
En la previa al pronunciamiento del Senado, el Presidente Kast encabezó una reunión con senadores de la UDI para asegurar los votos. En paralelo, los ministros Alvarado y García lideraron tratativas con la oposición, pero sin llegar a puerto.
El cientista político Mario Herrera planteó que la discusión desvía la atención de la agenda del Ejecutivo y le otorga un “respiro” al Gobierno, al tiempo que expone el debate sobre la identidad política de la tienda fundada por el Presidente Kast.
El Gobierno evitó abordar las declaraciones de la exvocera de La Moneda. Mientras, los partidos oficialistas se desmarcaron de las acusaciones y destacaron que las “situaciones de Estado merecen silencio y lealtad eterna”.
Tras impugnar la invariabilidad tributaria mediante un documento con respaldo desde la DC hasta el PC ante el Tribunal Constitucional, la UDI acusó que en la izquierda “pareciera que no hay” un “interlocutor válido” para el Gobierno.
Desde La Moneda, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, evitó fijar la postura del Gobierno sobre la iniciativa y aseguró que su foco está puesto en apoyar a las familias e incentivar la natalidad.
Tras el impasse con el ministro Quiroz, los parlamentarios Loreto Carvajal y Ricardo Celis anunciaron que no respaldarán la norma. En tanto, el senador Pedro Araya condicionó su voto a una rebaja en el impuesto específico a los combustibles.
Analistas políticos advierten que el Ejecutivo debe asumir su liderazgo ante sus propias filas, dado el alto costo de gobernar sin coalición. Además, cuestionan que el Partido Republicano siga en la dinámica de enfrentarse a la oposición.
La UDI criticó a la izquierda por pedir militares en las calles cuando no está dispuesta a que utilicen su armamento. Mientras, expertos advierten que la discusión devela la ausencia de un consenso nacional respecto al combate al crimen organizado.
El republicano abrió dos flancos en el sector: uno con el jefe de bancada de RN, Diego Schalper, tras anunciar que no respaldará el libelo contra el exministro de Hacienda; y otro con Evelyn Matthei, a quien calificó como una figura “no relevante”.
La diputada Gael Yeomans (FA), integrante de la Comisión de Trabajo, expresó dudas sobre el posible impacto al seguro de cesantía. Mientras, dirigentas de los gremios de la educación parvularia pidieron mayor protagonismo del sector público.
En el oficialismo no todos están convencidos de apoyar la acusación constitucional. En la oposición, el diputado Nelson Venegas (PS) apuntó a la posibilidad de que sea el Gobierno quien esté detrás de esta acción parlamentaria.
El timonel de la UDI sostuvo que evaluarán el texto en su mérito, pero señaló que “la forma en que esto fue presentado generó molestias” en su colectividad y llamó a la Segpres a coordinar “medidas radicales” con las bancadas oficialistas.
Los partidos del progresismo presentaron 10 propuestas de consenso, a las que después se sumaron las de cada colectividad y de parlamentarios individuales. La Democracia Cristiana aportó con 102 y el Partido de la Gente con 152.
La ministra de Seguridad defendió su gestión operativa en Antofagasta frente a las críticas por la crisis delictual, mientras Chile Vamos prepara una ofensiva legislativa ante las denuncias de inacción por parte de la centroizquierda.
