Este lunes se dio a conocer que la abogada Ana María Watkins presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en favor del destituido ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Acción legal que busca dejar sin efecto la acusación constitucional (AC) contra el juez que terminó con su remoción del máximo tribunal el pasado 16 de octubre.

Según el documento al que tuvo acceso CNN Chile, Watkins solicita al tribual que “restablezca de inmediato el imperio del derecho, ordenándole a los recurridos dejar sin efecto la acusación constitucional colectiva en lo que respecta al señor Muñoz y todos los perniciosos efectos que de ella se derivan, debiendo retrotraerse las cosas al estado anterior a la acusación colectiva, con costas, todo de acuerdo a los fundamentos de hecho y de derecho que a continuación expongo”.

El recurso de protección busca anular el libelo acusatorio que fue presentado simultáneamente contra Muñoz y Ángela Vivanco -quien también fue destituida-. En ese sentido, el texto ingresado ante la Corte de Apelaciones argumenta que la AC se basa en “hechos distintos” y que la Cámara Baja actuó de manera arbitraria cuando combinó las acusaciones contra los dos magistrados por motivos no vinculados entre sí.

En tanto, el abogado de Sergio Muñoz, Jorge Correa Sutil, aclaró que este recurso se interpuso sin consentimiento ni conocimiento del suspendido juez.

¿Por qué fue destituido Sergio Muñoz?

El pasado 16 de octubre el Senado destituyó al ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, luego de que éste haya sido acusado de una presunta irregularidad cometida en el caso inmobiliario que involucró a Fundamenta y a su hija, la jueza del Duodécimo Juzgado de Garantía de Santiago, Graciel Muñoz, de la cual se habría visto favorecida.

A Muñoz se le cuestionó también por no informar que su hija, en el contexto de la pandemia del Covid-19, se encontraba desempeñando sus funciones a través de teletrabajo desde Italia, situación que no estaba permitida.

Así, la aprobación de la acusación constitucional contra Muñoz significó su destitución, junto con inhabilitarlo de asumir cualquier cargo público durante cinco años, ya sea por elección popular o no.