Este jueves los abogados Raimundo Palamara y John Reid, acudieron a las dependencias del Tribunal Constitucional (TC) para pagar la multa que permitirá destrabar el requerimiento que presentaron en contra de la ministra de Defensa, Maya Fernández.
Esta acción se está llevando a cabo a propósito de la frustrada compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Los abogados alegan que al haberse celebrado un contrato con el Estado, se vulneró la Constitución, mientras que la defensa de la ministra argumenta que no hubo tal falta porque el contrato no fue inscrito en el Conservador de Bienes Raíces y solo se llegó a la etapa de promesa de compraventa.
Durante la jornada del miércoles, el Tribunal Constitucional había decidido condicionar el trámite de este requerimiento al pago de 500 mil pesos por parte de cada uno de los abogados, amparándose en la Ley Orgánica del TC.
De acuerdo al artículo 118 de dicha legislación, el cual busca garantizar la responsabilidad de los reclamos elevados al TC, “las personas naturales o jurídicas que no sean órganos constitucionales (…) estarán obligadas a afianzar las resultas de su acción a satisfacción del Tribunal”.
Palamara y Reid concurrieron de manera casi inmediata a pagar la multa respectiva y anunciaron que, de acuerdo a lo que les señaló el mismo tribunal, este se pronunciará sobre la admisibilidad del requerimiento el próximo 10 de febrero.
La ministra de Defensa, Maya Fernández. Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile
“Tal como ordenó el Tribunal Constitucional teníamos que rendir fianza porque lo que señaló el tribunal, conforme lo señala el artículo 118 de la Ley Orgánica que los rige, es que tenemos que rendir fianza para asegurar el resultado de la acción, para demostrar que es una acción seria contra la ministra Maya Fernández”, detalló Palamara.
El abogado agregó que “la acción legal la presentamos ante el silencio de los partidos políticos, en este caso de oposición, Chile Vamos y Republicanos”. “Vimos la necesidad de que se haga efectiva no solo la responsabilidad penal, también la responsabilidad constitucional en contra de la ministra Maya Fernández, porque no puede quedar impune un hecho tan grave y evidente como este”, aseguró.
Por su parte, John Reid aclaró que como el TC no puede destituir a la titular de Defensa, el principal objetivo de su requerimiento “es lograr que el tribunal declare la inhabilidad de la ministra Fernández Allende, para que en definitiva sea el Presidente quien le pida el cargo a la ministra”.
Reid además destacó el hecho de que se trata de una acción ciudadana, “supliendo la falta de iniciativa que tuvieron los políticos” y afirmó estar confiado de que el TC “tiene un rol que jugar para defender la Constitución y nos van a dar la razón”.
“Nosotros creemos que en marzo recién va a ser la vista de la causa y si es que tomamos los tiempos del Tribunal Constitucional en otras causas que han habido esto debería tomar, en total, unos seis meses”, pronosticó.
Carolina Tohá: “Lo importante es lo que diga la investigación”
En paralelo a lo que estaba ocurriendo en el TC, un reportaje de Ciper generó reacciones a nivel político. La investigación denuncia que miembros del equipo de la cartera de Bienes Nacionales habrían advertido sobre los riesgos de la compra de la casa de Allende, principalmente por los cuestionamientos que la opinión pública podría hacer a que se beneficiará a una ministra en ejercicio.
Por su parte, la entonces ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval. le habría avisado de esto mismo al asesor de Presidencia, Leonardo Moreno y este habría dicho que se trataba de un problema comunicacional, que sería manejado por Presidencia.
La ex ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval. Foto: Aton.
Consultado sobre el tema, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, recalcó que el reportaje de Ciper no habla de advertencias del equipo de Bienes Nacionales sobre una posible inconstitucionalidad, sino de advertencias de carácter político.
Mientras, la ministra del Interior, Carolina Tohá, indicó que se trata de antecedentes publicados por la prensa y que desde el Gobierno esperarán los resultados de la investigación judicial en curso, para tomar nuevas decisiones.
“Lo importante es lo que diga la investigación, son elementos que van a estar en el debate, pero hay una investigación penal y un sumario y ahí es dónde van a estar las claves que oficialmente van a establecer los hechos. De ahí se derivaran las decisiones que corresponde tomar en todos los terrenos”, dijo.
Cabe mencionar que la indagación judicial por el caso de la casa de Allende es liderada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper y en ella figuran como imputadas por el delito de fraude al fisco, la senadora Isabel Allende, la ministra Maya Fernández y la ex titular de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval.
