La Contraloría General de la República (CGR) emitió el dictamen N° D263 de 2026, una resolución que marca un giro significativo en la gestión de inmuebles estatales. El organismo ordenó a todos los servicios públicos y municipalidades del país regular la asignación, el uso y el término de las viviendas fiscales y municipales mediante normativas internas. Según el pronunciamiento, la legislación vigente no consagra un derecho indefinido sobre estos bienes, por lo que las autoridades están facultadas para poner fin al beneficio si las condiciones originales que lo motivaron cambian.

El ente contralor enfatizó que el uso prolongado o irregular de estas propiedades atenta contra el principio de equidad funcionaria y la correcta administración del patrimonio. Al tratarse de bienes escasos, el dictamen subraya que las jefaturas deben ejercer activamente sus facultades administrativas para garantizar que los inmuebles cumplan con su fin público específico. No obstante, se mantiene el resguardo legal que impide retirar una vivienda ya concedida para beneficiar arbitrariamente a un funcionario de mayor jerarquía.

Plazos fatales y nuevos reglamentos internos

La disposición de la Contraloría General de la República establece un calendario estricto para que las instituciones ajusten sus procedimientos:

Todas las jefaturas de servicio y autoridades edilicias cuentan con un máximo de 60 días hábiles para dictar o actualizar sus reglamentos e instructivos internos. Estas nuevas normas deberán detallar obligatoriamente los requisitos de postulación, las condiciones de mantención, el pago de consumos básicos y los mecanismos de fiscalización. Asimismo, cualquier acto administrativo relacionado con la asignación o el cese del beneficio deberá estar debidamente fundado bajo los parámetros de la Ley N° 19.880.

Con este nuevo criterio, la CGR deja sin efecto toda jurisprudencia administrativa anterior que resulte incompatible con el dictamen de este 2026. La medida busca profesionalizar la administración de las viviendas municipales y fiscales, evitando que se conviertan en beneficios permanentes ajenos al control jerárquico. Las autoridades ahora tienen la responsabilidad de establecer plazos máximos de ocupación, asegurando que estos recursos habitacionales roten conforme a las necesidades reales del servicio público y al interés general de la nación.