La política chilena vive desde hace años en dos universos paralelos: mientras el debate parlamentario se vuelve cada vez más crispado y performático -para mal-, quienes gobiernan el territorio concreto desde las municipalidades parecen hablar un lenguaje mucho más cercano a la realidad cotidiana. Quizás por eso resulta tan significativo que alcaldes de mundos políticos muy distintos coincidan en críticas hacia varias de las políticas impulsadas por el gobierno del Presidente Kast, en especial el recorte a la salud primaria y el desfinanciamiento del Fondo Común Municipal. No se trata, entonces, de una disputa ideológica, sino de una advertencia desde los territorios a las lógicas del gobierno central. El alcalde no administra teorías, administra las consecuencias de la transformación de esas teorías en políticas públicas. Ve mejor que nadie cuándo una decisión tomada en La Moneda comienza a transformarse en un problema concreto en el consultorio, en la escuela, en la seguridad de un barrio o en la calidad de vida de una comunidad.

La declaración en esta radio del alcalde de Estación Central sobre un “diálogo de sordos” entre el Gobierno y el mundo municipal es una descripción política que debería hacer saltar las alarmas en palacio. Y cuando distintos alcaldes -Bellolio de Providencia, Luksic de Huechuraba, Daniela Norambuena de La Serena o Muñoz de Estación Central, entre varios otros- convergen en diagnósticos similares, pese a pertenecer a sensibilidades políticas diferentes, se erigen como una señal insoslayable en la deliberación de las autoridades. Mientras el sistema político nacional suele organizarse en torno a identidades ideológicas nítidas, el territorio obliga a una racionalidad más práctica, menos doctrinaria y mucho más conectada con las urgencias reales de las personas.

La historia reciente de Chile, además, demuestra que los alcaldes suelen detectar antes que el poder central las fracturas -a veces profundas- de la sociedad. Ocurrió durante la pandemia, cuando fueron algunos municipios los primeros en advertir sobre el agotamiento de los equipos humanos de la atención primaria, el deterioro de la salud mental y el impacto social de la crisis económica. Ocurrió también en materia de seguridad, donde durante años alcaldes de distintas tendencias alertaron sobre el deterioro del espacio público y el avance de dinámicas delictuales que el debate nacional tardó tiempo en asumir en toda su magnitud. Y vuelve a ocurrir hoy, cuando diversos municipios advierten que ciertas reformas o recortes podrían terminar afectando directamente servicios esenciales para la población. No porque los alcaldes posean como personas una sabiduría superior, sino porque ocupan el lugar institucional donde las políticas muestran su verdad material.

Además de las consecuencias de la inspiración doctrinaria de algunas decisiones anunciadas por el Ejecutivo, sería prudente también precaverse de la inercia del problema estructural y antiguo del centralismo chileno, que lleva a que muchas veces se diseñen políticas desde una distancia inconveniente respecto de las complejidades territoriales. Pero, además, gobernar un país complejo exige capacidad de escucha. Y escuchar no significa simplemente recibir opiniones, sino reconocer que ningún gobierno posee por sí solo toda la información necesaria para comprender la totalidad de la realidad social. Los municipios funcionan, precisamente, como sensores que pueden ayudar a las decisiones de La Moneda. Perciben antes las tensiones, los malestares y las fragilidades que luego terminan expresándose en la política nacional. Ignorar estas señales, como según señalan los alcaldes parecería estar sucediendo, podría, además las consecuencias ya descritas, perjudicar al Gobierno aislándolo de las mayorías que lo llevaron a La Moneda.