Además, el Observatorio para la protección de los Defensores de Derechos Humanos llamó a las autoridades de Chile a absolver a la machi Francisca Linconao y a los mapuches procesados bajo la Ley Antiterrorista.
En conversación con nuestro medio, el coordinador del Comando Unitario de ex prisioneros políticos, Nelson Aramburú, denunció que la reparación a las víctimas requiere una connotación jurídica, social y ética, pero que en los últimos años, solo se habla del dinero sin considerar los convenios internacionales a los que Chile está sujeto.
El director ejecutivo de la fundación, Felipe Arteaga, cree que el foco de las políticas públicas para abordar el hacinamiento y el allegamiento ha sido errado. Desde su punto de vista, “hay un problema de visión y de política pública”, sobre todo considerando que el 90% del déficit habitacional está situado en las familias allegadas y hacinadas.
Quien fuera condenado a diez años de presidio por el “caso Torres de San Borja” fue captado en un vídeo dado a conocer póstumamente y en el que anuncia el lanzamiento de un libro en el que cuenta la “verdad” sobre los detenidos desaparecidos.
La Operación Alfa Carbón cobró la vida de siete miristas durante la dictadura en falsos enfrentamientos orquestados por los organismos de inteligencia. Las viudas e hijos de las víctimas sienten preocupación ante la posibilidad de que el ministro Carlos Aldana no dicte cárcel efectiva, miedo que se alimenta de las prácticas de impunidad realizadas por el Estado en los últimos meses.
La muerte de Lissette reveló un secreto a voces en lo que respecta a la realidad dentro de los centros de menores. A dos años de ello, las promesas desde el Ejecutivo crecen pero, en lo concreto, no hay iniciativas reales que permitan visualizar un camino que implique un cambio en el tratamiento de los niños.
Ante la propuesta del Ejecutivo para otorgar beneficios como arresto domiciliario a condenados por delitos de lesa humanidad, diversas críticas surgieron respecto de la pertinencia de implementar dichas salvaguardas.
Esta es la primera etapa de un proceso que continuará en septiembre próximo cuando se realice una nueva entrega de títulos póstumos. El objetivo es reconocer a todos aquellos alumnos que fueron desaparecidos o ejecutados durante el Régimen Militar.
El presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, omitió poner en la tabla del pleno una causa relacionada a la “Operación Cóndor” y, en la actualidad, gran parte de las causas de la región de Ñuble están detenidas.
Diversas ONG’s vinculadas a la niñez, estudiantes secundarios e instancias sindicales anunciaron el trabajo conjunto con parlamentarios para avanzar en una normativa que asegure representación de todos los sectores.
Convocada por la familia del joven desaparecido en Alto Hospicio para este lunes, dos días antes de la entrega de la condena por parte de los jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Iquique que se comunicará este miércoles 11 de abril, y luego de seis días de la entrega del veredicto, la movilización está programada a las 11:00 hrs. desde el Liceo Politécnico.
La resolución surgió luego de que Carabineros extraviara nueve obras expuestas por Londres 38 en el marco de la conmemoración de los 40 años del Golpe de Estado. Gloria Elgueta, vocera del espacio de memoria, indicó que la intervención se produjo porque la institución determinó que las piezas podían afectar el orden público, argumento que calificó como grave.
Después de conocido el dictamen acusatorio contra el ex alcalde de Providencia como autor del delito de torturas, el jurista querellante en la causa, Roberto Ávila, adelantó las acciones que podrían significar prisión efectiva para el ex agente de la DINA.
En entrevista con Radio y Diario de la Universidad de Chile, el parlamentario del Partido Comunista se refirió a los últimos acontecimientos judiciales que han marcado la imagen del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Una nueva amenaza de desalojo viven los habitantes del campamento René Schneider en Antofagasta. La alerta se encendió a raíz de una nueva ofensiva del gobierno provincial para frenar el levantamiento de nuevas tomas. Pablo Rojas, de la ONG Fractal, apunta a la cobertura de los subsidios como la razón de la creación de nuevos campamentos:
