Este lunes los ministros de justicia y de gobierno del país vecino firmaron la resolución que otorga dicho estatus a Alfonso Ossandón, luego de que llegara a Bolivia en marzo de este año.
El abogado defensor en la causa del caso Luchsinger Mackay lamenta la sentencia leída por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco. A su juicio, los magistrados cedieron ante presiones de poderes fácticos y políticos, todo en un contexto ” de consolidación del Estado policial, mas no de derecho, donde se permite a las policías, a las fiscalías y a los jueces, hacer lo que quieran”.
El abogado querellante, Miguel Yañez, indicó a Radio y Diario Universidad de Chile que si bien se hace “algo” de justicia, los recintos en que cumplirán sus penas son verdaderos “hoteles carcelarios”.
Tres de los once acusados por la muerte del matrimonio fueron sentenciados como autores del delito de incendio con resultado de muerte con carácter Antiterrorista. Para la abogada defensora, Manuela Royo, el fallo tuvo motivaciones políticas.
El representante de uno de los tres condenados por el caso Luchsinger-Mackay, Pablo Ortega, criticó lo “ilógico” del veredicto entregado por el TOP de Temuco, el cual no entregó información concreta sobre cuál es la prueba que incrimina al histórico dirigente mapuche.
El veredicto definió que los otros ocho imputados quedaran absueltos, entre ellos la machi Francisca Linconao.
Después de la bochornosa actuación del diputado UDI Ignacio Urrutia, y el retiro de la iniciativa del bono reparatorio para los ex presos políticos, las organizaciones de víctimas han activado distintas líneas de acción. Mientras los parlamentarios van tras los pasos del ministro de Justicia, Hernán Larraín.
Muchas interrogantes nacen de estas acciones de albergue, de sostén, llevadas a cabo por individuos, y a veces, por ciudades y pueblos, ahí donde el Estado no está desempeñando su rol. Todos tienen que confrontarse a los límites de sus posibilidades y de sus recursos. Nadie debería olvidar que fue puesto en esta situación por políticas de Estado.
Hoy inició el proceso de regularización de los inmigrantes que no han formalizado su ingreso a Chile. El plazo es de 30 días para quienes entraron por pasos ilegales y de 90 días para aquellos que lo hicieron por las vías habilitadas como el aeropuerto o los pasos fronterizos. El Estadio Víctor Jara fue el principal lugar donde acudieron los inmigrantes.
Además, el Observatorio para la protección de los Defensores de Derechos Humanos llamó a las autoridades de Chile a absolver a la machi Francisca Linconao y a los mapuches procesados bajo la Ley Antiterrorista.
En conversación con nuestro medio, el coordinador del Comando Unitario de ex prisioneros políticos, Nelson Aramburú, denunció que la reparación a las víctimas requiere una connotación jurídica, social y ética, pero que en los últimos años, solo se habla del dinero sin considerar los convenios internacionales a los que Chile está sujeto.
El director ejecutivo de la fundación, Felipe Arteaga, cree que el foco de las políticas públicas para abordar el hacinamiento y el allegamiento ha sido errado. Desde su punto de vista, “hay un problema de visión y de política pública”, sobre todo considerando que el 90% del déficit habitacional está situado en las familias allegadas y hacinadas.
Quien fuera condenado a diez años de presidio por el “caso Torres de San Borja” fue captado en un vídeo dado a conocer póstumamente y en el que anuncia el lanzamiento de un libro en el que cuenta la “verdad” sobre los detenidos desaparecidos.
La Operación Alfa Carbón cobró la vida de siete miristas durante la dictadura en falsos enfrentamientos orquestados por los organismos de inteligencia. Las viudas e hijos de las víctimas sienten preocupación ante la posibilidad de que el ministro Carlos Aldana no dicte cárcel efectiva, miedo que se alimenta de las prácticas de impunidad realizadas por el Estado en los últimos meses.
La muerte de Lissette reveló un secreto a voces en lo que respecta a la realidad dentro de los centros de menores. A dos años de ello, las promesas desde el Ejecutivo crecen pero, en lo concreto, no hay iniciativas reales que permitan visualizar un camino que implique un cambio en el tratamiento de los niños.
