En el marco de la querella interpuesta por el exintendente de Valdivia.
Este jueves, la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la detención del ex general de Ejército Carlos Oviedo Arriagada, hermano del actual comandante en jefe, Humberto Oviedo, acusado de encubrir un homicidio ocurrido en 1974. “Para nosotros es una gran alegría cómo avanzan las causas”, aseguró la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.
La iniciativa presentada por el Gobierno fue ingresado a una comisión con exceso de trabajo legislativo. Expertos advierten que se trata más bien de una salida mediática de las autoridades y que no cuenta con argumentos contundentes para revertir la crisis del servicio.
A la situación del vocero de Modatima, se suman otros casos de activistas sociales que acusan amedrentamientos y presiones ejercidas presuntamente por las empresas contra las que protestan. Este miércoles, la comunidad de Petorca presentó un recurso de protección por las amenazas recibidas por Mundaca.
La presidenta Michelle Bachelet negó la solicitud de indultos presentada por el abogado Raúl Meza para cuatro internos del penal Punta Peuco. Para el abogado de DDHH, Francisco Jara, estas solicitudes corresponden a una campaña de impunidad que busca posicionar a las víctimas como personas inhumanas.
La Contraloría General de la República detectó el pago de sobreprecios por parte de la Conadi en la compra de siete terrenos particulares reclamados por comunidades indígenas. Los trabajadores de Conadi solicitaron una reunión con el contralor Jorge Bermúdez porque afirmaron que no hay un procedimiento claro para resolver la restitución de tierras ancestrales.
Dos murieron en la cárcel, dos siguen esperando algún gesto que les permita vivir sus últimos días en la comodidad de sus casas. Cuando tuvieron el poder no conocían la palabra clemencia ni un sentido de humanidad.
Nueve gendarmes fueron condenados por apremios ilegítimos contra internos en Calama. El hecho se suma a una lista de denuncias que acusan torturas y malos tratos de parte de la institución. Querellantes sostienen que hay un abuso de la fuerza por parte de los organismos que ejercen control.
Mientras su visita fue criticada por la extrema derecha y Osvaldo Andrade, el ex magistrado participó de un foro sobre genocidio en Chile, organizado por el Partido Socialista.
Según el abogado de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Francisco Jara, los 33 responsables de crímenes de lesa humanidad serán trasladados a Colina 1 en pasillos distintos a la población penal común. En este sentido, el jurista exigió que se debe avanzar en el cierre de “cárceles de lujo”.
Se supone que La Moneda enviará mañana al Congreso el proyecto de división del Servicio Nacional de Menores, que establecerá un ámbito para menores infractores y otro para menores víctimas de abusis. En la antesala, funcionarios de la entidad denunciaron la crítica situación que se vive en el Centro de Til Til, donde se produjo un enfrentamiento que dejó a 10 personas heridas. Acusan que ni la directora, Solange Huerta, ni el titular de Justicia, Jaime Campos, han querido tomar cartas en el asunto.
En los próximos días se llevarán a cabo una serie de actividades para no olvidar los hechos sucedidos en uno de los centros de tortura más crueles de la dictadura cívico militar.
La petición, realizada por la defensa de la autoridad ancestral imputada por el caso Luchsinger Mackay, espera que se cambie la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario nocturno.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos se refirió a la condena emitida por la Corte Suprema en contra de 33 agentes de la CNI por crímenes cometidos en 1987. Si bien valoró el fallo, señaló que a treinta años de ocurridos los hechos, es más lo que han vivido en la impunidad estos violadores de los DDHH que en prisión efectiva.
El ex jefe de la CNI fue condenado junto a otros 32 agentes por el secuestro calificado de seis ciudadanos chilenos ocurrido en el año 1987.
