Agrupaciones y profesionales participaron en alegatos en la Corte de Apelaciones con el fin de que la Justicia conozca la base de datos digital que contempla información de crímenes y torturas cometidas en dictadura. Advierten que el secreto de 50 años y la reserva indefinida impuestas al trabajo realizado por estas comisiones corresponde finalmente a una decisión política.
Dos militares en retiro y un ex efectivo de la PDI, vinculados a la desaparición de cinco militantes del FPMR en los últimos años de la dictadura, debían ser internados en el penal de Colina I, pero hasta ahora se desconoce su paradero.
Se trata de Arturo Sanhueza Ross y Roberto Rodríguez Manque y Juan Carlos Orellana Morales, ex agentes CNI que participaron en la detención de cinco militantes del FPMR en el año 1987.
Luego de visitar Santiago, Valparaíso Viña del Mar, Temuco y Antofagasta, Leilani Farha, relatora especial de la ONU declaró que la desigualdad de la sociedad chilena se refleja en el acceso a la vivienda, el cual perjudica a los sectores más pobres de la población.
La subsecretaria de Derechos Humanos se pronunció además sobre las peticiones de rebaja de penas por parte de los reos en Punta Peuco, y a la carta enviada por los reclusos donde piden que se elimine el Programa de Derechos Humanos que ahora depende de dicha repartición.
El abogado querellante en el caso del ex alcalde Cristián Labbé, Roberto Ávila, señaló que tanto la parlamentaria como el diputado UDI Gustavo Hasbún, han acusado montaje y abuso de la justicia, lo que va en contra del principio de división de poderes establecido por la Constitución.
Luego de la petición de perdón por parte del General Director de Carabineros, Bruno Villalobos, en relación al fraude cometido por algunos de sus funcionarios, organizaciones ciudadanas y de derechos humanos recordaron las reiteradas denuncias en contra de la institución uniformada, de las cuales no se hizo cargo en su alocución.
El jurista indicó que las nuevas diligencias tienen por objetivo conseguir una pena de cárcel efectiva para todos los militares en retiro involucrados en los asesinatos ocurridos en el regimiento de La Serena durante el paso de la llamada Caravana de la Muerte.
Este miércoles el ministro en visita que investiga los crímenes de la llamada Caravana de la Muerte, Mario Carroza, presentó la acusación en contra del ex comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre en su calidad de cómplice del asesinato de 15 personas al interior del Regimiento Arica de La Serena en octubre de 1973, por la comitiva liderada por Sergio Arellano Stark.
La resolución del máximo tribunal afirmó que la actuación de Carabineros “afectó derechos de diferentes personas, entre ellos varios niños, que no son parte de la respectiva investigación penal”.
Desde la Red Chilena contra la Violencia Hacia las Mujeres valoraron que se haga justicia con la brutal agresión recibida por Nabila Rifo. Sin embargo, afirmaron que el tratamiento mediático desplaza casos igual de violentos a la vez que fomenta el sensacionalismo de un juicio en particular.
La Asociación de Víctimas de Colonia Dignidad solicitó al ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, y a la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fríes, designar un abogado que represente sus intereses en Alemania donde se trasladaron varios excolonos condenados por crímenes a los derechos humanos.
Esto, mientras el Congreso de ese país está discutiendo propuestas sobre reparación a las víctimas de Colonia Dignidad. “Es un avance”, aseguraron desde la Asociación.
Uno de los condenados por la muerte del padre de Michelle Bachelet, fue declarado en estado de demencia, por lo que cumplirá la pena en su domicilio.
En 1973 el Coronel (r) aplicó torturas contra cuatro personas. Por este motivo, la Corte de Apelaciones de Temuco ordenó someter a proceso y detener al ex alcalde UDI.
Los representantes del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Financiera Internacional (CFI) visitaron por estos días nuestro país, para emitir un informe sobre el impacto del proyecto Alto Maipo. El documento será entregado a los organismos internacionales que operan como financistas.
