El Ministerio Público anunció la formalización de 18 personas en el marco de la investigación del caso SQM, entre quienes figuran gente del círculo cercano a Pablo Longueira -quien es investigado por cohecho-, como su ex jefa de gabinete, Carmen Luz “Titi” Valdivieso.
La Fiscalía Metropolitana Sur solicitó una audiencia para comunicar su decisión de no continuar con la investigación de la llamada colusión del papel, en la cual están involucradas las empresas CMPC y SCA, luego que no se le permitiera el acceso a los antecedentes de la investigación que sigue la Fiscalía Nacional Económica.
Trabajadores y agrupaciones de derechos humanos anunciaron el levantamiento de un monumento en memoria de Nelson Quichillao, trabajador del cobre asesinado el año pasado por un efectivo policial, durante una jornada de protesta en El Salvador. Desde la Confederación de Trabajadores del Cobre aseguraron que es una forma de rescatar la historia del movimiento sindical y solicitar justicia plena respecto del caso donde aún no se formaliza al responsable.
En el Octavo Juzgado de Garantía, la Fiscalía presentará una solicitud para formalizar a 18 personas en el marco del caso SQM. El fiscal nacional, Jorge Abbott, confirmó esta decisión a la salida de la cuneta pública del Consejo de Defensa del Estado.
Mientras un amplio número de académicos, expertos en derecho e incluso parlamentarios de la Nueva Mayoría se han opuesto a la Agenda Corta, el diputado de la DC defendió enfáticamente el proyecto de ley y realizó duras críticas a sus detractores.
En la resolución, el ministro Carroza encausó como autores del delito a los agentes Pedro Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Rolf Wenderoth Pozo.
En fallo unánime, la Quinta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Juan Manuel Muñoz Pardo, Miguel Vázquez y Javiera González–, rechazó el recurso de casación en la forma interpuesto por la defensa del sentenciado César Manríquez Bravo, en contra de la sentencia de primera instancia, dictada el 9 de marzo de 2015.
De esta forma el futuro de uno de los “pilares” de la administración de Michelle Bachelet se resolverá el próximo 25 de abril cuando los integrantes del Tribunal escuchen los alegatos de los actores que se inscriban para participar de la audiencia pública que revisará los requerimientos.
La decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago complica el futuro de las investigaciones judiciales sobre financiamiento ilícito de la política debido a que el argumento de la prescripción puede ser utilizado por las defensas de otros inculpados.
Gonzalo Molina aparece como representante legal de la Corporación de Asuntos Públicos, entidad ligada a la UDI y que prestó servicios a la minera no metálica los cuales no estarían acreditados para el Servicio de Impuestos Internos.
Marisa Navarrete ex jefa de la Oficina de Litigación penal del SII, sostuvo que el organismo fiscalizador además de errático, ha tenido un actuar “ilegal” en relación con la presentación de querellas por delitos tributarios nominativas, y que impiden a la Fiscalía investigar a otros involucrados en estos casos.
Agrupaciones de DD.HH. solicitaron a la Corte Suprema abrir la causa de Agustín Edwards, dueño de El Mercurio, por sus responsabilidades en la preparación del golpe militar de 1973. Mientras que el Colegio de Periodistas apoyó la petición asegurando que es necesario perseguir a los culpables de los delitos de lesa humanidad efectuados durante la dictadura.
La Comisión de Seguridad Ciudadana aprobó el control preventivo de identidad. La votación se realizó en medio de las críticas de diferentes sectores por considerar la medida como “un atentado contra la paz social”.
El abogado representante de la Fundación Ciudadano Inteligente, Pedro Orthusteguy, criticó la labor que ha tenido el servicio en la investigación de casos relacionados de corrupción y advierte que los procesos pueden terminar en la impunidad.
Los representantes legales de la minera no metálica, Patricio De Solminihac, Patricio Contesse y Ricardo Ramos fueron individualizados por el Servicio de Impuestos Internos en la presentación del libelo. Además, la acción legal presentada en el Octavo Juzgado de Garantía, involucra a Roberto León Araya, hijo del diputado de la DC Roberto León, y a Mariela Molina, asesora del senador del PS Fulvio Rossi.
