Agrupaciones de DD.HH. solicitaron a la Corte Suprema abrir la causa de Agustín Edwards, dueño de El Mercurio, por sus responsabilidades en la preparación del golpe militar de 1973. Mientras que el Colegio de Periodistas apoyó la petición asegurando que es necesario perseguir a los culpables de los delitos de lesa humanidad efectuados durante la dictadura.
La Comisión de Seguridad Ciudadana aprobó el control preventivo de identidad. La votación se realizó en medio de las críticas de diferentes sectores por considerar la medida como “un atentado contra la paz social”.
El abogado representante de la Fundación Ciudadano Inteligente, Pedro Orthusteguy, criticó la labor que ha tenido el servicio en la investigación de casos relacionados de corrupción y advierte que los procesos pueden terminar en la impunidad.
Los representantes legales de la minera no metálica, Patricio De Solminihac, Patricio Contesse y Ricardo Ramos fueron individualizados por el Servicio de Impuestos Internos en la presentación del libelo. Además, la acción legal presentada en el Octavo Juzgado de Garantía, involucra a Roberto León Araya, hijo del diputado de la DC Roberto León, y a Mariela Molina, asesora del senador del PS Fulvio Rossi.
El Tribunal de Alzada acogió la acción judicial presentada por el ex ministro de Salud, ordenando dejar sin efecto la resolución recurrida adoptada por el Tribunal Regional de Ética Profesional del Colegio Médico, que dio lugar a la expulsión de la gremial del doctor y ex ministro de Salud, Jaime Mañalich.
Son cinco propiedades de la región del Bío Bío las que aparecieron a nombre de la Fundación creada en dictadura por la viuda de Augusto Pinochet, Lucía Hiriart. Ya son diez las investigadas por venta de privados.
La Corte de Apelaciones dará a conocer el viernes el fallo por sobreseimiento de Carlos Ominami en el marco del Caso SQM. Esto después de que este lunes se realizaran los alegatos ante la Corte de Apelaciones por la solicitud de revocar el sobreseimiento del ex senador por delitos tributarios y donde nuevamente se abrió una brecha de desconfianza ante la forma en la que ha operado el Servicio de Impuestos Internos en este tipo de causas.
Luego de la serie de revelaciones conocidas durante los últimos días sobre el caso Caval, entre otras las declaraciones de uno de los abogados de la nuera de la Presidenta en las que, asegura, que los juristas que inicialmente defendían a Natalia Compagnon “fueron impuestos por La Moneda”, el diputado gremialista señaló que es “sumamente delicado” que funcionarios públicos coordinaran su defensa.
En fallo unánime, la Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la reapertura de la investigación en contra de Cema Chile por delitos de malversación de caudales públicos, luego de conocerse las diversas propiedades que la fundación de Lucía Hiriart posee, y que fueran donadas por el fisco durante la Dictadura.
En el marco de la investigación por el presunto cohecho en contra del ex senador de la UDI Pablo Longueira, el fiscal Pablo Gómez que dirige la investigación sobre el caso SQM, determinó realizar una serie de diligencias para determinar si el diputado de la DC Roberto León incurrió en esa mismo delito.
De esta forma los imputados en el caso deberán acogerse a lo dispuesto en el acuerdo con la Fiscalía y reparar económicamente a las familias de las víctimas por un monto cercano a los $235 millones de pesos. La resolución se adoptó pese al enérgico rechazo de las víctimas que exigían un juicio oral.
El fiscal a cargo de la investigación, Manuel Guerra, señaló que “vamos a formalizarlo tanto por hechos respecto de los cuales hay querella del SII, como también por hechos respecto de los cuales hasta el día de hoy no tenemos querella del Servicio”.
En el marco de la investigación por el delito de cohecho en la redacción de la Ley del Royalty Minero, el ex senador de la UDI, Pablo Longueira llegó a la Fiscalía Regional de Valparaíso a prestar declaración como imputado ante el fiscal Pablo Gómez. Asimismo se dio a conocer que SQM rectificará 75 millones de pesos pagados al ex secretario y su esposa por asesorías entre enero de 2014 y marzo de 2015.
El Ministerio Público reformalizó a los ex dueños de Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, por delitos tributarios relativos a la evasión de impuestos para la adquisición de 20 vehículos, que tuvieron uso personal. Además, se formalizó al abogado Ignacio Ternicier por emisión de boletas ideológicamente falsas solicitadas por el ex senador de la UDI, Jovino Novoa, para beneficiar campañas electorales de la UDI.
Sumarios por causas políticas, vulneraciones al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la Igualdad ante la ley, son algunas de las prácticas “propias de la Dictadura” que han sufrido estudiantes y dirigentes por alzar las banderas de la lucha estudiantil.
