La búsqueda del joven desaparecido en Alto Hospicio, después de ser detenido por Carabineros, ha reactivado el cuestionamiento al Estado de Chile por la manera de tratar las situaciones vinculadas a la desaparición de personas por parte de agentes del Estado.
El senador de la UDI, y querellante en el caso MOP-GATE, valoró el fallo de la Corte Suprema que condenó a 134 funcionarios públicos –entre ellos el ex ministro Carlos Cruz- luego de 13 años que duró el proceso. “Quienes desde un principio planteamos que aquí se estaba defraudando al fisco teníamos razón”, señaló el parlamentario.
Pocos días después de que el ex administrador de La Moneda, Cristian Riquelme dejara su puesto, se dio inicio a una indagatoria por eventual fraude al fisco y negociación incompatible. Una investigación que se encuentra desformalizada y bajo reserva.
Familiares de José Vergara, quien desapareció después de ser detenido por Carabineros, se reunieron con el Fiscal nacional, Jorge Abbott. En la oportunidad, el persecutor manifestó su colaboración para gestionar la posible dedicación exclusiva del organismo para la investigación de este caso.
El Octavo Juzgado de Garantía determinó entregar las medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal para el ex ministro de Minería, Laurence Golborne, quien calificó el proceso en su contra como “un juicio político”.
El exteniente Pedro Barrientos, que tiene nacionalidad estadounidense, fue hallado culpable de las torturas y el asesinato del cantautor, luego de un juicio desarrollado en Orlando, Estados Unidos.
A partir del análisis de las sentencias del Tribunal Constitucional, dos juristas llegaron a la conclusión que la reforma de 2005, que alteró la composición del organismo y que integró mayor cantidad de jueces académicos por sobre los de carrera, determinó también que las resoluciones del Tribunal tiendan a ser menos “deferentes” con el gobierno de turno.
Una extensa jornada de formalización se desarrolló en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, que determinó el arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para el ex senador de la UDI Pablo Longueira y la reformalización del ex gerente de SQM Patricio Contesse, en el marco del caso SQM. La Fiscalía detalló la “red de boleteros”, integrada por personas cercanas a Longueira, que operaron para constituir el delito de cohecho.
El Partido Por la Democracia ordenó la suspensión de la militancia del ex ministro Jorge Insunza, luego que la Fiscalía Oriente iniciara una investigación en su contra. En tanto, en la oposición llaman al Gobierno a asumir responsabilidades por su nombramiento como Ministro de Estado.
Proyectos de ley, reuniones, solicitudes a la Presidenta y entrevistas, son algunos de los mecanismos que han utilizado algunos senadores en su estrategia para conseguir beneficios para los militares condenados por violaciones a los derechos humanos, actualmente recluidos en Punta Peuco.
Desde el pasado jueves el desaforado senador Jaime Orpis cumple prisión preventiva por 75 eventuales delitos. La medida cautelar fue considerada competente para la parte querellante, quienes además esperan se replique en otros políticos vinculados al Caso Corpesca.
La Sala Penal elevó a 10 años y un día de presidio las penas que deberán cumplir, en calidad de autores de los secuestros de Modesto Espinoza Pozo y Roberto Aranda Romero, los agentes César Manríquez Bravo, Pedro Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff.
Polémica causó la decisión de la Corte Suprema de anular la sentencia en contra de un joven que fue sorprendido portando marihuana gracias a un control preventivo de identidad. Abogados penalistas sostienen que la decisión del máximo tribunal se ajustó a derecho y acusan a los parlamentarios de desinformar a la población.
“Hay abundante material de prueba” sobre esta situación, sostuvo el abogado del ex operador político de la UDI, Carlos Astorga. Sobe las declaraciones realizadas por la nuera de la Presidenta en las que dijo sentirse “perjudicada” en este proceso, señaló que lo que importan “son las defensas judiciales”.
El 34 Juzgado del Crimen de Santiago resolvió cerrar la investigación penal en el caso de la colusión del papel, fundado en el cambio en la legislación bajo el gobierno de Ricardo Lagos que determinó no sancionar penalmente este tipo de delitos.
