Los seis imputados en el caso Maremoto aceptaron las condiciones para suspender condicionalmente el proceso en su contra, luego del acuerdo alcanzado por la fiscalía y que rechazan los querellantes. Ahora la decisión queda en manos de la jueza del séptimo juzgado de garantía.
Querellantes del caso SQM afirman que la defensa como promotor de acuerdos del ex senador Pablo Longueira hace referencia a los motivos en general del Proyecto de Ley de Royalty Minero, no así a la norma que pasó inadvertida.
De acuerdo a lo emanado del ente persecutor, se trataría de una serie de correos electrónicos del ex gerente general de la minera no metálica, Patricio Contesse y que habían sido incautados por el Ministerio Público.
La acción penal apunta a la presentación de declaraciones de Impuesto a la Renta maliciosamente falsas o incompletas, al omitir ingresos por más de US$1,6 millones percibidos mediante una sociedad constituida en Islas Vírgenes.
Su “rechazo a cualquier límite al derecho de informar y ser informado” manifestaron desde el Ministerio Público, esto en relación con la polémica norma aprobada por el Senado que penaliza las filtraciones de antecedentes de causas judiciales en curso.
Asistencia internacional para acceder a nuevos antecedentes en el marco del caso SQM solicitó la Fiscalía para indagar pagos de la empresa a diversas personas vinculadas a partidos políticos. Entre los investigados hay cercanos a las campañas presidenciales de Eduardo Frei, Sebastián Piñera y la Presidenta Michelle Bachelet.
Esto, luego de que fueran formalizados once comuneros, quienes quedaron en prisión preventiva. Familiares y abogados aseguran que ante las presiones, la policía se vio obligada a presentar pruebas de baja calidad y declaraciones de testigos que se han retractado.
La medida cautelar pesa contra los once imputados por presuntas responsabilidades en la muerte del matrimonio Luchsinger- Mackay, en la región de la Araucanía. La medida respondió a una querella criminal interpuesta por el Gobierno.
En fallo unánime la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago elevó las penas que afectan a los oficiales en retiro Edgar Ceballos Jones y Ramón Cáceres Jorquera, a cuatro años de presidio efectivo, luego que el ministro Mario Carroza los condenara a dos años de presidio y 3 años y un día, respectivamente.
La sentencia compensa así a quienes fueran los propietarios originales de los cuestionados terrenos de Machalí, cuya venta dio origen a las primeras investigaciones que involucraron a los socios de la empresa Caval, Natalia Compagnon y Mauricio Valero. El síndico de quiebras también deberá pagar 415 millones al operador político de la UDI Juan Díaz.
Así lo plantean desde el Colegio de Periodistas y la Asociación Nacional de Fiscales, a propósito de la polémica norma que sanciona con cárcel a quienes filtren información de investigaciones judiciales. Ante la molestia de diversas organizaciones, la Cámara de Diputados se abre a modificar el texto.
Así lo determinó el juez Danilo Aravena del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, al acoger la petición de la defensa sobre la prescripción de los delitos tributarios por los que había sido formalizado el ex senador. Fiscalía anticipó que apelarán a la decisión del tribunal.
En el marco del Caso de Colusión del PapelTissue, la Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el acceso de la Fiscalía Metropolitana Sur a los datos reservados de la indagación. Ante esto, el diputado DC Gabriel Silber afirmó que se esfuma la posibilidad de perseguir penalmente a los responsables de este caso.
A través de una declaración pública, el propio ex ministro y ex senador confirmó y criticó el procedimiento judicial al que será sometido. “Esta es la demostración más palpable de que se trata de una extrema injusticia y falta de objetividad a la que por Ley está obligado el Ministerio Público”.
Uno de los precandidatos presidenciales de Renovación Nacional se refirió de esta manera a las declaraciones del fiscal nacional Jorge Abbott en las que aseguró que en el Ministerio Público “queremos acotar y darles pronto término a las investigaciones” sobre financiamiento irregular de campañas. Además, emplazó al SII a presentar las querellas correspondientes a personeros de la Nueva Mayoría involucrados en este tipo de casos.
