Claudia Fachinetti, presidenta subrogante de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana acusa situación deficitaria de la entidad. En tanto, las autoridades ministeriales no han revertido la situación, incluso han negado las audiencias solicitadas por los dirigentes.
Por fraude al fisco, que se estima en 5 mil millones de pesos, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló en contra de dos funcionarios de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), uno de ellos José Miguel Serrano, ex director del organismo, por adjudicar licitaciones de entrega de alimentos a empresas de su preferencia. El CDE pide penas de cárcel contra el ex funcionario.
Uno de los imputados en el caso Caval, el síndico Herman Chadwick acudió al Cuarto Juzgado Civil en el marco de una de las aristas de este caso, que tienen que ver con la actuación de Chadwick en la liquidación de los bienes de la familia Wiesner, dueña de los terrenos de Machalí cuya venta hizo detonar este proceso.
Luego del fallo, el síndico del plantel educacional presentó una apelación ante la Corte de Valparaíso. En las próximas semanas, el tribunal de segunda instancia deberá ratificar o revertir la decisión del Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar.
El perdón a los indígenas ha sido uno de los puntos altos en la visita del Sumo Pontífice a tierras aztecas; también la forma en que encaró a las máximas autoridades, exigiéndoles un mayor compromiso con su pueblo. Desde México esperan que en las horas que quedan de viaje, Francisco aborde la desaparición de los 43 detenidos en Ayotzinapa, así como la violencia contra la mujer, pese a no ser mencionada en Ecatapec, lugar que más vidas cobra a manos del femicidio.
El organismo fiscalizador indaga una factura por 43 millones de pesos entregada por el ex recaudador de campañas de la Concertación, Giorgio Martelli, presuntamente vinculada a la campaña presidencial de Eduardo Frei Ruiz-Tagle en 2009.
El abogado de la fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, criticó la apreciación vertida por el fiscal que investiga el caso SQM, Pablo Gómez, quien adelantó que los involucrados en el caso, no recibirían penas privativas de libertad: “Con esto se afecta la credibilidad y prestigio del Ministerio Publico”, señaló Daza.
Se trata de uno de los trece formalizados por las irregularidades que investiga el Ministerio Público por la compra de terrenos en la comuna de Machalí, quien si bien se encuentra con arresto domiciliario, contaba con el permiso necesario para participar de la diligencia por la arista civil del caso. Su decisión es vista como una medida dilatoria, a la espera del trabajo de su defensa.
En el Especial de Prensa de Radio Universidad de Chile, el ex frentista acusó de violación al debido proceso en su juicio por delito terrorista y muerte de Jaime Guzmán. Por eso, indicó que recurrirá a tribunales internacionales.
Los diputados argumentan que las irregularidades cometidas y reconocidas por Chadwick son suficientes para que se lo elimine del Registro de Quiebras, sin necesidad de esperar la sentencia de Luis Toledo, fiscal a cargo de la investigación por las irregularidades en la compra venta de los terrenos de Machalí.
La encuestas develan que los encuestados coinciden en que los empresarios tienen un trato especial cuando cometen un delito, en tanto, un 72 por ciento cree que un empresario nunca terminará en la cárcel aunque sea culpable.
Si bien los tribunales dejaron de recurrir a ella desde la detención de Augusto Pinochet en Londres, aún está vigente. Por ello, desde distintos sectores apuntan al Congreso y al Gobierno como los responsables de no concretar su nulidad, manteniendo una alternativa judicial para las Fuerzas Armadas.
Esto, por lo que califican como retrocesos y ocultamiento de información, ya sea por la reciente salida del fiscal Emiliano Arias del caso SQM, así como los acuerdos a los que están llegando los persecutores en beneficio de los imputados, como ocurrió recientemente en el caso Caval con el fiscal Luis Toledo.
La decisión de las Naciones Unidas declara que la situación de Julian Assange se parece a tortura mental y física, y que es arbitrariamente detenido en la embajada ecuatoriana en Londres. Assange se refugió allá en 2012.
México sigue siendo unos de los países más arriesgados para los periodistas, quienes están a la vanguardia en la lucha contra los narcotraficantes y los políticos locales. Una situación sistemática que trae consecuencias físicas, económicas y psicológicas.
