Así lo resolvió la Corte de Apelaciones de Santiago, en cuyo fallo unánime se rechaza el reclamo de ilegalidad interpuesto por el comandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, en contra de la decisión adoptada por el Consejo para la Transparencia.
El fiscal regional occidente, José Luis Pérez Calaf, anunció un acuerdo con los imputados en la investigación por la fallida alerta de tsunami del 27 de febrero, con lo cual no habrá juicio oral y los presuntos responsable deberán pagar 235 millones de pesos en total.
Un cambio considerado clave en la Ley de Royalty que se legisló en 2010, habría salido del computador de Patricio Contesse, ex gerente de SQM, y que beneficiaba directamente a la empresa. Pablo Longueira, entonces senador, fue quien presentó dicha modificación que finalmente se terminó aprobando.
Luego de que estallara el escándalo por la presunta estafa por parte de la empresa AC Inversions, se conoció una nueva investigación de similares características, esta vez, en la empresa IM Forex. Se estima que habría 1.500 personas afectadas por cerca de 100 millones de dólares en total.
A propósito de la propuesta del ex contralor Ramiro Mendoza sobre generar una suerte de “amnistía” a imputados involucrados en financiamiento irregular de campañas políticas, el diputado PPD Jorge Tarud respondió a las declaraciones como “absolutamente inaceptables”, las cuales no serán aceptadas por los parlamentarios ni por la ciudadanía.
Esto, según el abogado, por el hecho de que la institución castrense estuviese al tanto de irregularidades en el negocio de AC Inversions, sin haberlo comunicado a las entidades fiscalizadoras. Asimismo, criticó a quienes están a cargo de prevenir la ocurrencia de estos engaños por no cumplir con su labor adecuadamente.
La magistrada del Octavo Juzgado de Garantía Ely Rothfeld, decretó la prisión preventiva para la dueños de AC Inversions. Además, la jueza determinó un plazo de seis meses de investigación en este caso.
En conversación con Radio Universidad de Chile, la ex senadora se refirió a la causa que busca esclarecer la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva, a cargo del juez Alejandro Madrid. “No tengo odio, pero no creo en el olvido ni en el perdón. Creo en la Justicia”.
En tanto, desde el oficialismo afirmaron que colaborarán con la causa, pero advirtieron que el tema se está “usando” en un año de elecciones.
El militante del PPD declaró como imputado en la causa y el directorio de la entidad consideró que “se encuentra en una situación que objetivamente daña a este museo”. La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos valoró la decisión y recalcó que “no es bueno que existan dudas respecto a una institucionalidad como el museo”.
Los tres acusados de liderar la estafa a inversores a través de la empresa AC Inversions, Patricio Santos Hernández, Rodolfo Dubo y Camilo Cruz Hernández, quedaron en prisión preventiva luego que la Fiscalía Oriente interrogara a Santos en calidad de dueño del 90 por ciento de la compañía, y que se estima estafó a más de cinco mil personas.
En el marco del caso Penta, las investigaciones de la Fiscalía siguen su curso, con el ex ministro Laurence Golborne en la mira de las próximas formalizaciones. En ese contexto y en conversación exclusiva con Radio Universidad de Chile, Gajardo se refirió a algunos episodios de las mediáticas investigaciones.
El TPP en particular, fue negociado durante cinco años con cláusulas de confidencialidad. Los parlamentarios chilenos no tuvieron acceso a esas discusiones y, ahora que el texto ya está firmado, solo tienen dos alternativas: votar a favor o en contra. En concreto, este tratado tiene más implicancias en la soberanía que los diferendos con Perú y Bolivia en La Haya, y es más constituyente que cualquier proceso constituyente. Ahí es donde radica la gravedad del asunto.
La acción judicial fue presentada por la familia del adolescente que acusa haber sido “obligado a desnudarse” y realizar “sentadillas”, luego de su detención en el marco de una manifestación social.
La solicitud surge por la necesidad de esclarecer diligencias pendientes para incluir en la carpeta. Abogados querellantes y expertos en transparencia adelantan que de no sumar nuevos tiempos, sería un mal precedente que afectaría directamente a la credibilidad de la institución y de la justicia chilena.
