El hallazgo, publicado en la última edición de la revista Applied Catalysis B: Environmental, permitiría aprovechar el CO2 emitido a la atmósfera para producir metano y así ser utilizado como gas natural sintético. El potencial descontaminante que tendría el desarrollo de un dispositivo basado en esta información es enorme, afirman los investigadores, entre quienes destacan dos académicos de la Universidad de Chile.
Desde la ONG Greenpeace alertaron sobre el peligro que significa la fuga masiva de ejemplares con tratamiento antibiótico. Denunciaron, además, que la empresa noruega Marine Harvest no cuenta con normas de seguridad, ya que los propios pescadores artesanales están trabajando en la captura, con el fin de palear las graves consecuencias medioambientales sobre las aguas del Seno de Reloncaví.
Cuatro sindicatos de la mina de carbón más grande de Chile enviaron una carta al Servicio de Evaluación Ambiental para que las tronaduras sean aprobadas y así garantizar sus puestos de trabajo.
Con 142 votos, la Cámara de Diputados aprobó la moción parlamentaria para impedir la constitución de derechos de aprovechamiento de agua sobre glaciares. Organizaciones ambientales advierten que actores como el minero y el agro seguirán presionando para impedir que se legisle.
El gobierno inició el “Diálogo sobre la Ley Marco de Cambio Climático”. Luego de esta etapa de participación que se extenderá hasta diciembre, las autoridades se enfocarán en un objetivo: ingresar el proyecto al Congreso en un año más.
Luego que la ministra de Medio Ambiente retirara el proyecto de ley de glaciares del Congreso, queda la incógnita sobre cómo se abordará el resguardo de las reservas de agua sólida en nuestro país. La Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares planteó que la posición del gobierno frente a este tema pretende “resguardar la forma de desarrollo extractivista con la que se ha dañado a los glaciosistemas”.
Un grupo de buzos encontró la basura tras realizar una inmersión previa al trabajo de limpieza del fondo lacustre.
En el caso del Puyehue, Osorno, Copahue y Láscar, se decretó alerta amarilla, mientras que el Nevados de Chillán se mantiene en alerta naranja por pequeñas erupciones que se han detectado durante las últimas semanas.
La reforma al Servicio de Evaluación Ambiental está de la mano con la nueva Oficina de Proyectos Sustentables, creada por la administración de Piñera. Esto, porque si se bajan los tiempos y la rigurosidad de los sistemas de evaluación ambiental se podría viabilizar buena parte de las iniciativas que impactan irreversiblemente los territorios. Una estrategia que alienta al empresariado a invertir sin medir consecuencias.
Organismo desechó la arremetida de los industriales del plástico quienes se oponen a su desaparición y sustitución progresiva en el comercio.
¿Empresarios versus protección del medio ambiente? Desde el gremio aseguran que se debe regular el uso de todo el plástico y no solo el de las bolsas del comercio. Ambientalistas valoran la medida, pero afirman que es solo un primer paso.
La oficina de proyectos sustentables creada por la administración Piñera para viabilizar proyectos de inversión en conjunto con el ministerio de Bienes Nacionales pretenden ejecutar iniciativas energéticas por 21.459 millones de dólares.
Ante la creciente amenaza de proyectos de presas para hidroeléctricas y biocombustibles en Chile, el ambientalista integrante del “Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales”, James Blair, apostó por una estrategia de convencimiento a los inversionistas de opciones energéticas que permitan evitar problemas hídricos.
La Superintendencia de Servicios Sanitarios cursó una multa millonaria a la sanitaria que opera en la cuenca del Llanquihue por el uso injustificado de aliviaderos de aguas lluvias. Los alcaldes de Llanquihue y Puerto Varas anunciaron nuevas acciones en contra de la empresa de aguas.
Los escritos de “Téngase Presente” han sido el instrumento utilizado por los empresarios que acuden a este órgano para torcer así la aplicación de legislaciones aprobadas por el Congreso Nacional. Esta vez son los productores del plástico los que pretenden evitar la entrada en vigencia de una nueva normativa que perjudica sus intereses económicos.
