Amnistía Internacional Chile solicitó el cambio de fiscal en la causa que investiga el secuestro del lonko de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul. En tanto, la autoridad mapuche dijo que ninguno de los dos fiscales que ha tomado el caso ha tenido la voluntad de investigar el secuestro del cual fue víctima.
Según un Informe internacional, más de 200 activistas del medioambiente fueron asesinados durante 2016, mientras que este año ya se registran 98 muertes en los primeros cinco meses. América Latina es uno de los territorios más críticos, al concentrar el 60 por ciento de los casos, mientras que Chile registra varias causas por amenazas, secuestros y persecución.
Patricio Véjar, integrante del Comité de Iniciativa Nacional contra la tortura, aseveró que la institución carece de completa autonomía y no cumple con estándares internacionales. Subsecretaria de Derechos Humanos rechazó las críticas a la prenormativa impulsada por el Gobierno.
La familia de la comunera mapuche que dio luz engrillada el año pasado, se encuentra a la espera de la resolución de un recurso interpuesto ante la Corte Suprema para evitar este traslado. El fallo podría ser comunicado durante esta semana.
La ONG califica de vergonzosa la investigación que busca determinar a los responsables del asesinato de la líder indígena que murió el 2 de marzo pasado. La directora para América dice que “el mensaje es claro: si tu labor de derechos humanos molesta a los que tienen el poder, te matarán”.
Uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros y el recrudecimiento de la violencia en La Araucanía, son parte de los aspectos abordados por el Informe Anual de la ONG. Según el texto, 2016 fue uno de los años más dramáticos en términos de vulneración a los derechos fundamentales: 85 homicidios en Colombia y 58 en Brasil son algunas cifras.
La organización que defiende los derechos humanos creó una herramienta de denuncia para los activistas que han sido abusados por defender su territorio. De esta forma, se visibilizará la gran cantidad de vejámenes que viven personas que han visto vulnerados sus derechos fundamentales.
A cinco años de la muerte de Manuel Gutiérrez, las agrupaciones señalaron que el Estado debe hacerse cargo de las demandas relacionadas con los Derechos Humanos.
La actuación de Carabineros se encuentra regulada en una serie de protocolos que se hicieron públicos sólo hace dos años. El contenido de las disposiciones, su conformidad con los derechos humanos y sobre todo su efectiva aplicación, enfrentan severos cuestionamientos.
La denominada crisis de los refugiados sitúa a Europa ante serios dilemas, entre otros si debe y puede cumplir con los acuerdos internacionales que sus miembros han firmado, y que la UE encarna en sus principios y compromiso con los Derechos Humanos. El acuerdo con Turquía firmado en abril pasado indica que la Unión está dispuesta a pagar y negociar para tratar de disminuir el número de refugiados. Ese acuerdo se puede volver un complicado precedente.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Ana Piquer, recuerda que denuncias de tortura contra Carabineros, como la del presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, han aumentado en un 300 por ciento en la última década, por lo que no se trataría de un caso aislado.
Como “una deuda del Estado chileno” calificaron diferentes organizaciones el envío del protocolo facultativo de la Convención Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mecanismo que establece las herramientas para garantizar a nivel internacional derechos tan relevantes como la salud y la educación.
Las inquietudes radican principalmente respecto de los derechos sociales y colectivos, considerando que en marzo se adoptarán una serie de definiciones para configurar el proceso de participación ciudadana. La autodeterminación de los pueblos aparece como una de las exigencias prioritarias.
En su Informe Anual la organización puso una señal de alerta sobre las trabas para superar la impunidad, la violencia policial, el uso excesivo de la fuerza hacia la población indígena, entre otros temas, afirmando que “aún falta mucho trabajo en materia de derechos humanos en nuestro país”. En el capítulo internacional, se sancionó la creciente violación de los DD.HH. en varios países del mundo.
En la tercera conmemoración de la muerte del joven Manuel Gutiérrez, Amnistía Internacional Chile, exige reformar la ley sobre justicia militar para para asegurar que violaciones de derechos humamos sean vistas en tribunales ordinarios.
Con el inicio de la campaña “Presidenta Michelle Bachelet, que todos los Derechos Humanos no queden en el papel”, la organización pretende avanzar en distintas materias a nivel nacional. Entre las prioridades aparecen la derogación de la ley de Amnistía, el avance en derechos sexuales y reproductivos, así como el establecimiento global del principio de no discriminación y el respeto a la diversidad.
Hace cincuenta años, Brasil vivió un golpe militar que desencadenaría una dictadura de más de dos décadas, en la que se experimentarían los mecanismos de intervención y represión posteriormente aplicados en el resto de América Latina. La simbólica fecha coincide con una sociedad brasileña dividida, adormecida y avergonzada, ante los tímidos avances judiciales en la región que denotan aun más la impunidad en la que han permanecido sus crímenes durante medio siglo.
