La organización que defiende los derechos humanos creó una herramienta de denuncia para los activistas que han sido abusados por defender su territorio. De esta forma, se visibilizará la gran cantidad de vejámenes que viven personas que han visto vulnerados sus derechos fundamentales.
A cinco años de la muerte de Manuel Gutiérrez, las agrupaciones señalaron que el Estado debe hacerse cargo de las demandas relacionadas con los Derechos Humanos.
La actuación de Carabineros se encuentra regulada en una serie de protocolos que se hicieron públicos sólo hace dos años. El contenido de las disposiciones, su conformidad con los derechos humanos y sobre todo su efectiva aplicación, enfrentan severos cuestionamientos.
La denominada crisis de los refugiados sitúa a Europa ante serios dilemas, entre otros si debe y puede cumplir con los acuerdos internacionales que sus miembros han firmado, y que la UE encarna en sus principios y compromiso con los Derechos Humanos. El acuerdo con Turquía firmado en abril pasado indica que la Unión está dispuesta a pagar y negociar para tratar de disminuir el número de refugiados. Ese acuerdo se puede volver un complicado precedente.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Ana Piquer, recuerda que denuncias de tortura contra Carabineros, como la del presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, han aumentado en un 300 por ciento en la última década, por lo que no se trataría de un caso aislado.
Como “una deuda del Estado chileno” calificaron diferentes organizaciones el envío del protocolo facultativo de la Convención Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mecanismo que establece las herramientas para garantizar a nivel internacional derechos tan relevantes como la salud y la educación.
Las inquietudes radican principalmente respecto de los derechos sociales y colectivos, considerando que en marzo se adoptarán una serie de definiciones para configurar el proceso de participación ciudadana. La autodeterminación de los pueblos aparece como una de las exigencias prioritarias.
En su Informe Anual la organización puso una señal de alerta sobre las trabas para superar la impunidad, la violencia policial, el uso excesivo de la fuerza hacia la población indígena, entre otros temas, afirmando que “aún falta mucho trabajo en materia de derechos humanos en nuestro país”. En el capítulo internacional, se sancionó la creciente violación de los DD.HH. en varios países del mundo.
En la tercera conmemoración de la muerte del joven Manuel Gutiérrez, Amnistía Internacional Chile, exige reformar la ley sobre justicia militar para para asegurar que violaciones de derechos humamos sean vistas en tribunales ordinarios.
Con el inicio de la campaña “Presidenta Michelle Bachelet, que todos los Derechos Humanos no queden en el papel”, la organización pretende avanzar en distintas materias a nivel nacional. Entre las prioridades aparecen la derogación de la ley de Amnistía, el avance en derechos sexuales y reproductivos, así como el establecimiento global del principio de no discriminación y el respeto a la diversidad.
Hace cincuenta años, Brasil vivió un golpe militar que desencadenaría una dictadura de más de dos décadas, en la que se experimentarían los mecanismos de intervención y represión posteriormente aplicados en el resto de América Latina. La simbólica fecha coincide con una sociedad brasileña dividida, adormecida y avergonzada, ante los tímidos avances judiciales en la región que denotan aun más la impunidad en la que han permanecido sus crímenes durante medio siglo.
Este jueves se cumplieron dos años de la muerte del joven Daniel Zamudio, caso emblemático que aceleró el trámite de la llamada “Ley Antidiscriminación”. A más de un año y medio de promulgado el cuerpo legal, organizaciones evalúan su funcionamiento.
Aprobar el acuerdo de vida en pareja y despachar el veto a la ley de televisión digital son parte de los objetivos que fijó el Gobierno para la última semana legislativa. Según indicaron los expertos, la premura por aprobar estas leyes podría perjudicar a los actores involucrados.
A fines de enero Chile se somete al Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la evaluación de las organizaciones ciudadanas es que si bien el Gobierno puede mostrar algunos cumplimientos parciales en las recomendaciones que le realizó el mismo organismo el 2009, no existe ninguna materia ciento por ciento resuelta.
El Senado debe revisar desde este lunes el proyecto legislativo que busca fortalecer el orden público, mediáticamente conocido como “Ley Hinzpeter”, con el cual se busca sancionar delitos contra carabineros y la propiedad realizados durante marchas y manifestaciones sociales. El proyecto que se tramita desde octubre de 2011 registra innumerables avances y retrocesos en ambas salas del Congreso, de modo que su futuro sigue siendo incierto.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado aprobó en general la llamada “Ley Antiencapuchados” o “Ley Hinzpeter”, iniciativa que sanciona los delitos “que afectan el orden público”. Ante el trámite parlamentarios que aún queda por resolver, agrupaciones insisten en el rechazo ciudadano que genera el proyecto.
Además, se pide que se adopten medidas para garantizar justicia, verdad y reparación a las víctimas, muchas de las cuales aún siguen desaparecidas cuatro décadas después del golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende.
