La disposición transitoria impulsada por Roberto Celedón, aún en trámite, permitiría acceder a los antecedentes proporcionados por las víctimas de la dictadura, aunque algunos señalaron que aquello debiese ser más bien materia de ley.
El senador de Revolución Democrática se refirió a la suma urgencia que el Gobierno decretó para el proyecto de amnistía a los detenidos en el contexto del estallido social y no descarta que a futuro se avance en indultos presidenciales individuales.
El proyecto que fue remitido a sala considera objeto de amnistía a los hechos ocurridos desde el 7 de octubre del 2019 hasta el 9 de diciembre del 2020 y mandata al Ministerio Público a cerrar las investigaciones de los casos que no son objetos del beneficio.
Esto luego que la comisión de Constitución termine de votar las indicaciones a la iniciativa. Mientras, desde Chile Vamos proponen un gran acuerdo para entregar una amnistía que incluya a uniformados procesados por delitos cometidos durante las masivas movilizaciones.
La indicación sustitutiva presentada por el senador Huenchumilla y declarada admisible en la Comisión de Constitución del Senado se encuentra bajo el cuestionamiento de organizaciones como las Madres de la Plaza Colón de Antofagasta. Adicionalmente, se ha señalado que el mecanismo jurídico aún necesitaría votos de la derecha para su aprobación.
Con satisfacción recibieron los familiares de los detenidos la noticia del avance a la Sala del Senado del proyecto de indulto general a quienes se encuentran privados de libertad por hechos ocurridos en el contexto del estallido social. Desde el Gobierno, el subsecretario Galli criticó duramente a los senadores y los interpeló para dar explicaciones a la ciudadanía.
La comisión de Constitución evaluará durante esta jornada la iniciativa que busca dejar en libertad a los detenidos durante las movilizaciones sociales iniciadas en octubre de 2019. La convencional Manuela Royo indicó que la aprobación ayudaría a restituir la justicia social en el país.
El presidente de la comisión de Constitución comentó las dificultades que implica el análisis de la iniciativa y criticó duramente la labor del Ministerio Público en materia investigativa. «Estoy absolutamente convencido que es necesaria una puesta a punto del sistema de persecución penal en su conjunto y eso implica una reforma estructural a cómo está funcionando hoy el Ministerio Público», indicó.
Jorge Abbott también valoró el anuncio presidencial de creación de una Fiscalía Especializada para la investigación de delitos contra los Derechos Humanos pues, según señaló, ello permitiría avanzar en esclarecer si en Chile existe una política sistemática de vulneración de los Derechos Humanos.
Según los datos más recientes de la organización Global Witness, en 2019 hubo más de 200 asesinatos de defensores de derechos ambientales. De ese número, dos tercios de las muertes ocurrieron en América Latina.
En conversación con nuestro medio, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile manifestó la preocupación del organismo por la situación en el país. «Necesitamos una nueva policía que responda a las necesidades de una democracia que quiera ser respetuosa de los derechos humanos», advirtió Piquer.
Más de 400 activistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil firmaron una carta exhortando a los Estados a garantizar que los planes de vacunación contra el COVID-19 no discriminen a ninguna persona por ningún motivo, en particular a razón de su nacionalidad o estatus migratorio.
• El espacio internacional mostró su preocupación por la situación de las personas privadas de libertad por eventuales delitos cometidos en el contexto de las movilizaciones tras el 18 de octubre de 2019, e instó al Estado chileno a respaldar la medida propuesta argumentando que “ayudaría a cerrar heridas frente la construcción de un nuevo pacto social que traerá el proceso constituyente”.
Desde el frontis del Palacio de Tribunales, decenas de familias hicieron un llamado a las autoridades para que se dé curso a una ley que absuelva y deje en libertad a quienes hoy son sindicados por el Gobierno y el Ministerio Público como autores de desórdenes en el contexto del estallido social.
En total son tres las iniciativas parlamentarias que proponen libertar principalmente a quienes se encuentran con prisión preventiva por actos de violencia perpetrados en el estallido social. “El que no está con las leyes y sus libertades, está en contra de Chile”, aseguró al respecto el parlamentario de RN, Gonzalo Fuenzalida.
Hoy vencía el plazo que puso el ministro del Interior al general director de Carabineros para entregar el documento con propuestas que solicitó el Gobierno luego de la brutal evidencia que denunció el informe de la ONG Human Rights Watch. Mientras, la instancia interministerial sesionó este martes con el foco puesto en las fuerzas de Orden y Seguridad.
Desde el exterior, Chile se verá como “un jugador que no es estable” lamentó el subdirector y coordinador de Relaciones Internacionales del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile, Felipe Agüero. Mientras, organizaciones ecologistas junto a parlamentarios rechazaron tajantemente el camino tomado por el Ejecutivo.
