A propósito de la propuesta del ex contralor Ramiro Mendoza sobre generar una suerte de “amnistía” a imputados involucrados en financiamiento irregular de campañas políticas, el diputado PPD Jorge Tarud respondió a las declaraciones como “absolutamente inaceptables”, las cuales no serán aceptadas por los parlamentarios ni por la ciudadanía.
El militante del PPD declaró como imputado en la causa y el directorio de la entidad consideró que “se encuentra en una situación que objetivamente daña a este museo”. La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos valoró la decisión y recalcó que “no es bueno que existan dudas respecto a una institucionalidad como el museo”.
La solicitud surge por la necesidad de esclarecer diligencias pendientes para incluir en la carpeta. Abogados querellantes y expertos en transparencia adelantan que de no sumar nuevos tiempos, sería un mal precedente que afectaría directamente a la credibilidad de la institución y de la justicia chilena.
El abogado de la fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, criticó la apreciación vertida por el fiscal que investiga el caso SQM, Pablo Gómez, quien adelantó que los involucrados en el caso, no recibirían penas privativas de libertad: “Con esto se afecta la credibilidad y prestigio del Ministerio Publico”, señaló Daza.
Esto, por lo que califican como retrocesos y ocultamiento de información, ya sea por la reciente salida del fiscal Emiliano Arias del caso SQM, así como los acuerdos a los que están llegando los persecutores en beneficio de los imputados, como ocurrió recientemente en el caso Caval con el fiscal Luis Toledo.
El ex operador político de la Concertación, en su quinta declaración en Fiscalía, reconoció haber realizado un préstamo por 32,5 millones de pesos a Cristián Riquelme, administrador de La Moneda y ex encargado financiero de la campaña de la Presidenta Michelle Bachelet, y quien ha sido fuertemente cuestionado por su rol en el llamado caso Caval.
Marco Enríquez Ominami aseguró que solicitó a la Fiscalía que la declaración que prestó durante esta mañana, luego de meses de retraso sea pública, agregando que entregó “importantes” documentos. Además, emplazó al ex presidente Sebastián Piñera por su participación en los casos de financiamiento ilícito de la política. El ex candidato presidencial protagonizó una calculada jornada de interrogación, marcada por sus decenas de simpatizantes.
Mauricio Daza denuncia lo que considera “una situación política impresentable”, que busca trabar las investigaciones de Fiscalía, particularmente respecto del financiamiento irregular de campañas con recursos provenientes de la empresa del ex yerno de Augusto Pinochet.
En tanto, desde la UDI señalaron que no ha existido igualdad de trato en las investigaciones. Esto porque según el senador Hernán Larraín se ha investigado a unos y otros no.
“La máquina para defraudar” aborda los polémicos casos Soquimich y Penta, desde un punto de vista que busca situar históricamente la discusión y aportar contexto al debate social.
Los escándalos de corrupción, delitos tributarios y de colusión que se han conocido este 2015 plantea la interrogante respecto de la robustez de nuestra institucionalidad para poder dar frente a este tipo de ilícitos. Analistas sostienen que nuestra frágil legislación es la responsable de los escándalos que se han destapado durante este año.
La sombra del proceso que enfrenta Jovino Novoa complica al gremialismo. Luego de la declaración enviada por la instancia, el presidente del partido señaló que se debe analizar “caso a caso” y no tener “criterios anticipatorios” en relación a los casos de financiamiento irregular a la política.
Mientras el parlamentario de la UDI está cerca de ser desaforado, a lo que se suma una querella en su contra presentada por el Consejo de Defensa del Estado, el senador socialista, que mantiene su militancia congelada, sigue siendo investigado por su participación en los casos SQM y Corpesca.
Inmediatas críticas surgieron tras la ratificación de Jorge Abbott, principalmente por confirmar que la Fiscalía no investigará delitos tributarios sin una querella del Servicio de Impuestos Internos. Otra de las dudas, es quién quedará a cargo de las indagatorias en este caso.
El ex candidato presidencial por el Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami fue citado a declarar en calidad de imputado por el Ministerio Público, por presuntos delitos tributarios relacionados con el financiamiento irregular de campañas políticas en el marco del caso SQM.
Gran parte de la clase política y empresarial del país ha identificado al Ministerio Público como su principal enemigo. Y tienen razón. Después de todo, las investigaciones, citaciones y formalizaciones tienen al establishment chileno de cabeza. La Fiscalía ha destapado la olla dentro de la que había una cazuela rancia e incomible. Ahora se trata de volver a poner la tapa.
Como parte de la investigación que encabeza el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, en contra del senador socialista, el Ministerio Público busca acceder a la información de los registros del Servicio Electoral respecto de los 32 nombres que aparecen en la lista proporcionada por Rossi a SQM, como parte de su solicitud de aportes para campañas municipales de 2012.
