A través de un escrito, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene que el Gobierno tiene un plazo de tres meses para entregar antecedentes a raíz de una denuncia del ex director de la revista Punto Final quien acusó al Estado chileno de discriminación al momento de otorgar publicidad a los medios de comunicación, privilegiando a la cadena de El Mercurio y Copesa.
Una nueva acción legal, esta vez de carácter internacional, es la que tomaron las y los familiares del joven desaparecido en la comuna de Alto Hospicio tras ser detenido por cuatro ex carabineros en septiembre del 2015. La justicia sólo sancionó a los involucrados por secuestro, en un juicio que tuvo que ser repetido luego de su anulación ordenada por la Corte Suprema.
Este miércoles se llevó a cabo, en Jamaica, la audiencia pública “Situación de las personas migrantes en Chile”, solicitada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por diversas organizaciones migrantes e instancias académicas chilenas, con el objetivo de exponer a los comisionados sus inquietudes frente a las expulsiones de migrantes en nuestro país.
Para este próximo miércoles 8 de mayo en Jamaica está agendada la próxima audiencia pública del organismo internacional, instancia en la que participarán representantes de una decena de organizaciones de la sociedad civil y de la academia que han solicitado se revise la situación de las personas migrantes en Chile.
El tribunal internacional había ordenado a Chile anular las sentencias por violar el principio de legalidad, el derecho a la presunción de inocencia, el principio de igualdad y no discriminación; y el derecho a la igual protección de la ley en beneficio de las víctimas.
La directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile comentó la carta que el Gobierno envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitándole respetar el “margen de autonomía” de los países. La académica calificó la misiva de impresentable. Además, dijo que es contradictorio que el Ejecutivo cuestione estos organismos, ya que cuando quiere reclamar contra otros países, es el primero en defenderlos.
La ministra de Relaciones Exteriores (S), Carolina Valdivia, explicó en la Cámara de Diputados que la intención del texto que enviaron junto a Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “es abrir un debate necesario con miras a fortalecer un diálogo colaborativo y constructivo con los órganos del propio sistema”.
En los próximos días, la Corte Suprema revisará el mecanismo para revocar la sentencia que condenó a comuneros mapuches bajo esa normativa. Pese a las recomendaciones y dictámenes de organismos internacionales, el Gobierno insistirá en reformar la ley utilizada principalmente contra comunidades mapuche.
Luego de 15 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció la responsabilidad de la justicia chilena al negar el acceso judicial a las víctimas de la dictadura mediante la figura de la prescripción. Para el abogado Nelson Caucoto, quien presentó la denuncia ante la Corte, se trata de un fallo histórico que marca un precedente no sólo en nuestro país, sino que en el resto de la región.
A horas de darse a conocer el reglamento presidencial que contiene lineamientos generales sobre el uso de la fuerza por parte de Carabineros, este fue considerado insuficiente durante una reunión realizada, este martes, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A partir de la reciente decisión del Ejecutivo, que desconoció acuerdos alcanzados en materia de derechos humanos sobre matrimonio igualitario ante instancias internacionales, expertos en derecho constitucional y afines al tema criticaron la determinación de la actual administración.
Para la mañana de este martes en Colorado, Estados Unidos, está programada la cita en la que el Gobierno Chileno dará cuenta de sus avances en matrimonio igualitario y Ley de Identidad de Género en el contexto de una Acuerdo de Solución Amistosa entre ambas partes.
Radio Universidad de Chile tuvo acceso a dos protocolos que buscarían normar el mantenimiento del orden público y el uso de la fuerza por parte de Carabineros. Uno de ellos responde a un compromiso del Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de Alex Lemún y el segundo se refiere a detenciones a personas transgénero. Ambos decretos se encuentran sin avance.
La organización señaló que los beneficios deben otorgarse según un análisis previo. De lo contrario, sostienen que se estaría favoreciendo la impunidad.
La acusación surgió a raíz del caso de Vinicio Antonio Poblete, de 76 años, quien falleció a la espera de atención médica en el Hospital Sótero del Río en febrero de 2011.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos entregó un informe demoledor para el gobierno de Daniel Ortega: en un mes de protestas, se han registrado 76 muertes, 868 heridos, centenares de detenciones arbitrarias, torturas, censura y ataques contra la prensa. El organismo internacional urgió al Estado a cesar la represión y a desmantelar los grupos parapoliciales.
A través de un fallo, el tribunal indicó que los Estados que forman parte de la organización deben reconocer los derechos de las parejas del mismo sexo.
